Descentralizando la negociación se puede crear 1.3 millones de empleos - IDESA


Informe Nº: 78425/11/2018

Descentralizando la negociación se puede crear 1.3 millones de empleos

El empleo asalariado privado registrado llegó a un pico histórico en marzo del 2018 de 6,32 millones de personas. Pero a partir de abril, cuando se desata la crisis, la caída en la producción está impactando negativamente sobre el empleo. Entre marzo y agosto del 2018 (último disponible), se destruyeron aproximadamente 100 mil puestos de trabajo asalariados registrados en el sector privado.

Esta tendencia seguramente se profundizó en los últimos meses debido al daño que sobre la actividad productiva están produciendo las muy altas tasas de interés, el encarecimiento de los insumos ocasionado por la devaluación y las correcciones en las tarifas de servicios públicos. La crisis aumenta la necesidad de otorgar a las empresas herramientas de diálogo con sus trabajadores para que puedan mitigar los efectos más negativos de la recesión.

Una experiencia que presenta analogías con la actual caída del empleo formal en Argentina es la de España con posterioridad a la crisis del 2008. Según datos del Ministerio de Trabajo de aquel país, el empleo asalariado registrado en España tuvo desde la crisis del 2008 a la actualidad el siguiente comportamiento:

  • En el 2008 el empleo asalariado registrado era de 14,5 millones de trabajadores.
  • En el 2013 había caído a 12 millones de trabajadores, o sea, una destrucción de 2,5 millones de puestos de trabajo registrados.
  • En el 2018 el empleo asalariado registrado volvió a ser de 14,5 millones de asalariados registrados.

Estos datos muestran que la crisis laboral derivada de la crisis financiera del 2008 en España se extendió durante 5 años, ocasionando una severa pérdida de empleos registrados. Pero en los 5 años siguientes se observa una abrupta reversión pasando a recuperar todos los empleos asalariados formales perdidos en los 5 años anteriores. El quiebre de tendencia a partir del 2013 resulta muy impactante

En el proceso de recuperación actuaron muchos factores. Pero uno particularmente importante fue que en el 2012 se estableció la posibilidad de que los empleadores en acuerdo con sus trabajadores se pueden “desenganchar” de los convenios colectivos sectoriales. Esta solución fue sugerida y emulada del modelo de negociación colectiva alemán, donde existe lo que en ese país se conoce como cláusula de “apertura” a partir de la cual las empresas –fundamentalmente las pymes– se pueden separar de los convenios colectivos sectoriales con acuerdo de los trabajadores. El mecanismo permite a las empresas adaptar las escalas salariales y demás condiciones de organización del trabajo al contexto imperante. En España, el haber habilitado este mecanismo no generó un masivo “desenganche” de empresas de los convenios sectoriales, sino mayores incentivos a que cámaras empresarias y sindicatos reaccionaran y adaptaran los convenios sectoriales a la nueva realidad. Esta mejor adaptación de las regulaciones laborales motorizó un fuerte aumento del empleo formal sin caída del salario real.

Si Argentina pudiera encaminar un proceso similar al de España, en 5 años podría crear 1,3 millones de empleos asalariados registrados sin caída del salario real. Para ello, no es necesario un cambio legislativo. La actual Ley Pyme sancionada en 1995 establece que será requisito para la homologación que los convenios colectivos tengan un capítulo específico para pymes y que durante el plazo de su vigencia no podrán ser afectados por convenios de ámbito superior. Esto implica que para implementar esta sana y democrática política de diálogo social entre empleadores y trabajadores a nivel de pymes sólo hace falta voluntad política para cumplir con la normativa vigente.

Los convenios colectivos sectoriales en Argentina son escleróticos. Datan de las décadas de los ’70s y’80s y, amparados por la ultra-actividad, seguirán vigentes más allá de que sus cláusulas resulten cada vez más arcaicas. Habilitar a las pymes para que se aparten de este perverso esquema regulatorio es la forma de revertir la destrucción de empleos que genera la crisis y aprovechar mejor la futura recuperación.

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