Jubilaciones de privilegio, en el foco del acuerdo con el FMI

En el sistema previsional nacional de la Argentina, junto con el régimen general de jubilación, conviven 7 regímenes especiales. Se califica como regímenes de especiales a aquellos que se rigen por reglas más beneficiosas que las previstas en el régimen general y que no se legitiman por un mayor desgaste laboral o por un mayor esfuerzo contributivo. Por ello, también se les conoce como regímenes de privilegio. Estos regímenes, no se autofinancian, dado que los ingresos por aportes y contribuciones no son suficiente para pagar estos beneficios diferenciados. Así es como terminan afectando a la equidad, la eficiencia y la sustentabilidad de la previsión social. Los mismos se encuentran bajo la lupa en la evaluación de reformas para ajustar el gasto público que lleva adelante el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Aproximadamente 225 mil personas reciben una jubilación o pensión de estos 7 regímenes de privilegio. De estos regímenes, el gobierno nacional propone reformar a 2 que son los que a los miembros retirados de la justicia y a los del servicio exterior de la Nación. Este es el grupo más minoritario ya que alcanzan a apenas 8 mil retirados los cuales representan el 3% de los beneficiados con un régimen de privilegio, aunque son los que cuentan con los mayores haberes que rondan un 90% superior al promedio del régimen general.

Los regímenes de los jueces y del servicio exterior sirven para observar el desfinanciamiento de los regímenes de privilegio. 

• Un juez jubilado tiene un haber promedio de $519 mil de los cuales $338 mil se financian con aportes salariales de los activos y $181 mil con subsidio del Estado.
• Un funcionario de Cancillería tiene un haber promedio de $563 mil de los cuales $304 mil se financia con aportes de los activos y $259 mil con subsidio del Estado.

Estos datos muestran que entre un tercio y la mitad de los haberes que cobran los magistrados y funcionarios de Cancillería jubilados se financian con subsidios del Estado. Es decir, los aportes de los activos no alcanzan para cubrir el costo que genera jubilarse con haberes muchos más altos que el régimen general. Los jubilados jueces y funcionarios de Cancillería reciben todos los meses subsidios del Estado por aproximadamente entre 12 y 16 veces más de lo que recibe un hogar pobre. 

El gobierno planea focalizarse en estos dos regímenes especiales, analizando opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo del sistema previsional. 

Sin embargo, para darle equidad y sustentabilidad al sistema previsional se necesita un abordaje integral que tienda a la unificación, donde la mayoría de los afiliados encuadren en el régimen general. Las excepciones para compensar envejecimiento prematuro deberían estar científicamente justificadas. Por último, si algún colectivo de trabajadores aspira a tener jubilaciones más altas que las del régimen general debería administrar una caja complementaria de manera independiente, que sea actuarialmente consistente y no necesite de la asistencia de la Nación.