20/11/2011 -
Número 416

Subsidios a empresas públicas superan asignación por hijo

La decisión del Gobierno de desarticular los subsidios de varios servicios públicos junto con el establecimiento de un mecanismo de diferenciación tarifaria según los niveles de ingresos de las familias va en el sentido correcto. Pero para dar equidad y legitimidad al esfuerzo que implica este ajuste, es imprescindible avanzar en la inmediata eliminación de los subsidios a empresas públicas que no cumplen ningún rol estratégico. Por ejemplo, eliminando los subsidios a tres de estas empresas públicas se podría más que duplicar la Asignación Universal por Hijo.

El Gobierno nacional anunció la decisión de comenzar a reducir los subsidios a empresas. Los subsidios se montaron en el 2002 con el objetivo de amenguar el proceso inflacionario desatado por la megadevaluación. Luego de casi una década, su demanda de recursos fiscales es desenfrenada. En paralelo, tienen asociados incentivos muy perversos ya que usar fondos públicos para compensar precios fijados a niveles que no cubren los costos exacerba el consumo, desalienta la producción de ese servicio, favorece la corrupción, induce a ineficiencias y hace regresiva la distribución personal y geográfica del ingreso.

En el año 2011 se proyecta gastar unos $76 mil millones en subsidios, aproximadamente un 60% más que el año pasado. Implican alrededor de 4% del PBI. Es decir, una cantidad mayor a lo que los tres niveles de gobierno (Nación, provincias y municipio) asignan al sistema de hospitales públicos (3% del PBI) o similar a lo que los tres niveles de gobierno asignan a educación primaria y secundaria en todo el país (4% del PBI).

La pertinencia de desarticular los subsidios es incuestionable. Pero es fundamental que se aplique en un marco de correspondencia con el esfuerzo que las familias tendrán que afrontar. En este sentido, hay empresas públicas que no cumplen ningún rol estratégico y reciben cuantiosos subsidios. Por ejemplo, los datos de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) señalan que entre lo que va de enero a setiembre del año 2011:

Yacimiento Carboníferos de Río Turbio recibió $570 millones.
Aerolíneas Argentinas recibió $1.950 millones.
ENARSA, la petrolera estatal, recibió $7.100 millones.

Sólo en estas tres empresas se consumieron cerca de $10 mil millones en los primeros 9 meses del año y se proyecta que consumirán cerca de $15 mil millones en el año. Este valor es equivalente a una vez y media el costo de la Asignación Universal por Hijo. Eliminando los subsidios a estas tres empresas, el Gobierno podría cuadriplicar el impacto de las medidas tomadas hasta ahora (cuyo ahorro por reducción de los subsidios se estima en $4 mil millones) sin producir impactos negativos en el bolsillo de la población, ni en la capacidad de desarrollo del país.
La producción de carbón en Argentina es minúscula, además de tratarse de una fuente de energía en desuso con altos impactos contaminantes. La exploración de petróleo es una actividad rentable con contratos de riesgo con el sector privado, por eso no tiene ningún sentido consumir recursos públicos para subsidiar una actividad que con un adecuado marco regulatorio podría ser financiada con inversiones privadas.

Pero el máximo sinsentido se da con la aerolínea estatal. Es una empresa cuyo rol fácilmente podría ser cumplido por el sector privado. Prueba de ello es que Aerolíneas Argentinas vuela a 25 localidades en superposición con otras empresas. Si bien hay 8 localidades donde sólo llega la aerolínea estatal, hay otras 5 localidades sólo cubiertas por otras aerolíneas. O sea, con subsidios pequeños y focalizados se puede tener mejor cobertura de transporte aéreo que en la actualidad. Pero, lo más importante, es que se evitaría la situación caótica del sistema de transporte aéreo derivada de la falta de profesionalismo en la gestión de la empresa estatal. Eliminar los subsidios a Aerolíneas Argentinas es imprescindible para dar legitimidad al esfuerzo que se le pide a la población en la eliminación de los otros subsidios y también para mejorar la calidad del servicio de transporte en el interior del país.

Conceptualmente, los subsidios constituyen un instrumento para paliar derivaciones económicas y sociales no deseables del funcionamiento de los mercados. Para cumplir con éxito estas funciones se requiere mucha claridad en la definición de los objetivos y elevada capacidad de gestión y control. De lo contrario, como está ocurriendo en la Argentina, se construye una fuente de corrupción e ineficiencias.

Desarticular la compleja, perversa y anárquica madeja de subsidios requiere elevadas y sofisticadas capacidades institucionales y de gestión. La idea de aplicar ajustes en las tarifas de electricidad, gas y agua, con tratamiento especial para las familias de más bajos ingresos, va en el sentido correcto. Sin embargo, en paralelo es fundamental eliminar el drenaje de fondos públicos hacia empresas públicas que además de promover ineficiencias y corrupción ponen severas trabas al desarrollo nacional.

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