Educación | Tema del informe |


Educación



6 de cada 10 jóvenes no termina la secundaria a tiempo

El oficialismo promovió la sanción de una ley que promete gratuidad e ingreso irrestricto a la universidad. El acto, además de demagógico, distrae la atención de las verdaderas barreras que impiden el acceso a la educación superior. Más de la mitad de los jóvenes se quedan a mitad de camino por la mala calidad de la educación media. Las soluciones no pasan por relajar exigencias académicas en la universidad sino por cambiar los estilos de gestión en la educación básica.

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6 de cada 10 hogares que califican al PROGRESAR no son pobres

El plan Progresar subsidia a jóvenes entre 18 y 24 años con la condición de que estudien. Aunque la meta es loable, la rusticidad de su diseño lo degrada a un mero mecanismo generador de dependencia y cultura por la dádiva. Además de no focalizarse en los hogares más pobres para igualar oportunidades, tampoco incentiva los avances en educación e induce a la inactividad laboral. Sería muy positivo sustituirlo por un sistema moderno de becas de estudio y una política laboral que fomente el empleo juvenil.

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Para mejorar los resultados educativos es clave generar una correcta cultura de evaluación docente

La educación es un elemento clave para eliminar la pobreza y disminuir la exclusión social. En los últimos años, la inversión en educación ha crecido de manera significativa, superando la meta del 6% del PBI fijada en la Ley de Financiamiento Educativo. Sin embargo, las evaluaciones internacionales señalan que los alumnos argentinos muestran severos y crecientes déficits en su formación. Para achicar la brecha entre recursos invertidos y resultados alcanzados, hay que lograr una sensible mejora en la calidad y gestión educativa. Un instrumento de importancia estratégica es la evaluación docente. En los países más avanzados, ella forma parte de la cultura de la comunidad educativa, pero en la Argentina el proceso es muy incipiente. El presente número de Empleo y Desarrollo Social ofrece algunas recomendaciones para estimular la evaluación docente y así mejorar los resultados educativos.

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La mitad de los jóvenes vive en contextos educativos adversos

La igualdad económica es una aspiración muy deseada en Argentina, pero está lejos de dejar de ser una mera declamación. La experiencia internacional muestra que igualdad y crecimiento económico no se contradicen sino que se potencian en la medida que se adopten estrategias correctas. Además de redistribuir ingresos en favor de los más pobres son imprescindibles políticas que promuevan la educación, el trabajo productivo y la participación laboral de las mujeres de bajos ingresos.      

Un tema de gran interés en la actualidad es el de la desigualdad. Los análisis más conocidos son los del economista francés Thomas Piketty quien señala que la muy alta y creciente concentración de riqueza en una ínfima porción de la población genera una economía patrimonialista que sofoca la igualdad de oportunidades y el progreso basado en el talento y la innovación. Su recomendación es crear un impuesto global a las grandes riquezas.

Otro estudio publicado recientemente por la OECD analiza la relación entre desigualdad y desarrollo de capacidades de las personas. El principal hallazgo es que en los países con alta desigualdad los hijos de padres con bajos niveles de educación desarrollan menos capacidades laborales y sociales que en los países más igualitarios. En otras palabras, en países con alta desigualdad la educación de los padres tiene una incidencia decisiva en la formación y el futuro laboral de los hijos, limitando la igualdad de oportunidades. De aquí que la recomendación sea poner el foco en las familias con padres de bajos niveles de educación buscando promover la participación laboral femenina y el desarrollo de centros de cuidados infantiles. 

En función de estos antecedentes resulta pertinente analizar los niveles de educación de los padres en los hogares de la Argentina. Según datos oficiales del INDEC, entre los jóvenes menores de 18 años de edad de la población urbana se observa que:

  • El 27% tiene al menos uno de los padres con educación superior a secundaria.
  • Otro 25% tiene al menos uno de los padres con educación secundaria completa.
  • El 48% restante tiene ambos progenitores con educación inferior a secundaria.

Estos datos muestran que en la Argentina la mitad de los jóvenes tienen padres con escasos niveles de educación. Dentro de las categorías que utiliza la OECD, estos jóvenes serían considerados individuos que se crían en contextos educativos adversos. Esta situación, junto al hecho de que la Argentina presenta mayores niveles de desigualdad que los países desarrollados, permite predecir que mucha de esta gente en el futuro presentará déficits de formación y, por lo tanto, limitadas posibilidades de aportar al desarrollo económico del país.

En economía, tradicionalmente se consideró que tender a redistribuir progresivamente ingresos podía atentar contra el crecimiento. El argumento parte de considerar que los segmentos de mayor nivel de ingresos tienen mayores tasas de ahorro, lo cual contribuye a financiar las inversiones necesarias para expandir la producción. Bajo esta lógica, redistribuir ingresos a favor de los grupos sociales más postergados aumentaría el consumo pero reduciría el ahorro y la inversión, hipotecando el futuro. Esta visión está cuestionada cuando la igualdad contribuye a la generación de capacidades productivas y participación social en toda la población aumentando la potencialidad de desarrollo.

Para lograr que la mayor igualdad sea fuente de crecimiento económico no alcanza con aplicar impuestos progresivos y redistribuirlos en favor de los más pobres. Importancia decisiva tienen las políticas educativas, laborales y de asistencia social. Factores claves son escuelas de alta retención y calidad de los aprendizajes, un mercado laboral fluido que facilite la incorporación de los jóvenes y las mujeres, y planes asistenciales que promuevan la planificación familiar para que la maternidad no interrumpa ni el desarrollo escolar ni los primeros pasos en el mundo laboral de las mujeres. Por el contrario, si la política se limita a mejorar los ingresos de los segmentos más postergados sin promover mejores desempeños educativos ni mayor actividad laboral el resultado será el estancamiento. Esto debido a la falta de competencias laborales y a la dependencia del asistencialismo que contamina la dinámica política con prácticas clientelares.

La Argentina tiene una alta vocación por construir una sociedad integrada e igualitaria, pero para concretar este anhelo no alcanza con redistribuir ingresos en favor de los más pobres. Para ingresar a una senda de progreso con inclusión social es imprescindible fomentar de manera sostenida y homogénea entre toda la población la cultura de la educación, el esfuerzo y el trabajo productivo.   

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Un nuevo cargo docente por cada nuevo alumno

El aumento de la inversión pública en educación no se tradujo en mejores resultados. Esto denota enormes deficiencias en la planificación y la gestión de la educación. Mientras que un número creciente de familias opta por las escuelas privadas, en las escuelas públicas se siguen contratando docentes sin sentido estratégico. Más prioritario que aumentar los recursos es replantear las formas con las que se están administrando. Para ello es imprescindible establecer reglas que premien el compromiso de los docentes con la formación de los alumnos. 

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Asignación Universal por Hijo mejoró muy poco la escolaridad

La AUH goza de amplios consensos pero, según datos oficiales, luego de cuatro años de implementada está lejos de haber logrado los resultados esperados. La reducción en la deserción escolar es modesta y no está concentrada entre los hogares beneficiarios del subsidio. El problema no se origina en su concepción sino en la vetusta gestión que aplica la ANSES. La solución comienza por descentralizar el control de condicionalidades de la AUH en las provincias que son las responsables de administrar las escuelas.   

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Gasto salarial en educación 50% mayor que en países avanzados

En términos de PBI, la Argentina invierte muchos más que los países avanzados en personal de educación. Pero los pobres resultados que obtiene sugieren que el principal desafío pasa por aumentar la calidad de la gestión educativa. Algunos países de la OECD muestran que se puede mejorar los niveles de educación con un número pertinente de educadores, bien pagados y calificados, reglas que estimulen el buen desempeño, más insumos y mejor infraestructura. 

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Mitad de la deserción escolar de las adolescentes es por maternidad

El Ministerio de Salud anunció la distribución gratuita de un anticonceptivo hormonal de nueva generación. Promover la prevención del embarazo adolescente resulta pertinente ya que es un decisivo factor de abandono escolar de las mujeres jóvenes y, con ello, de retraso social y reproducción intergeneracional de la pobreza. Pero la administración centralizada induce a costosas fallas de implementación. Por ejemplo, aunque el embarazo adolescente no es un fenómeno focalizado en regiones, sino en los hogares de menores ingresos de todo el país, el programa prioriza a las jurisdicciones identificadas con el gobierno nacional.

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La Nación paga sólo el 7% del salario docente

La Nación interviene decisivamente en la negociación de los salarios docentes pero aporta una porción marginal y cada vez más pequeña de las remuneraciones. Este esquema potencia la conflictividad, llegando a la irracionalidad de que en las provincias donde se acordaron aumentos con los sindicatos tampoco se iniciaron las clases. En lugar de interferir en la política salarial, la Nación debería apoyar financieramente a las provincias que reduzcan el ausentismo docente, el retraso y la deserción escolar, y mejoren la calidad educativa.

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Se gasta más en Aerolíneas que en educacion básica

Ante la inestabilidad del dólar, las autoridades anunciaron la intención de revisar los subsidios económicos. Además de tardía, la iniciativa está planteada como una amenaza a quienes pretenden proteger sus ahorros comprando dólares en lugar de una política equitativa y racional en la asignación de fondos públicos. La regla general debería ser que las tarifas sean acordes a los costos de los servicios públicos. En paralelo, instrumentar una tarifa social para que todos los hogares pobres –no sólo los que viven en Buenos Aires– sean los únicos subsidiados. 

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