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Educación



97% del presupuesto educativo va a salario docente

La tragedia de la escuela que explotó por un escape de gas es consecuencia de una gestión rudimentaria. Los salarios dejan poco espacio para insumos y reparaciones que, además, se administran centralizadamente. Es necesario profesionalizar y empoderar a los directores como actores claves de la gestión educativa. (más…)

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Disminuye la matrícula pero aumenta el plantel docente

En la última década se expandió la cantidad de docentes de las escuelas primarias del Estado, mientras que la matrícula cayó. Es decir que el Estado aumentó la inversión, pero las familias se fugaron a las escuelas privadas. Esto sugiere la pertinencia de introducir en la remuneración docente el presentismo.   (más…)

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Aumento de la inversión en educación no mejoró la calidad

Aún cuando se hizo un gran esfuerzo para aumentar la inversión en educación, las mediciones de la calidad confirman la decadencia. La nueva ley que se propone debatir persiste en el camino de sumar recursos a la infraestructura escolar y a los docentes. Más pertinente sería asumir que la crisis es terminal y que la vía para superarla es revolucionando las escuelas en base a un uso intensivo e innovador de las nuevas tecnologías junto con el replanteo del rol de los docentes.Aun cuando se hizo un gran esfuerzo para aumentar la inversión en educación, las mediciones de la calidad confirman la decadencia. La nueva ley que se propone debatir persiste en el camino de sumar recursos a la infraestructura escolar y a los docentes. Más pertinente sería asumir que la crisis es terminal y que la vía para superarla es revolucionando las escuelas en base a un uso intensivo e innovador de las nuevas tecnologías junto con el replanteo del rol de los docentes.

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2 de cada 3 nuevos alumnos optaron por escuelas privadas

La fuga de las familias enviando sus hijos a escuelas privadas es persistente. Si bien el fenómeno responde a muchos factores, uno muy importante es la intensificación de las huelgas ocurridas a partir de la intromisión del Ministerio de Educación nacional fijando salarios que luego tienen que ser pagados por las provincias. Volver al esquema en el que cada provincia fije el salario de sus docentes es un primer paso para revertir la decadencia de las escuelas estatales. 

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Con mejor gestión, el salario docente podría aumentar 45%

El gobierno nacional anunció la decisión de dejar de interferir en la negociación de los salarios docentes. Esto es consistente con el hecho de que son las provincias las que gestionan las escuelas y pagan la mayor parte de la remuneración de los educadores. Junto con este avance es fundamental que las provincias se aboquen a modernizar sus estilos de gestión. Los recursos que se podrían ahorrar con una mejor administración permitirían aumentar significativamente el salario docente. 

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6 de cada 10 hogares que califican al PROGRESAR no son pobres

El plan Progresar subsidia a jóvenes entre 18 y 24 años con la condición de que estudien. Aunque la meta es loable, la rusticidad de su diseño lo degrada a un mero mecanismo generador de dependencia y cultura por la dádiva. Además de no focalizarse en los hogares más pobres para igualar oportunidades, tampoco incentiva los avances en educación e induce a la inactividad laboral. Sería muy positivo sustituirlo por un sistema moderno de becas de estudio y una política laboral que fomente el empleo juvenil.

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Para mejorar los resultados educativos es clave generar una correcta cultura de evaluación docente

La educación es un elemento clave para eliminar la pobreza y disminuir la exclusión social. En los últimos años, la inversión en educación ha crecido de manera significativa, superando la meta del 6% del PBI fijada en la Ley de Financiamiento Educativo. Sin embargo, las evaluaciones internacionales señalan que los alumnos argentinos muestran severos y crecientes déficits en su formación. Para achicar la brecha entre recursos invertidos y resultados alcanzados, hay que lograr una sensible mejora en la calidad y gestión educativa. Un instrumento de importancia estratégica es la evaluación docente. En los países más avanzados, ella forma parte de la cultura de la comunidad educativa, pero en la Argentina el proceso es muy incipiente. El presente número de Empleo y Desarrollo Social ofrece algunas recomendaciones para estimular la evaluación docente y así mejorar los resultados educativos.

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La mitad de los jóvenes vive en contextos educativos adversos

La igualdad económica es una aspiración muy deseada en Argentina, pero está lejos de dejar de ser una mera declamación. La experiencia internacional muestra que igualdad y crecimiento económico no se contradicen sino que se potencian en la medida que se adopten estrategias correctas. Además de redistribuir ingresos en favor de los más pobres son imprescindibles políticas que promuevan la educación, el trabajo productivo y la participación laboral de las mujeres de bajos ingresos.      

Un tema de gran interés en la actualidad es el de la desigualdad. Los análisis más conocidos son los del economista francés Thomas Piketty quien señala que la muy alta y creciente concentración de riqueza en una ínfima porción de la población genera una economía patrimonialista que sofoca la igualdad de oportunidades y el progreso basado en el talento y la innovación. Su recomendación es crear un impuesto global a las grandes riquezas.

Otro estudio publicado recientemente por la OECD analiza la relación entre desigualdad y desarrollo de capacidades de las personas. El principal hallazgo es que en los países con alta desigualdad los hijos de padres con bajos niveles de educación desarrollan menos capacidades laborales y sociales que en los países más igualitarios. En otras palabras, en países con alta desigualdad la educación de los padres tiene una incidencia decisiva en la formación y el futuro laboral de los hijos, limitando la igualdad de oportunidades. De aquí que la recomendación sea poner el foco en las familias con padres de bajos niveles de educación buscando promover la participación laboral femenina y el desarrollo de centros de cuidados infantiles. 

En función de estos antecedentes resulta pertinente analizar los niveles de educación de los padres en los hogares de la Argentina. Según datos oficiales del INDEC, entre los jóvenes menores de 18 años de edad de la población urbana se observa que:

  • El 27% tiene al menos uno de los padres con educación superior a secundaria.
  • Otro 25% tiene al menos uno de los padres con educación secundaria completa.
  • El 48% restante tiene ambos progenitores con educación inferior a secundaria.

Estos datos muestran que en la Argentina la mitad de los jóvenes tienen padres con escasos niveles de educación. Dentro de las categorías que utiliza la OECD, estos jóvenes serían considerados individuos que se crían en contextos educativos adversos. Esta situación, junto al hecho de que la Argentina presenta mayores niveles de desigualdad que los países desarrollados, permite predecir que mucha de esta gente en el futuro presentará déficits de formación y, por lo tanto, limitadas posibilidades de aportar al desarrollo económico del país.

En economía, tradicionalmente se consideró que tender a redistribuir progresivamente ingresos podía atentar contra el crecimiento. El argumento parte de considerar que los segmentos de mayor nivel de ingresos tienen mayores tasas de ahorro, lo cual contribuye a financiar las inversiones necesarias para expandir la producción. Bajo esta lógica, redistribuir ingresos a favor de los grupos sociales más postergados aumentaría el consumo pero reduciría el ahorro y la inversión, hipotecando el futuro. Esta visión está cuestionada cuando la igualdad contribuye a la generación de capacidades productivas y participación social en toda la población aumentando la potencialidad de desarrollo.

Para lograr que la mayor igualdad sea fuente de crecimiento económico no alcanza con aplicar impuestos progresivos y redistribuirlos en favor de los más pobres. Importancia decisiva tienen las políticas educativas, laborales y de asistencia social. Factores claves son escuelas de alta retención y calidad de los aprendizajes, un mercado laboral fluido que facilite la incorporación de los jóvenes y las mujeres, y planes asistenciales que promuevan la planificación familiar para que la maternidad no interrumpa ni el desarrollo escolar ni los primeros pasos en el mundo laboral de las mujeres. Por el contrario, si la política se limita a mejorar los ingresos de los segmentos más postergados sin promover mejores desempeños educativos ni mayor actividad laboral el resultado será el estancamiento. Esto debido a la falta de competencias laborales y a la dependencia del asistencialismo que contamina la dinámica política con prácticas clientelares.

La Argentina tiene una alta vocación por construir una sociedad integrada e igualitaria, pero para concretar este anhelo no alcanza con redistribuir ingresos en favor de los más pobres. Para ingresar a una senda de progreso con inclusión social es imprescindible fomentar de manera sostenida y homogénea entre toda la población la cultura de la educación, el esfuerzo y el trabajo productivo.   

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Asignación Universal por Hijo mejoró muy poco la escolaridad

La AUH goza de amplios consensos pero, según datos oficiales, luego de cuatro años de implementada está lejos de haber logrado los resultados esperados. La reducción en la deserción escolar es modesta y no está concentrada entre los hogares beneficiarios del subsidio. El problema no se origina en su concepción sino en la vetusta gestión que aplica la ANSES. La solución comienza por descentralizar el control de condicionalidades de la AUH en las provincias que son las responsables de administrar las escuelas.   

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6 de cada 10 ocupados con baja educación siguen informales

La OIT alertó que aun habiendo disfrutado de un contexto internacional muy favorable la informalidad sigue siendo muy alta. Si bien el fenómeno es causado por múltiples factores, uno de los más importantes son las regulaciones laborales que discriminan contra los trabajadores menos calificados. Se necesita apelar a nuevas estrategias que prioricen bajar las cargas sociales –que gravan a los salarios más bajos– antes que reducir el impuesto a las ganancias. 

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