Gasto público
La escalada del dólar está asociada al crecimiento exuberante del gasto público. Sin posibilidades de seguir aumentando impuestos y sin acceso al crédito, el creciente déficit fiscal se financia con emisión monetaria que presiona sobre el precio del dólar. Apelar a complejas argumentaciones conspirativas es caer en un grosero error de diagnóstico ya que un análisis simple de teoría económica alcanza para entender que el exceso de emisión monetaria provoca inflación y esto genera estancamiento económico y del empleo, deterioro social e inestabilidad cambiaria.
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Las autoridades económicas aceptaron que la producción está estancada. Pero lamentablemente insiste en un grueso error de diagnóstico. Al no asumir el agotamiento del modelo populista se opta por expandir el crédito para consumo. Esto acelerará la inflación profundizando la licuación de los salarios y el crédito al consumo. El estancamiento no se resuelve aplicando estímulos a la demanda sino ordenando el sector público para erradicar la inflación y fijando reglas que incentiven a las empresas y a los trabajadores a aumentar la productividad.
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En el anuncio de creación de un nuevo plan de empleo, el relanzamiento de los CEDIN y créditos al transporte urbano se reconoció oficialmente la recesión. Pero se incurre en el error de diagnóstico de atribuirle la causa a factores externos cuando las evidencias muestran que, si bien hay desaceleración, el único país con la economía parada es la Argentina. Factores internos explican mucho más que los externos la caída en la producción y la destrucción de empleos formales. Dentro de ellos, el más importante es la irracional expansión del gasto público.
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Reiterar incumplimientos a nivel internacional es muy negativo, pero mucho más decisivo sobre la calidad de vida de la gente es el exorbitante crecimiento del gasto público con bajísima calidad de los servicios que el Estado brinda. Por eso, involuntariamente el juez Griesa está beneficiando a los ciudadanos argentinos al ponerle límites al aumento del gasto público. El fallo adverso con los fondos “buitres” es fácil de resolver. Mucho más difícil es mejorar la calidad del Estado.
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Las autoridades económicas desistieron de publicar la medición de la pobreza. Falsear las estadísticas oficiales es un acto de alta irresponsabilidad pública que desvía la atención de la cuestión principal. La polémica sobre cuántos son los pobres reduce la visibilidad de las regresivas consecuencias que tiene asociado el despilfarro del gasto público. Para reducir la pobreza es imprescindible dejar de manipular estadísticas y fundamentalmente revisar con mucho sentido crítico la forma en que se está administrando el Estado.
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La devaluación produjo un aumento extraordinario de la recaudación impositiva. Pero el incremento del gasto público fue mayor debido a una fuerte expansión de los subsidios económicos. Como era previsible, los intentos de reeditar el “modelo” están fracasando porque ahora es más difícil licuar salarios y jubilaciones en comparación con la experiencia del año 2002. Pero fundamentalmente porque el deterioro que acumulan las empresas de servicios públicos obliga a compensar el aumento de costos que produce la devaluación con mayores subsidios del Estado.
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La suba del dólar paralelo genera incertidumbre y preocupación. La causa principal de la inestabilidad cambiaria es la acumulación de desaciertos en el manejo del gasto público. Empleo redundante, masivas jubilaciones sin aportes y subsidios a empresas han generaron un nivel de gasto público que ni siquiera el récord de presión tributaria imperante logra financiar. El déficit induce emisión monetaria espuria que produce inflación y lleva a la gente a comprar dólares como protección. Con un manejo más inteligente del gasto público, los países vecinos tienen preocupaciones mucho más importantes que la cotización del dólar.
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Los 30 años de democracia se celebran en uno de sus peores momentos. La degradación institucional llegó al extremo de permitir la insubordinación policial que dio pie a graves hechos de vandalismo. La impericia en la gestión pública lleva a que cada vez se paguen más impuestos y a cambio los servicios del Estado sean cada vez peores, como por ejemplo los educativos. Ante el desamparo que genera el debilitamiento del Estado algunas familias apelan a los servicios privados, pero es una alternativa que no suple el rol de sector público y agrava las inequidades.
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El impresionante crecimiento del gasto público de los últimos años es la causa principal de la alta inflación y la inestabilidad cambiaria. Resulta curioso que las áreas del sector público que más contribuyen al desborde fiscal y donde más reformas se necesitan no fueron afectadas de manera directa por el cambio de gabinete. Sin un replanteo de las decisiones de gasto público tomadas con mucha demagogia, improvisación y poco sentido de responsabilidad no hay posibilidades de detener la pérdida de reservas y recuperar el crecimiento.
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Aunque puedan estar operando intencionalidades políticas, los saqueos están asociados a la degradación del sistema judicial y de seguridad y a la mala calidad de las políticas públicas que se vienen aplicando. Apenas la economía se desacelera se explicita que la política fiscal es insostenible y que los subsidios sociales, lejos de actuar como un factor promotor de movilidad, operan como un mecanismo que perpetúa la dependencia de millones de personas del asistencialismo estatal. Se trata de un nuevo testimonio de que no se está aprovechando la inédita oportunidad que la bonanza internacional brinda para promover desarrollo social.
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