Impuestos
El gobierno anunció la actualización de las tarifas eléctricas. Se pone fin así a un mecanismo de subsidios muy perverso que desencadenó una profunda crisis energética, una regresiva redistribución de ingresos a favor de los hogares de altos ingresos y agravó la discriminación contra el interior del país. Con el reajuste, tan importante como un régimen de tarifa social para los más pobres es hacer entender al resto de la población sobre los daños que generó este esquema tan irracional.
VERLos impuestos al salario son una fuente de intensas polémicas e impactos distorsivos y regresivos. Por un lado, las muy altas cargas sociales y la baja valoración de las prestaciones de la seguridad social inducen a una masiva expansión de la informalidad, especialmente entre las empresas más pequeñas. Por el otro, la falta de actualización de los parámetros que se aplican para calcular el impuesto a las ganancias es objeto de permanentes reclamos. La prioridad para el país es generar más empleos de calidad y disminuir la alta informalidad laboral. Para ello, los cambios en los impuestos al salario deben hacerse como parte de una estrategia integrada que enfrente ambos desafíos y disminuya la exclusión social.
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La Presidenta llamó al diálogo para revertir la irracional superposición de impuestos que se produce entre la Nación, las provincias y los municipios. El planteo es muy pertinente. Pero para avanzar hacia un mejor sistema tributario previamente hay que detener el despilfarro de fondos públicos que induce la centralización de recursos públicos a favor de la Nación y la superposición de roles y funciones entre los tres niveles de gobierno.
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La descentralización y el respecto por las autonomías locales es una tendencia global que bien instrumentada tiene enormes ventajas, además de ajustarse a lo que manda la Constitución Nacional. Pero planteos de este tipo pierden credibilidad cuando provienen de una administración que ha basado su gestión en la concentración y la arbitrariedad. Antes de pensar en trasladar la capital es necesario clarificar roles entre jurisdicciones nacional y provincial y sancionar un sistema coherente de coparticipación federal de impuestos.
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El nuevo gabinete debuta impulsando otro aumento de impuestos. Aunque el argumento oficial es que se busca castigar consumos “suntuarios” que drenan divisas, en realidad es una continuidad del proceso que llevó la presión tributaria a niveles récords. Para reducir de manera genuina el déficit fiscal, la inflación y la fuga de divisas una estrategia alternativa es comenzar a desmantelar el perverso mecanismo de subsidios económicos a empresas públicas y privadas. Esto, además, permitirá preservar muchos empleos de calidad.
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Se ha hecho rutina anunciar “récords” de recaudación impositiva que, más que una buena noticia, testimonian la intensidad del proceso inflacionario. En los últimos meses, la particularidad fue que el crecimiento de la recaudación se basó también en un inusual incremento de la recaudación de impuestos a las importaciones, a pesar de que las autoridades tratan de desalentar las compras en el exterior. Se trata de otra evidencia de que cuando la política económica es inconsistente, las trabas administrativas y los controles son cada vez más inefectivos y el ajuste vía devaluación del tipo de cambio oficial cada vez más inevitable.
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La Argentina ha alcanzado un récord de presión impositiva. La principal particularidad es que se basa en impuestos muy regresivos y distorsivos. Entre ellos, las cargas sociales que, al gravar los salarios, desalientan la creación de empleos formales. Los países más avanzados tienen niveles de presión tan o más altos que la Argentina, pero en todos los casos centran la recaudación en el IVA y el Impuesto a las Ganancias. Por eso, la solución no es sumar moratorias impositivas sino una reforma tributaria que apunte a sustituir los impuestos más regresivos y distorsivos, como las cargas sociales, por mayor recaudación de IVA y Ganancias.
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La Argentina disfruta de precios de exportaciones respecto al de importaciones mucho más favorables que en la década de los ’90. Sin embargo, el aumento del dólar paralelo vuelve a colocar al salario medido en dólares por debajo de aquella época. La paradoja de un país con mayor capacidad adquisitiva de sus exportaciones pero menor capacidad de compra de su población se explica por la alta presión impositiva y la baja competividad. La solución pasa por mejorar el funcionamiento del sector público para que los impuestos se traduzcan en mejores servicios y se fijen reglas que induzcan a las empresas a ganar eficiencia.
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Aunque se siguieron aumentando los impuestos, la recaudación apenas creció al ritmo de la inflación. Como el incremento de impuestos no alcanzó para financiar el aumento del gasto público, con decretos de necesidad y urgencia se apeló a los fondos de la ANSES y el Banco Central. Esto refleja un serio desequilibrio de las cuentas públicas, pero también un grave deterioro institucional ya que parte importante de estos recursos se dilapidan en clientelismo con planes sociales y empleo público, subsidios a empresas públicas y privadas, propaganda oficial y discrecionalidad en las transferencias para someter a gobernadores e intendentes.
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La presión impositiva alcanzó niveles inéditos. Aún así, resulta insuficiente frente al extraordinario aumento del gasto público. Por eso, el gobierno nacional apela de manera cada vez más intensa al “impuesto inflacionario”, es decir, a apropiarse de recursos por la vía de desvalorizar con inflación los billetes en poder del público. Con este mecanismo –que resulta más regresivo y distorsivo que cualquiera de los peores impuestos–, la Nación se apodera de una masa de recursos equivalentes a la mitad de los ingresos de la Provincia de Buenos Aires o aproximadamente al doble de los ingresos de las provincias de Córdoba y Santa Fe.
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