Inflación
Por la aceleración de los precios, el Banco Central adoptó una estrategia de contracción monetaria. Esto implica tasas de interés más altas y atraso cambiario lo que retarda la recuperación de la producción. Las críticas no deberían orientarse hacia el Banco Central sino al resto de las áreas que toman decisiones de gasto público no coherentes con la meta de inflación adoptada. Para bajar la inflación se requiere más austeridad e innovación en la gestión del Estado.Por la aceleración de los precios, el Banco Central adoptó una estrategia de contracción monetaria. Esto implica tasas de interés más altas y atraso cambiario lo que retarda la recuperación de la producción. Las críticas no deberían orientarse hacia el Banco Central sino al resto de las áreas que toman decisiones de gasto público no coherentes con la meta de inflación adoptada. Para bajar la inflación se requiere más austeridad e innovación en la gestión del Estado.
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Nuevamente la Justicia reacciona ante casos graves de denuncia de corrupción contra funcionarios públicos luego de un cambio de gobierno. No se trata de un episodio aislado de oportunismo sino de un problema estructural en la gestión del Poder Judicial. Las soluciones no pasan por seguir asignando más personal y fondos a la administración de justicia, como viene ocurriendo en los últimos años, sino por impulsar profundas reformas en el funcionamiento del sector.
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El gobierno hizo explícitas sus metas de reducción de la inflación. Aunque modestas, cumplirlas exige un programa integral de reducción en los excesos de gasto público producidos en los últimos años. Abordar los bolsones más visibles de empleo público espurio es apenas uno de los componentes. Mucho más importante como determinantes del crecimiento del gasto público es la expansión indiscriminada de jubilaciones sin aportes y subsidios económicos a empresas.
Las autoridades económicas explicitaron que la meta de inflación para el presente año será de entre 20% y 25% anual. Se trata de un nivel inferior al del año pasado, pero no muy diferente al observado en años anteriores. Se planteó además que el ritmo de crecimiento en los precios irá disminuyendo progresivamente hasta alcanzar niveles de un dígito entre los años 2018 y 2019. Comparado con otros países, incluso los vecinos, se trata de metas muy modestas. Hay un reconocimiento de que la Argentina no sólo sufre una de las inflaciones más altas del mundo sino que la seguirá soportando por varios años más.
El principal motivo es el muy alto déficit fiscal. Aun con record de presión tributaria, los ingresos no alcanzan para cubrir las erogaciones del Estado. La consecuencia es una masiva emisión monetaria que impacta sobre los precios. Esto marca la importancia crucial de encarar un programa integral de reducción del gasto público.
Para abordar la tarea de disminuir el gasto público es importante identificar los principales componentes del incremento. Según los datos del Ministerio de Economía, entre los años 2004 y 2014, la presión impositiva nacional creció 8 puntos porcentuales del PBI mientras que el gasto público 12 puntos del PBI. Dentro del crecimiento del gasto se destacan:
Estos datos muestran que sólo estos tres componentes de gasto público explican 10 de los 12 puntos porcentuales de PBI que subió el gasto público. Además, si bien el exceso de contratación de personal en el Estado ha sido un factor importante de expansión, no fue el principal. Mayor incidencia cuantitativa tuvo la expansión del gasto previsional vía el otorgamiento indiscriminado de jubilaciones sin aportes y los subsidios para sostener el retraso de las tarifas de servicios públicos y los déficits de las empresas del Estado.
Los primeros pasos tendientes a corregir las manifestaciones más visibles de uso del Estado para distribuir empleo a militantes, familiares y amigos vienen siendo avalado por gran parte de la sociedad. Pero frente a la magnitud del déficit fiscal, es imprescindible incorporar en la agenda de políticas públicas la revisión de las reglas que rigen el sistema previsional, reducir los subsidios económicos normalizando las tarifas de servicios públicos y erradicar las ineficiencias, abusos y corrupción en las empresas del Estado.
No menos importante son los aspectos cualitativos. La sistemática depredación y colonización que sufrió el Estado plantea un enorme desafío de reconstrucción. Aunque el sector público nunca tuvo tantos empleados, en los niveles centrales y en numerosas delegaciones del interior, la gestión de la asistencia social se privatizó en las organizaciones sociales. Los conflictos en Jujuy demuestran las resistencias que se enfrentan para lograr que el Estado recupere la gestión. Fenómenos parecidos ocurren en las empresas públicas como lo señala el caso de Aerolíneas Argentinas donde gran parte de los subsidios que se le transfieren son apropiados por intereses privados.
Con resignación hay que asumir que la inflación, con todas sus secuelas económicas y sociales negativas, seguirá siendo alta por varios años. La principal razón son las dificultades para financiar el muy alto déficit fiscal, aún en un escenario de nuevo acceso al crédito internacional. Esto marca la altísima importancia de que todas las áreas del sector público adopten criterios de austeridad y simultáneamente incorporen innovación y profesionalismo. El desafío no sólo es reducir el déficit fiscal sino también reconstruir el Estado. Esto implica un profundo cambio de prioridades. En lugar de que el Estado sea la vía para que dirigentes sociales o empresas privadas se apropien de fondos públicos, debe pasar a actuar como un instrumento de progreso económico y social.
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Para evitar una gran devaluación del dólar es crucial detener la desenfrenada emisión de pesos. Esto sólo es posible reduciendo el gasto público, donde un componente clave son los subsidios económicos. Por eso, los principales desafíos para el próximo gobierno no pasan por replantear la política cambiaria ni por desarticular el cepo sino por actualizar las tarifas de los servicios públicos y reducir el déficit de las empresas del Estado.
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Mientras que en la campaña electoral se evita abordar definiciones con relación al desorden fiscal, el gobierno propuso en el proyecto de Presupuesto 2016 un importante ajuste en el gasto público. Explícitamente contempla recortar subsidios económicos y obra pública. Pero los desequilibrios son tan grandes que, de manera solapada, también propone ajustes sobre prestaciones sociales y salarios públicos al contemplar aumentos nominales en estos ítems inferiores a la inflación real.
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Las devaluaciones del tipo de cambio oficial muy por debajo de la alta tasa de inflación han llevado a la paradoja de que la moneda argentina sea la que más se aprecia en el mundo. Este es el preanuncio de una gran devaluación. Lo relevante no es tanto quién tomará la decisión –si el actual o el próximo gobierno– sino si se reconstruirán las instituciones y se mejorará la calidad del Estado para que quepa la esperanza de que esta sea la última y no una más dentro de la historia argentina.
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La crisis política y económica de Brasil tiene muchas analogías con la Argentina. Esto alerta sobre la importancia de que quienes aspiren a conducir el país asuman que el desequilibrio de las cuentas públicas, la corrupción y el oscurantismo en la gestión del Estado constituyen, como ocurre en Brasil, los principales desafíos a vencer. Ejemplos muy ilustrativos son las anomalías en la masiva distribución de subsidios a la energía, el transporte y a las empresas públicas.
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La inflación es un fenómeno erradicado en los países bien organizados y más frecuente entre los que atraviesan experiencias traumáticas. La Argentina es uno de éstos. Las evidencias internacionales desmienten el diagnóstico oficial de que la inflación ayuda al crecimiento. Prueba de ello es que los países vecinos tienen mayor crecimiento con menor inflación que la Argentina. El retorno de la inflación al país es el reflejo de su retroceso. Para recuperar la estabilidad y el crecimiento será necesario abordar una desafiante agenda de reconstrucción institucional.
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Estancamiento en la producción y el empleo con aceleración de la inflación llevaron a que los aumentos de ingresos de los hogares no compensaran el crecimiento de los precios. Aunque el impuesto a las ganancias es récord y el gasto asistencial enorme, quienes más sufren la pérdida de poder adquisitivo son las familias de más bajos ingresos. Para revertir esta regresividad es fundamental replantear prioridades en la asignación del gasto público y mejorar sustancialmente su gestión.
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La reelección de la presidenta de Brasil viene acompañada por un replanteo de estrategias destinadas a combatir la inflación y la corrupción. Las evidencias muestran que estos dos flagelos son mucho más graves en Argentina que en el país vecino. Por eso, una inteligente mirada del proceso brasileño debería trascender el ámbito económico y extenderse a su dimensión política ya que delinea la agenda de políticas públicas que debería asumir la Argentina.
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