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LOS JÓVENES SUFREN 5 VECES MÁS POBREZA QUE LOS MAYORES

El crecimiento del gasto previsional es el principal factor de desestabilización de las cuentas públicas. Pretender bajar el déficit fiscal sin reformar las reglas del sistema jubilatorio es financieramente no sustentable y socialmente muy injusto porque implica seguir preservando tratos privilegiados y dobles coberturas.

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6 de cada 10 hogares que califican al PROGRESAR no son pobres

El plan Progresar subsidia a jóvenes entre 18 y 24 años con la condición de que estudien. Aunque la meta es loable, la rusticidad de su diseño lo degrada a un mero mecanismo generador de dependencia y cultura por la dádiva. Además de no focalizarse en los hogares más pobres para igualar oportunidades, tampoco incentiva los avances en educación e induce a la inactividad laboral. Sería muy positivo sustituirlo por un sistema moderno de becas de estudio y una política laboral que fomente el empleo juvenil.

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Estrategias para enfrentar la discriminación laboral que afecta a los jóvenes

La mitad de los adolescentes no termina la secundaria a tiempo y la calidad de la educación recibida es mediocre. Consistente con ello, un 55% de los jóvenes menores de 24 años sufre severos problemas de empleo. Con la finalidad de atacar este problema el Progresar contempla subsidiar a los jóvenes entre 18 y 24 años pertenecientes a los hogares más pobres para que continúen sus estudios. Tal como está diseñado, más que solucionar los problemas existentes, el programa tenderá a promover el asistencialismo. Para combatir la discriminación laboral que sufren los jóvenes es mucho más efectivo mejorar la calidad y la pertinencia de la educación y eliminar trabas que desalientan la contratación de jóvenes. En este número de Empleo y Desarrollo Social se presentan propuestas de políticas públicas en esta dirección.

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La mitad de los jóvenes vive en contextos educativos adversos

La igualdad económica es una aspiración muy deseada en Argentina, pero está lejos de dejar de ser una mera declamación. La experiencia internacional muestra que igualdad y crecimiento económico no se contradicen sino que se potencian en la medida que se adopten estrategias correctas. Además de redistribuir ingresos en favor de los más pobres son imprescindibles políticas que promuevan la educación, el trabajo productivo y la participación laboral de las mujeres de bajos ingresos.      

Un tema de gran interés en la actualidad es el de la desigualdad. Los análisis más conocidos son los del economista francés Thomas Piketty quien señala que la muy alta y creciente concentración de riqueza en una ínfima porción de la población genera una economía patrimonialista que sofoca la igualdad de oportunidades y el progreso basado en el talento y la innovación. Su recomendación es crear un impuesto global a las grandes riquezas.

Otro estudio publicado recientemente por la OECD analiza la relación entre desigualdad y desarrollo de capacidades de las personas. El principal hallazgo es que en los países con alta desigualdad los hijos de padres con bajos niveles de educación desarrollan menos capacidades laborales y sociales que en los países más igualitarios. En otras palabras, en países con alta desigualdad la educación de los padres tiene una incidencia decisiva en la formación y el futuro laboral de los hijos, limitando la igualdad de oportunidades. De aquí que la recomendación sea poner el foco en las familias con padres de bajos niveles de educación buscando promover la participación laboral femenina y el desarrollo de centros de cuidados infantiles. 

En función de estos antecedentes resulta pertinente analizar los niveles de educación de los padres en los hogares de la Argentina. Según datos oficiales del INDEC, entre los jóvenes menores de 18 años de edad de la población urbana se observa que:

  • El 27% tiene al menos uno de los padres con educación superior a secundaria.
  • Otro 25% tiene al menos uno de los padres con educación secundaria completa.
  • El 48% restante tiene ambos progenitores con educación inferior a secundaria.

Estos datos muestran que en la Argentina la mitad de los jóvenes tienen padres con escasos niveles de educación. Dentro de las categorías que utiliza la OECD, estos jóvenes serían considerados individuos que se crían en contextos educativos adversos. Esta situación, junto al hecho de que la Argentina presenta mayores niveles de desigualdad que los países desarrollados, permite predecir que mucha de esta gente en el futuro presentará déficits de formación y, por lo tanto, limitadas posibilidades de aportar al desarrollo económico del país.

En economía, tradicionalmente se consideró que tender a redistribuir progresivamente ingresos podía atentar contra el crecimiento. El argumento parte de considerar que los segmentos de mayor nivel de ingresos tienen mayores tasas de ahorro, lo cual contribuye a financiar las inversiones necesarias para expandir la producción. Bajo esta lógica, redistribuir ingresos a favor de los grupos sociales más postergados aumentaría el consumo pero reduciría el ahorro y la inversión, hipotecando el futuro. Esta visión está cuestionada cuando la igualdad contribuye a la generación de capacidades productivas y participación social en toda la población aumentando la potencialidad de desarrollo.

Para lograr que la mayor igualdad sea fuente de crecimiento económico no alcanza con aplicar impuestos progresivos y redistribuirlos en favor de los más pobres. Importancia decisiva tienen las políticas educativas, laborales y de asistencia social. Factores claves son escuelas de alta retención y calidad de los aprendizajes, un mercado laboral fluido que facilite la incorporación de los jóvenes y las mujeres, y planes asistenciales que promuevan la planificación familiar para que la maternidad no interrumpa ni el desarrollo escolar ni los primeros pasos en el mundo laboral de las mujeres. Por el contrario, si la política se limita a mejorar los ingresos de los segmentos más postergados sin promover mejores desempeños educativos ni mayor actividad laboral el resultado será el estancamiento. Esto debido a la falta de competencias laborales y a la dependencia del asistencialismo que contamina la dinámica política con prácticas clientelares.

La Argentina tiene una alta vocación por construir una sociedad integrada e igualitaria, pero para concretar este anhelo no alcanza con redistribuir ingresos en favor de los más pobres. Para ingresar a una senda de progreso con inclusión social es imprescindible fomentar de manera sostenida y homogénea entre toda la población la cultura de la educación, el esfuerzo y el trabajo productivo.   

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Sólo 1 de cada 4 mujeres jóvenes trabaja

En el marco del aletargamiento en el nivel de actividad económica se hacen más explícitas las negativas consecuencias sociales derivadas de la baja calidad institucional. Testimonios concretos son las barreras que discriminan contra la inserción laboral de los jóvenes, especialmente las mujeres. Mientras que en los países más avanzados el progreso social se basa en altas tasas de empleo juvenil y femenino, en la Argentina el ingreso de los jóvenes está fuertemente condicionado por baja formación, regulaciones laborales e impositivas onerosas y burocráticas, y ausencia de estrategias para promover conductas reproductivas responsables.   

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Menos de 1 de cada 6 jóvenes tiene un empleo formal

Ante el persistente drenaje de reservas las autoridades anunciaron una nueva política cambiaria. Junto con ello, se dispuso la instrumentación del programa Progresar con el objetivo de paliar la marginalidad que sufren millones de jóvenes. Se sigue sin tomar conciencia de que la escapada del dólar refleja el exceso de gasto público muy mal administrado y que, por lo tanto, no habrá solución sin una profunda transformación del sector público. Pero más grave aún es inducir a miles de jóvenes, en el inicio de su vida productiva, a la dependencia del asistencialismo. 

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7 de cada 10 repitentes tienen padres con baja educación

Desde el oficialismo se comienza a reconocer la decadencia educativa de la última década. Pero, simultáneamente, se minimizan los impactos negativos de este fracaso. El testimonio más ilustrativo es pretender dar un cariz positivo a la gran cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan, aduciendo que la mayoría son mujeres dedicadas al cuidado de los hijos. Esta posición, de un conservadurismo apabullante, ignora que la combinación de maternidad temprana y bajo nivel de educación de la madre es un poderoso factor de reproducción intergeneracional de la pobreza al incidir negativamente en la educación de sus hijos.  

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La mitad de los jóvenes está atrasado o dejó la secundaria

En la estrategia publicitaria del oficialismo gana espacio la expresión “la década ganada”. Un caso extremo se dio en Río Negro donde se la incluyó en los boletines de calificaciones de los alumnos de las escuelas públicas. La manifestación contrasta con los propios datos oficiales que delatan que fue una década donde creció mucho la inversión en educación pero no mejoraron los resultados. Tamaño desperdicio de recursos públicos debería motivar una revisión crítica de los errores cometidos en lugar de querer transformar con propaganda el fracaso en éxito. 

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Sólo un tercio de los jóvenes trabaja

En las instituciones laborales y educativas subyace un gran celo frente a la posibilidad de la incorporación temprana de los jóvenes al mundo del trabajo. El principal argumento es que lo único valioso para un joven sería concentrarse en estudiar. Sin embargo, las mejores prácticas en el ámbito internacional demuestran que el empleo juvenil es un medio para mejorar la formación de los jóvenes y motorizar su progreso. La clave del éxito es incorporar en la secundaria contenidos de educación para el trabajo y promover una inserción temprana en una empresa. 

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Atraso y abandono afecta a mitad de los jóvenes en la secundaria

En la presentación del Plan Quinquenal de Educación se destacó el crecimiento de la inversión en educación, pero fueron nulas las referencias a los pobres resultados alcanzados. El fracaso educativo, que testimonian las propias estadísticas oficiales, es el resultado de multiplicar los recursos sin sentido estratégico. Para revertir la situación no alcanza con proclamar metas. Es fundamental respetar la responsabilidad de las provincias en la gestión de la educación, redefinir el régimen de coparticipación y crear un sistema de evaluaciones educativas riguroso a cargo de la Nación que induzca a las provincias a mejorar la gestión.  

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