Subsidios
Los avances en la normalización de tarifas y la modernización del esquema tarifario organizándolo en formato de red de transporte van en el sentido correcto. Pero no son las autoridades nacionales las que deben tomar estas decisiones y menos financiarlas. Es hora que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, por el conurbano, asuman sus competencias.
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El “Consenso Fiscal” es un gran avance en el ordenamiento del Estado. El punto central es que los mayores recursos que la Nación transferirá a la Provincia de Buenos Aires y al resto de las jurisdicciones se compensen con la eliminación de los subsidios a los servicios públicos en el área metropolitana. Queda pendiente ahora consensuar la eliminación de la superposición de funciones que prevalece entre organismos nacionales, provinciales y municipales. (más…)
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La persistencia de la inflación alerta sobre la importancia de reducir la emisión monetaria que se deriva del elevado déficit fiscal. En el corto plazo, esto se puede lograr acelerando la reducción de los subsidios económicos. De todas formas, el desafío más importante y complejo es transformar la organización del sector público eliminando los impuestos más inequitativos y distorsivos y profesionalizando al Estado para que brinde más y mejores servicios.
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La crispación por la reducción de los subsidios en Buenos Aires es otra evidencia del centralismo prevaleciente. Es incoherente hablar de “tarifazo” cuando en el interior del país el acceso a los servicios públicos es mucho más limitado y, cuando está disponible, desde hace años que se pagan tarifas mucho más cercanas a los costos reales. El esquema de ofrecer servicios públicos casi gratis a una parte de la población a costa del esfuerzo del resto es insustentable y muy injusto.
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El gobierno anunció la actualización de las tarifas eléctricas. Se pone fin así a un mecanismo de subsidios muy perverso que desencadenó una profunda crisis energética, una regresiva redistribución de ingresos a favor de los hogares de altos ingresos y agravó la discriminación contra el interior del país. Con el reajuste, tan importante como un régimen de tarifa social para los más pobres es hacer entender al resto de la población sobre los daños que generó este esquema tan irracional.
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Sorprendió la calma con la que el gobierno pudo salir del “cepo” cambiario. Pero las bases todavía son precarias. El principal factor de inestabilidad del dólar es la masiva emisión de pesos para cubrir el déficit fiscal. Por eso, para mantener la tranquilidad hay que reducir el desequilibrio del Estado. Esto obliga a una compleja agenda de reformas donde la más urgente y necesaria es una reducción sustancial de los subsidios económicos.
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Para evitar una gran devaluación del dólar es crucial detener la desenfrenada emisión de pesos. Esto sólo es posible reduciendo el gasto público, donde un componente clave son los subsidios económicos. Por eso, los principales desafíos para el próximo gobierno no pasan por replantear la política cambiaria ni por desarticular el cepo sino por actualizar las tarifas de los servicios públicos y reducir el déficit de las empresas del Estado.
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Apelando a un instrumento de excepción –un Decreto de Necesidad y Urgencia– el gobierno explicitó el acelerado crecimiento del gasto público. El déficit fiscal es un potente generador de inflación que provoca inevitables presiones sobre el dólar. Más allá de que se adopten paliativos, como oficializar el desdoblamiento cambiario, la cuestión más importante y compleja es ordenar las cuentas fiscales. Agotada la alternativa de seguir aumentando la presión tributaria, no queda otro camino que reducir los subsidios a empresas públicas y privadas.
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La inversión de recursos públicos para promover el acceso a servicios de agua y saneamiento tiene altos dividendos sociales. Esto no se está logrando con la enorme masa de subsidios que desde el Tesoro nacional se asigna a AySA. Por un lado, porque gran parte de estos recursos son usados para sostener el congelamiento de la tarifa a población con alto poder adquisitivo. Por el otro, porque la cobertura se limita a la Ciudad y el Gran Buenos Aires discriminando a los ciudadanos que viven en el interior del país.
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Aunque puedan estar operando intencionalidades políticas, los saqueos están asociados a la degradación del sistema judicial y de seguridad y a la mala calidad de las políticas públicas que se vienen aplicando. Apenas la economía se desacelera se explicita que la política fiscal es insostenible y que los subsidios sociales, lejos de actuar como un factor promotor de movilidad, operan como un mecanismo que perpetúa la dependencia de millones de personas del asistencialismo estatal. Se trata de un nuevo testimonio de que no se está aprovechando la inédita oportunidad que la bonanza internacional brinda para promover desarrollo social.
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