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El llamado de atención del FMI por las manipulaciones sobre el índice de precios resulta anecdótico en comparación con las graves consecuencias sociales y económicas que se derivan de la alta inflación. El aumento en los precios es la contrapartida de crecimientos en los costos laborales muy por encima de los aumentos de la productividad. Para romper este círculo inflacionario perverso, los esfuerzos no deberían centrarse en imponer topes a los aumentos de salarios sino, por el contrario, poner como prioridad que el sector público genere condiciones propicias para que las empresas incrementen la productividad.
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La experiencia internacional demuestra que un condimento esencial para alcanzar la equidad social es poner énfasis en los impuestos progresivos. Para el caso de los asalariados, esto se plasma en una alta incidencia del impuesto a las ganancias (que impacta, de manera creciente, sobre los salarios medios y altos) y una acotada presión de las cargas sociales (que pesa proporcionalmente más en los salarios bajos). Por eso, en lugar de pretender encauzar las negociaciones salariales del año 2013 reduciendo el impuesto a las ganancias, si realmente se quiere construir una sociedad más integrada el mejor instrumento es la reducción de las cargas sociales.
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La Argentina disfruta de precios de exportaciones respecto al de importaciones mucho más favorables que en la década de los ’90. Sin embargo, el aumento del dólar paralelo vuelve a colocar al salario medido en dólares por debajo de aquella época. La paradoja de un país con mayor capacidad adquisitiva de sus exportaciones pero menor capacidad de compra de su población se explica por la alta presión impositiva y la baja competividad. La solución pasa por mejorar el funcionamiento del sector público para que los impuestos se traduzcan en mejores servicios y se fijen reglas que induzcan a las empresas a ganar eficiencia.
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La escasa afluencia de turistas a los centros vacacionales domésticos es consistente con datos más precisos que muestran el estancamiento de la actividad económica y el deterioro en el empleo durante el año pasado. El problema central es el vertiginoso crecimiento de la presión impositiva, que no guarda relación con la cantidad y calidad de los servicios que brinda el Estado. En este marco, la no actualización del impuesto a las ganancias constituye la faceta más visible y cuestionada del crecimiento en la presión impositiva. Pero los mayores perjuicios económicos y sociales los genera el aumento en los otros impuestos.
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Aunque se siguieron aumentando los impuestos, la recaudación apenas creció al ritmo de la inflación. Como el incremento de impuestos no alcanzó para financiar el aumento del gasto público, con decretos de necesidad y urgencia se apeló a los fondos de la ANSES y el Banco Central. Esto refleja un serio desequilibrio de las cuentas públicas, pero también un grave deterioro institucional ya que parte importante de estos recursos se dilapidan en clientelismo con planes sociales y empleo público, subsidios a empresas públicas y privadas, propaganda oficial y discrecionalidad en las transferencias para someter a gobernadores e intendentes.
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Aunque la mejora en la distribución del ingreso es un objetivo que goza de amplios consensos, el INDEC confirmó que se mantiene un elevado nivel de inequidad. Un factor clave como determinante de las desigualdades sociales, además de las diferencias en los ingresos individuales, es el tamaño más grande de las familias pobres. En este aspecto, la mala calidad de las intervenciones estatales contribuye a potenciar las desigualdades, cuando por defecto de diseño y gestión inducen aumentos en la natalidad entre los hogares de más bajos ingresos.
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Aunque puedan estar operando intencionalidades políticas, los saqueos están asociados a la degradación del sistema judicial y de seguridad y a la mala calidad de las políticas públicas que se vienen aplicando. Apenas la economía se desacelera se explicita que la política fiscal es insostenible y que los subsidios sociales, lejos de actuar como un factor promotor de movilidad, operan como un mecanismo que perpetúa la dependencia de millones de personas del asistencialismo estatal. Se trata de un nuevo testimonio de que no se está aprovechando la inédita oportunidad que la bonanza internacional brinda para promover desarrollo social.
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