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El conflicto en torno a Gendarmería y Prefectura delata impericia en la gestión y el agotamiento de un modelo de organización basado en la superposición de acciones entre la Nación y las provincias. Esto induce una masiva dilapidación de recursos que necesariamente terminan en ajustes. Prueba de ello es que en el proyecto de Presupuesto 2013 elevado al Congreso Nacional, las partidas para estas dos fuerzas de seguridad crecen apenas 2,3%, cuando la estimación de inflación oficial es del 11,2%. Esta crisis es otro testimonio de la urgente necesidad de replantear la organización del sector público bajo el modelo federal que impone la Constitución.
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El proyecto de Presupuesto 2013 es cuestionado por basarse en las estadísticas oficiales manipuladas. Dejando de lado este tipo de controversia, el proyecto delata que la inflación ha pasado a ser un problema central para el fisco. Aunque el aumento de precios siga generando crecimiento nominal de la recaudación, no llega a compensar el impacto que la inflación tiene como factor de expansión del gasto público a través de la indexación de jubilaciones y salarios de los empleados públicos. La inflación se ha convertido en un factor de expansión autónoma del gasto público y, con ello, de insolvencia fiscal.
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Luego de 16 años de vigencia, la Ley sobre Riesgos del Trabajo muestra resultados positivos. Sin embargo, el resurgimiento de altos niveles de litigiosidad ponen en riesgo estos logros. En este marco, el proyecto de ley elevado por el Poder Ejecutivo al Congreso denota la intención de aportar instrumentos para proteger el sistema. Sin perjuicio de la revisión de algunos temas puntuales del articulado, resulta de fundamental importancia desplegar una actitud activa para cuidar y perfeccionar un sistema que demuestra generar altos dividendos sociales.
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Las manifestaciones de disconformidad de la población –más allá de que se canalicen contra el oficialismo o la inacción de la oposición–, en el fondo delatan la incapacidad para generar instituciones racionales y equitativas. Un ejemplo concreto es la degradación de la relación entre la Nación y las provincias. Según la Constitución Nacional de 1994, antes del año 1996 debía sancionarse una nueva ley de coparticipación federal. Pero la desidia y el oportunismo generaron las condiciones para una centralización extrema que es la fuente de las arbitrariedades.
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Del cruce de declaraciones entre el líder de uno de los principales grupos económicos y las autoridades nacionales emergió un tema que parecía desterrado: la competitividad. Las comparaciones internacionales sugieren que el problema está asociado a la baja calidad institucional. A la vez, señalan que el país cuenta con interesantes potencialidades competitivas en el sector privado. Por eso, el camino del progreso social está marcado por no seguir desaprovechando estas potencialidades y el extraordinariamente favorable contexto internacional.
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El día de la industria se celebra en un clima de incertidumbre y creciente pesimismo. El principal factor que conspira contra las posibilidades de desarrollo es la política cambiaria que genera un severo sesgo anti-exportador. No se trata de una experiencia novedosa para la Argentina, ya que estrategias parecidas llevaron a la decadencia exportadora que hizo eclosión en la década de los `80. Así, se va camino a desaprovechar una de las oportunidades históricas más extraordinarias que emergen del sostenido proceso de crecimiento económico de Asia la cual podría operar como un fuerte dinamizador de toda la cadena industrial.
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El INDEC estimó que en Resistencia la tasa de desempleo estaría muy próxima al 0%. El ente también advierte que la muy baja tasa de desempleo abierto está asociada a una alta proporción de personas en edad de trabajar que declara no estar interesada en insertarse en el mercado de trabajo. Esto, en la mayoría de los casos, manifiesta un problema laboral peor que el desempleo. En este sentido, la información del INDEC confirma la urgencia de instrumentar reformas que apunten a promover la generación de empleos, poniendo especial énfasis en revertir la discriminación que la legislación laboral e impositiva impone al interior del país.
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Algunas provincias están intensificando el reclamo para que se deje de derivar el 15% de la masa coparticipable a la ANSES. El fundamento del reclamo es que esa disposición dejó de tener sustento cuando se eliminó el régimen de capitalización. Sin embargo, la situación financiera de la ANSES es tan precaria que devolver esos recursos a las provincias le implicaría entrar nuevamente en déficit operativo. La solución no pasa por mantener la situación y seguir degradando el federalismo sino en replantear la política previsional y cumplir con el mandato constitucional de acordar una nueva ley de coparticipación federal.
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El gasto público asignado a la lucha contra la producción y el consumo de drogas ilícitas es modesto y asignado de manera deficiente. Prácticamente la totalidad se vuelca a la persecución de la oferta -por medio de fuerzas policiales, penitenciarias y judiciales- y muy poco al desaliento del consumo. Uruguay propugna legalizar la oferta de marihuana y concentrar esfuerzos en desalentar la demanda. Se trata de una idea innovadora que apuesta a luchar contra las drogas disminuyendo la rentabilidad del negocio del narcotráfico y ayudar a la gente a salir del flagelo.
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La cancelación de los BODEN 2012 fue presentada –como ocurrió con la estatización de los ahorros previsionales, la apropiación de reservas del Banco Central y la confiscación de las empresas privatizadas– como otro eslabón en el proceso de desendeudamiento. La realidad es que la deuda pública nacional registrada todavía es superior a la de la década de los ’90 y la contabilidad pública no registra una gran cantidad de nuevos pasivos. Por eso, no es exagerado afirmar que el futuro está fuertemente condicionado por los compromisos que de forma muy poco prudente se están acumulando en estos años.
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