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Los datos oficiales de diciembre señalan que la recaudación impositiva sigue creciendo a tasas muy altas. Sin embargo, corrigiéndolos por inflación, se observa que el ritmo es inferior al de la expansión económica. Esto evidencia crecientes dificultades para seguir aumentando la presión tributaria y, con ello, la imperiosa necesidad de moderar el crecimiento del gasto público. El gobierno muestra reacciones consistentes con esta realidad, pero la gravedad del problema demanda acciones más intensas y equitativas que las anunciadas hasta ahora.
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La metodología utilizada para sancionar el complejo y discutible paquete de leyes elevado por el Poder Ejecutivo al Congreso puso en evidencia el método de gestión política basado en la imposición. Tanto es así que en la aprobación del Presupuesto 2012 la mayoría de los diputados y senadores terminaron votando en contra de sus propias provincias al dejar en el Gobierno central tres cuartas partes de los recursos tributarios. Esto no sólo sirve para el sometimiento político de gobernadores e intendentes sino que opera como un poderoso factor de despilfarro y atraso social.
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La generación de empleos formales opera como un poderoso factor de movilidad social. La evolución de los últimos años muestra una fuerte creación de empleos “en blanco” gracias a que las empresas compensaban los costos espurios que provocan muchas regulaciones laborales pagando salarios reales “licuados” por la devaluación del año 2002. Pero apenas el salario real recuperó su nivel anterior a la crisis, la compensación dejó de ser posible y se aletargó la reducción de la informalidad. Por eso, y ante la posible reversión del “viento de cola” internacional, aumenta la urgencia y la prioridad de revisar las regulaciones laborales.
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El rasgo más destacado del nuevo gabinete es la continuidad. Sin embargo, los desafíos que se avizoran hacia el futuro son significativamente diferentes. Un dato objetivo que sugiere la importancia de los cambios de escenarios que se avecinan para la segunda gestión de gobierno es el profundo deterioro de las cuentas públicas. Salvo que se apele a algún otro tipo de apropiación –como ocurrió con los ahorros previsionales y las reservas del Banco Central– se impone un profundo replanteo en la organización y el funcionamiento del sector público argentino.
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En el marco de los embates sobre el dólar, la fuga de capitales y el alto déficit fiscal, el aumento en la recaudación impositiva es presentado como una señal alentadora. Sin embargo, resulta ser más un síntoma de debilidad que de fortaleza, ya que una alta proporción de los ingresos tributarios proviene de impuestos sobre las exportaciones y las importaciones los cuales están disminuyendo en términos relativos. Este es otro punto de vulnerabilidad fiscal que se potencia en el contexto de las inestabilidades de la economía mundial.
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La eliminación de los subsidios a empresas públicas y privadas es tan necesaria como urgente. Desde el año 2009 el sector público nacional está en déficit, aun cuando se apeló a una batería de confiscaciones como la negación de la movilidad previsional, la vuelta al reparto, la estatización de los ahorros previsionales y la elevación de las rentas del Banco Central con alta inflación. En este marco, pedir a la población de mayores ingresos que renuncie voluntariamente a los subsidios desnuda una debilidad extrema en la gestión pública. En los países bien organizados, el Estado estipula tarifas de servicios públicos consistentes con sus costos y los hogares pobres son subsidiados a través de tarifas sociales.
VEREl hambre es un problema real que afecta a millones de habitantes de nuestro país y tiene graves consecuencias sobre los niños y adolescentes. Sin embargo, según la Organización para la Agricultura y la Alimentación de la ONU, Argentina produce comida suficiente para alimentar a 442 millones de personas. Es evidente que no se trata de un problema de disponibilidad de alimentos, sino de falta de acceso a éstos por parte de los sectores más pobres de la población. En este número de Empleo y Desarrollo Social examinamos la información disponible sobre esta problemática y las actividades de los Bancos de Alimentos. Estas acciones de la sociedad deben ser reforzadas con un apoyo más decidido del Estado.
>Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares que el INDEC ha vuelto a publicar recientemente revelan que en la Argentina hay 4,4 millones de personas con empleos informales de mala calidad y 1 millón de desempleados. Esta evidencia demuestra que a pesar del crecimiento económico y de las medidas implementadas en los últimos años, los problemas laborales continúan sin resolverse. La devaluación del año 2002 indujo una importante generación de empleos sustentada en la erosión del salario real, pero este modelo se ha agotado. Ahora es necesario
implementar una fuerte modernización de las instituciones laborales, con énfasis en un régimen especial para las microempresas que concentran un alto porcentaje del empleo privado no registrado y operan con una lógica de “trabajo – trabajo”.
La informalidad laboral es un fenómeno profundamente arraigado en nuestro país, con derivaciones económicas, sociales y éticas muy negativas. Para reducir su incidencia es necesario generar un contexto de alto crecimiento económico, mejorar sustancialmente la formación de la fuerza de trabajo y ejecutar controles con mayor eficacia. Pero, lo que es tanto o más importante aún, se requieren instituciones laborales más amigables con las microempresas. La fuerte concentración de la informalidad laboral en pequeñas unidades productivas en las que predomina una relación trabajo-trabajo sugiere que la posibilidad de establecer un estatuto laboral especial para estas microempresas sería un paso fundamental para incrementar la formalidad en el mercado laboral. En este número de Empleo y Desarrollo Social se presentan algunos lineamientos básicos para el diseño de este estatuto.
>La proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan es muy alta y la calidad de los empleos que obtienen los que trabajan es muy baja. Este fenómeno responde a varios factores causales, aunque entre éstos se destaca el inadecuado diseño de las políticas educativas y laborales. En los países que presentan los mejores indicadores de inserción laboral juvenil, un inteligente diseño institucional incentiva a los estudiantes para establecer vínculos con las empresas mientras cursan el nivel secundario, estimulando tanto la cultura del estudio como la del trabajo. A partir de estas experiencias, en este número de Empleo y Desarrollo social se discuten algunos lineamientos orientados a la instrumentación de políticas educativas y laborales para una mayor inclusión social de los jóvenes.
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