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Es inminente el anuncio de un nuevo aumento del salario mínimo legal. Otro ejemplo de regulaciones impuesta desde Buenos Aires con muy bajo cumplimiento en el Interior. Bajo las actuales condiciones, aumentar el salario mínimo legal es un acto de hipocresía ya que se ignoran las precarias condiciones de productividad que prevalecen entre gran parte de las empresas, particularmente los pequeños emprendimientos del Interior. Para que el salario mínimo legal sea una herramienta de progreso y equidad social, previamente hay que cambiar la política tributaria y federalizar los recursos públicos que masivamente se concentran en la Capital.
VERLa obcecación por dar importancia nacional a las elecciones de la Capital es un testimonio más de la visión al extremo centralizada prevaleciente en la dirigencia política argentina. En sentido contrario, una nueva encuesta del INDEC, que brinda información referida a pequeñas ciudades, cuantifica el notorio contraste entre la situación laboral del Interior respecto a la de la Ciudad de Buenos Aires. Es una evidencia concreta de las consecuencias negativas que tiene pensar y formular políticas públicas a medida de la Capital, menospreciando al interior del país.
VERLa decisión de prohibir los avisos de oferta sexual fue tomada con el objeto de combatir la trata y la explotación de personas. Sin embargo, la experiencia internacional muestra que la vía más efectiva para combatir los delitos vinculados al comercio sexual es transparentar la actividad. Así, se brinda protección, se facilita el control estatal y se favorecen las denuncias de las víctimas de delitos. La medida es otro caso donde la improvisación y el oportunismo, no sólo que no permite cumplir con los objetivos declamados, sino que genera enormes costos sociales.
VEREl empleo asalariado registrado vuelve a crecer a tasas elevadas, pero insuficientes frente a los severos problemas laborales que sufre la Argentina. Esto demuestra que no se está aprovechando la bonanza económica para avanzar hacia una sociedad más equilibrada. Para no seguir dilapidando oportunidades, el próximo gobierno no sólo deberá corregir las distorsiones macroeconómicas sino también impulsar un ambicioso proceso de mejora en la calidad institucional que incluya la modernización de las regulaciones laborales.