Informes Nacionales
En la sociedad moderna, los sindicatos tienen roles estratégicos en la promoción de la producción y la distribución más igualitaria del ingreso. Por eso, amenazar con disponer un paro nacional frente a la indagación judicial de un dirigente sindical implica una degradación institucional extrema, con enormes daños económicos, políticos, éticos y sociales. La responsabilidad no es sólo de los dirigentes que cometen los abusos sino de la actitud condescendiente de gran parte de la sociedad respecto a las malas prácticas que se han arraigado en el sindicalismo argentino.
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Los costos laborales medidos en dólares y corregidos por productividad han superado los niveles de la década de los '90. No hay riesgos de una crisis como en el 2002 gracias al favorable contexto internacional. Sin embargo, se explicita que el “modelo de tipo de cambio alto” fue una experiencia transitoria que se esfumó ante la previsible presión social por recuperar el salario real. El remedio no pasa por otra devaluación, ni en poner trabas a las importaciones o fijar ajustes salariales inferiores a la inflación, sino por repensar integralmente el sector público para enfocarlo a mejorar la productividad de la economía.
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Fallos de la Corte Suprema viene sosteniendo el criterio de que los componentes no remunerativos del salario forman parte del cálculo jubilatorio. Esto choca con la realidad de sindicatos y empleadores que, con el aval del Ministerio de Trabajo, utilizan profusamente los no remunerativos como medio de dar viabilidad a aumentos de salario que al menos compensen la inflación. La solución no pasa por exacerbar la judicialidad sino en reducir la carga impositiva que sufren los salarios más bajos a través de un mínimo no imponible para el pago de las cargas sociales.
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Varios factores motorizan el severo proceso de decadencia educativa. Uno muy importante es el salario que no estimula la excelencia y el esfuerzo docente, y se determina a nivel nacional cuando la mayor parte de las erogaciones la afrontan las provincias. Otro fenómeno muy negativo es la equivocada creencia de que aumentando el gasto automáticamente mejora la educación. Para empezar a revertir la decadencia hay que cambiar las reglas de organización apuntando a un esquema de remuneraciones más descentralizado que premie los resultados.
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Las aspiraciones de que los haberes previsionales tengan mayor proporcionalidad con los salarios en actividad colisionan con la realidad de que el sistema previsional tiene muy pocos aportantes con respecto a la cantidad de jubilaciones y pensiones a pagar. El centro del problema son los 3 millones de nuevos beneficios sin aportes que se distribuyeron discrecionalmente a través de las moratorias y pensiones no contributivas en los últimos años. Además del problema social, ético y financiero que esto representa, es la peor herencia que recibirá el próximo gobierno.
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La inflación incrementa los salarios nominales y esto, junto con la no actualización de los mínimos no imponibles, hace que cada vez más trabajadores paguen el impuesto a las ganancias. Se trata de un incremento espurio de la presión impositiva ya que no se origina en una mayor capacidad adquisitiva. Ante los legítimos reclamos para que se actualicen los mínimos no imponibles, cabe reflexionar que sería mucho más progresivo priorizar la reducción de las cargas sociales, cuya incidencia es muy alta en los salarios más bajos.
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El gobierno adelantó que en marzo los haberes previsionales se incrementarán un 17,33% por aplicación de la fórmula prevista en la ley de movilidad. Descontada la inflación, la jubilación media se ubica prácticamente en el mismo nivel de poder adquisitivo que tenía en el año 2000, es decir, los aumentos apenas compensan los incrementos de precios. Este promedio esconde situaciones disímiles. Mientras algunos haberes crecieron mucho más que los precios, otros acumulan pérdidas de hasta un 33%. Allí radica la principal hipoteca del sistema previsional argentino.
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Gran parte del inédito crecimiento del gasto público nacional del último quinquenio es producido por los subsidios a las empresas públicas y privadas, y por las jubilaciones otorgadas a personas que no hicieron aportes. Estos mecanismos implican desviar una gran cantidad de fondos públicos en beneficio de población de ingresos medios y altos, y de la burocracia, los intermediarios y la corrupción. Este es uno de los motivos que explican porqué, aun con presión impositiva récord, no mejoran los servicios del Estado ni tampoco se logra reducir la pobreza.
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En el año 2010 la inflación en la Argentina es de las más altas de la región, aún con la distorsionada medición oficial del INDEC. La inflación tiene consecuencias sociales muy graves, como el desaliento a la inversión productiva y la erosión de los ingresos de la población. Mezclada con impericia, genera hasta problemas impensados como la escasez de billetes. Menos explícito es su rol como fuente de ingresos nominales no genuinos, a través de las rentas del Banco Central y la ANSES, que en el corto plazo disimulan los desequilibrios en las cuentas públicas, pero en el mediano plazo pavimentan el camino hacia una profunda crisis fiscal.
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La práctica de realizar pagos con dinero en efectivo está íntimamente vinculada con la muy alta evasión impositiva. Son muchas y graves sus consecuencias negativas, que van desde los hechos luctuosos (como las salideras bancarias) a algunos impensados (como la falta de billetes). El nuevo impulso oficial para imponer una modernización de los métodos de pagos fracasará (como los anteriores) si no media una profunda reforma tributaria. Un aspecto clave es la eliminación del impuesto al cheque, el principal factor de desaliento a la bancarización, sustituyéndolo, si fuera necesario, por un impuesto al uso de dinero en efectivo.
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