25/12/2016 -
Número 684

$8 de cada $10 de recaudación vienen de consumo y producción

Sería deseable que el trabajoso acuerdo logrado para reformar el impuesto a las ganancias sea el punto final de un debate mal planteado. La Argentina sufre una estructura impositiva compleja y perversa que grava mucho al consumo y a la producción y poco a los ingresos altos y a la propiedad. Para promover progreso e inclusión social la prioridad no es reducir la incidencia del impuesto a las ganancias sino cambiar el resto del sistema tributario.

Finalmente se logró acordar cambios en el impuesto a las ganancias. El resultado es una versión mejorada del muy desprolijo y deficiente proyecto que la oposición había sancionado en Diputados. El aumento en los mínimos no imponibles es inferior, se actualizó por primera vez después de décadas la tabla de alícuotas, no se crean impuestos muy cuestionables y se evita incorporar algunos mecanismos que incitan a la elusión (como desgravar las remuneraciones por productividad).

La nueva ley no deja de ser defectuosa. En la comparación con la experiencia internacional los mínimos no imponibles son todavía altos y las alícuotas crecen de manera muy brusca en el tramo medio de los ingresos. Además, se burocratizó el cálculo sumando exenciones en el aguinaldo, las horas extras y las jubilaciones. Pero el hecho de que se haya estipulado una mecánica de ajuste automático de los parámetros del impuesto para que no se desactualicen con la inflación alienta la esperanza de que el impuesto a las ganancias deje de acaparar tanta atención en la agenda de políticas públicas

Para detectar los temas pendientes en la Argentina en materia tributaria sirve analizar la estructura impositiva por tipo de impuestos. Así, según datos del Ministerio de Hacienda de la Nación en el año 2016 se estima que se recaudará alrededor del 30% del PBI en impuestos nacionales y provinciales. Su distribución será la siguiente:

 

  • El 23% corresponderá a impuestos a los ingresos y a la propiedad.

 

  • El 39% corresponderá a impuestos al consumo.

 

  • El 38% corresponderá a impuestos a la producción.

 

Estos datos muestran que la estructura tributaria argentina es regresiva y distorsiva. Los estratos sociales más acomodados (altos ingresos y muchas propiedades) pagan apenas 2 de cada 10 pesos de impuestos. La contrapartida es que la mayor responsabilidad en el sostenimiento del Estado reposa en los estratos bajos y medios. Muy sugerente en este sentido resulta que 8 de cada 10 pesos de recaudación se generen a través de impuestos al consumo y a la producción. Los impuestos al consumo (cuyos pilares son IVA nacional e Ingresos Brutos provinciales) afectan proporcionalmente más a los sectores populares. En paralelo, un complejo entramado de impuestos gravan los factores de la producción (impuesto al cheque, a los combustibles, al empleo formal, al comercio exterior) contribuyendo a que haya menos inversión, menos empleo formal y menores salarios.

Asumir como meta prioritaria la inclusión es inconsistente con apelar a sostener al Estado tan intensamente con impuestos al consumo y a la producción. En países altamente productivos e inclusivos, como Dinamarca y Canadá, los impuestos sobre los ingresos y a la propiedad contribuyen con entre el 60% y el 70% de la recaudación tributaria total. Aun tomando puntos de comparación más cercanos, como Chile, aparece que los impuestos a las ganancias y a la propiedad representan el 37% de la recaudación total. En la Argentina, en cambio, los impuestos a los ingresos y a la propiedad apenas contribuyen con un quinto de la recaudación.

Para ser coherentes con el declamado compromiso con la inclusión y la producción se debe dar por cerrado el debate por el impuesto a las ganancias y revisar el resto de los impuestos. Es de una irritante hipocresía amenazar con parar el país para que los asalariados no paguen impuesto a las ganancias, usando como argumento la necesidad de garantizar la comida en la mesa de los trabajadores, cuando la mitad de los precios de los alimentos están conformados por  impuestos a la producción y al consumo.

El éxito en el desafío de construir un sistema tributario más justo requiere reducir el gasto público. Aquí tiene un peso importante la reforma previsional y revisar la burocracia heredada en el sector público. Este espacio fiscal es necesario para hacer un profundo replanteo tributario y de la coparticipación federal. En este sentido, es fundamental fusionar el IVA nacional con Ingresos Brutos provincial, disponer que el impuesto al cheque sea a cuenta de otros impuestos, fijar mínimos no imponibles a las cargas sociales –para que los trabajadores de menores ingresos y las empresas más chicas queden exceptuadas– y profundizar el proceso de reducción de impuestos al comercio exterior.

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