29/12/2013 -
Número 528

El Estado administra casi la mitad del PBI

El sector público nunca contó con tantos recursos y, paradójicamente, nunca acumuló tanto cuestionamientos de la sociedad a la calidad de los servicios que brinda. Desde familias que migran a la educación, la salud y la seguridad privada, hasta la organización para la auto-defensa o la auto-generación de electricidad con grupos electrógenos. Plantear como principio ideológico el tamaño del Estado es un camino inconducente. La calidad de vida de los ciudadanos depende de una gestión pública inteligente, transparente y profesionalizada.

La experiencia internacional muestra que el progreso de un país no depende del tamaño del Estado sino de la calidad de la gestión pública. Prueba de ello es que en los países más avanzados las dimensiones del sector público son muy variables. Las sociedades más prósperas se distinguen de las más atrasadas por el sentido estratégico en la asignación de los fondos públicos y en la aplicación de técnicas modernas de gestión. En otras palabras, el éxito de las sociedades no depende tanto de la cantidad de recursos apropiados por el Estado a través del cobro de impuestos sino de la calidad de los servicios a través de los cuales los impuestos retornan a la sociedad. 

Según estimaciones recientes del Fondo Monetario Internacional (FMI), el sector público total de la Argentina, es decir, la Nación, las provincias y los municipios, administra aproximadamente el 45% del Producto Bruto Interno (PBI). Esto implica que del total de los ingresos generados por la sociedad poco más de la mitad queda en poder de los privados mientras que el resto es administrado por alguno de los tres niveles del Estado. En el año 2003, el gasto público total representaba el 30% del PBI, es decir que el crecimiento del gasto público total en la última década, en términos del PBI, fue del 50%.

Las estimaciones del FMI también permiten realizar comparaciones homogéneas con otros países. En este sentido, es interesante observar que entre los años 2003 y 2013:

  • En Chile, el gasto público total pasó del 22% al 24% del PBI.
  • En Uruguay, el gasto del Estado creció del 33% al 35% del PBI.
  • En Brasil, el gasto público total aumento del 39% al 40% del PBI.

Estos datos muestran que la tendencia en el Cono Sur fue hacia una mayor asignación de recursos a favor del sector público. Pero la intensidad de los procesos fue muy diferente. En los países vecinos el aumento del sector público se dio por el crecimiento de la actividad económica y un moderado incremento en su participación dentro del PBI. En una década el sector público de esos países creció entre 1 y 2 puntos porcentuales del PBI. En Argentina, en cambio, este nivel de crecimiento se dio en cada año, acumulando en toda la década un salto de 15 puntos del PBI. De un tamaño similar al de Uruguay y por debajo de Brasil, actualmente Argentina es el país con el sector público más grande del Cono Sur.

De todas formas, hay países muy avanzados, como los nórdicos, donde el tamaño del Estado es mayor que en Argentina. La gran diferencia es que en la Argentina el agigantamiento del sector público se dio junto con el empeoramiento en la gestión. De allí la frustración y los legítimos reclamos de la población.

Una de las manifestaciones del deterioro del Estado es la creciente apelación a la inflación como forma de financiamiento. Aunque la presión tributaria creció a niveles récords, no alcanza para financiar el gasto público total. Por eso se recurre a la emisión monetaria sin respaldo a la que se le sumarían las provincias emitiendo cuasi-monedas. La consecuencia es que desde hace 5 años las  tasas de inflación de Argentina son superiores al 20% anual cuando en los países vecinos se ubican entre el 4% y el 8% anual.

Otra manifestación del deterioro es la mala calidad de los servicios que brinda el Estado. Los testimonios son generalizados y en muchos casos dramáticos. La huida de la educación pública es vertiginosa, al punto que 8 de cada 10 nuevos alumnos de primaria y secundaria optaron, en la última década, por establecimientos de gestión privada. En materia de seguridad sigue creciendo la contratación de servicios privados y parte de la población se arma para auto-defenderse de la inseguridad. La insuficiente inversión en infraestructura ha generalizado la auto-generación de electricidad, incluso para el consumo familiar. Lo más paradójico es la elevada proporción de la población que sigue viviendo en la pobreza, cuando el Estado maneja casi la mitad de los recursos de la sociedad.

El debate ideológico sobre el tamaño del Estado es estéril. No es por insuficiencia de recursos sino por insuficiencia de gestión que el Estado fracasa en ofrecer educación, seguridad e infraestructura y no logra eliminar la pobreza. Por eso, el debate relevante pasa por introducir inteligencia, transparencia y profesionalidad en la gestión pública.  .   

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