Informe Nº: 70629/05/2017
El crecimiento de la litigiosidad en el sistema de riesgos del trabajo es vertiginoso. El fenómeno está asociado a los criterios laxos y concesivos que aplica la Justicia en cuatro provincias. En estas jurisdicciones, se genera casi el 80% del total de juicios de todo el país. La reforma sancionada por el Congreso de la […]
El crecimiento de la litigiosidad en el sistema de riesgos del trabajo es vertiginoso. El fenómeno está asociado a los criterios laxos y concesivos que aplica la Justicia en cuatro provincias. En estas jurisdicciones, se genera casi el 80% del total de juicios de todo el país. La reforma sancionada por el Congreso de la Nación, que ya cuenta con la primera adhesión a través de una ley sancionada por la Legislatura de Córdoba, es un nuevo intento por resolver este crucial problema.
La Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT) instituye un seguro social a través del cual los empleadores contratan la cobertura de sus trabajadores ante la contingencia de accidentes y enfermedades laborales. El resultado más importante es que desde su nacimiento, en el año 1996, la tasa de mortalidad por riesgos del trabajo en las empresas cayó desde 16 a 5 muertes por cada 100 mil trabajadores. Esta reducción en la siniestralidad implica que se evitaron más de 500 muertes por año. Sin embargo, la cantidad de juicios muestra un crecimiento exponencial, al punto tal que la litigiosidad en el sistema de riesgos del trabajo se erige como una de las principales barreras a la generación de empleo productivo.
Si bien la LRT es nacional, las demandas judiciales se presentan y se resuelven en las Justicias provinciales. En función de esto, las diferencias en la intensidad de la litigiosidad en cada provincia es un indicio de la disparidad de criterios con los que el Poder Judicial aplica la norma nacional en su jurisdicción.
Datos oficiales aportan evidencias sobre esta heterogeneidad. Según información publicada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), la cantidad de juicios por cada 1.000 trabajadores cubiertos en el año 2015 fue de:
Estos datos muestran que la litigiosidad está muy concentrada en cuatro provincias. Si en ellas se registrara la misma tasa de judicialidad que en las restantes, el total de juicios de todo el país se reduciría en un 50%. En otras palabras, si el Poder Judicial de Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba actuara parecido al del resto del país, se tendría la mitad de los juicios que se tiene en la actualidad. Esto permite estimar que al menos 1 de cada 2 juicios por riesgos del trabajo es espurio.
Frente a esta realidad, el Congreso de la Nación reaccionó sancionando una nueva reforma sobre la LRT. El punto más importante es que reafirma la aplicación de reglas objetivas y de aplicación automática para dimensionar el daño en la integridad física del trabajador y cuantificar las indemnizaciones. Para evitar demoras y discrecionalidad se ratifica que el órgano público responsable de aplicar estas reglas sean las Comisiones Médicas. La meta es que la mayoría de los casos se resuelvan en este ámbito administrativo, reservando la intervención judicial sólo para controversias atípicas que ameriten análisis más complejos. Para reforzar la legalidad de este procedimiento administrativo, la norma prevé que cada provincia adhiera a la ley.
La primera jurisdicción que sancionó a través de su Legislatura la adhesión a la ley nacional es Córdoba. Lo hizo contemplando una serie de pautas que apuntan a garantizar objetividad, transparencia y calidad en el funcionamiento de las Comisiones Médicas, incluyendo el involucramiento de la Provincia en la gestión de este organismo. Subyace el convencimiento de que es fundamental generar un modelo de gestión ágil y amigable de evaluación del daño y cuantificación de la reparación.
Los desvíos en el sistema de riesgos del trabajo muestran hasta qué punto las prácticas rentísticas generadas por el mal funcionamiento del Estado son muy difíciles de erradicar. La minoría que se beneficia con la actividad parasitaria se organiza corporativamente para preservar sus privilegios escondiéndolos detrás de supuestas motivaciones altruistas. En contrapartida, el interés común aparece desdibujado y con débiles mecanismos de defensa. Así, se toleran injusticias irritantes como que dos situaciones idénticas tengan tratamientos diferentes según la provincia o que se generen potentes desincentivos a la creación de empleo formal por el alto costo del seguro de riesgos laborales y la incertidumbre que genera la exacerbación de la litigiosidad.
