1 de cada 4 familias vive en viviendas precarias.

El escándalo en la Asociación Madres de Plaza de Mayo no es un hecho aislado sino apenas un testimonio de un mecanismo de uso masivo y sistemático. A través de la canalización de fondos públicos por fuera del circuito estatal –ya sea para financiar proyectos de ONG, cubrir déficits de empresas públicas o subsidiar empresas privadas– se eluden los controles y las formalidades del Estado. Más allá del doble discurso a favor de lo estatal y la posterior elusión de sus controles, este modelo de gestión crea las condiciones para la corrupción y no resuelve los problemas sociales, aún con abundancia histórica de recursos fiscales.

En los países bien organizados las personas acceden a la vivienda a través de medios propios, sea por la acumulación de ahorros, el acceso al crédito hipotecario de largo plazo o una combinación de ambos. En los países de menor desarrollo, la accesibilidad está mucho más restringida tanto porque una parte importante de la población tiene remuneraciones bajas e inestables como por la ausencia de instituciones de crédito de largo plazo para la vivienda. Por ambos motivos, los problemas de falta de vivienda o viviendas inadecuadas se presentan con mayor asiduidad.

Para el caso argentino no es posible hacer un diagnóstico preciso y actual de la situación habitacional hasta que no se cuente con los datos desagregados del Censo 2010. Sin embargo, con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, correspondiente al año 2010, se puede trazar un panorama bastante aproximado. Para tener una idea de órdenes de magnitud, es útil señalar que mientras el Censo 2010 identificó a aproximadamente 40 millones de personas que habitan en 14,3 millones de viviendas, la EPH cubre a 25 millones de personas que viven en los grandes aglomerados urbanos y habitan aproximadamente 7,7 millones de viviendas. Tomando este universo más acotado aparecen los siguientes rasgos:

• El 25% de las viviendas pueden ser consideradas precarias dado el material de construcción, la ubicación, el nivel de hacinamiento o los servicios con que cuenta.
• La precariedad habitacional aumenta a aproximadamente el 35% en las provincias del norte argentino y el Gran Buenos Aires.
• Por el contrario, en la Ciudad de Buenos Aires la incidencia de las viviendas precarias es del 13%.

Estos datos, aproximados pero oficiales, alcanzan para señalar que los problemas de vivienda en el país son muy serios, especialmente en las regiones más pobres. Las soluciones de fondo pasan por mejorar la productividad de la economía, la calidad de los empleos y establecer reglas para que el ahorro interno –en lugar de fugarse hacia el atesoramiento de dólares– sea canalizado al sistema financiero de largo plazo. Como se trata de temas complejos y de largo aliento, la construcción de viviendas sociales se convierte transitoriamente también en una prioridad.
Frente a este panorama, es entendible la indignación ante las sospechas de desvío de fondos destinados a la asistencia social utilizando el “paraguas” de una organización de derechos humanos. Si bien la reacción es lógica, frente a lo que sería una categoría superior de corrupción, el esquema bajo el que opera dista de ser una excepción. Por el contrario, es apenas una variante de los múltiples mecanismos de elusión de controles estatales sobre la administración de fondos públicos que se viene masificando y generalizando en los últimos años.

La operatoria se basa en canalizar fondos públicos a entidades que, al ser de naturaleza no estatal, no están sujetas a los procedimientos de contratación, formalidades y controles que rigen dentro del Estado. Esto incluye la utilización de fondos públicos para proyectos que ejecutan ciertas ONG (por ejemplo, Madres de Plaza de Mayo o la agrupación de Milagros Salas en Jujuy), pero en la misma lógica entra la creciente asignación de recursos fiscales a empresas estatales y privadas. Por ejemplo, ENARSA o Aerolíneas Argentinas ejecutan contratos de enormes magnitudes con procedimientos y controles mucho más relajados que los que rigen en el sector público. En igual sentido, un subsidio asignado discrecionalmente a una empresa privada da una flexibilidad en la administración de los fondos públicos imposible de disponer si la gestión de esos mismos recursos fiscales se hiciera cumpliendo con la normativa del Estado.

La gravedad del déficit de vivienda y de otros problemas sociales justifica un compromiso vigoroso del Estado en la búsqueda de soluciones. La eficacia no la determina el tipo de gestión –pública, privada o con ONG afines ideológicamente– sino la calidad de las reglas bajo las cuales se administran los recursos públicos. La experiencia internacional indica que se pueden lograr buenos resultados con la intervención directa del Estado, articulando con ONG o delegando en empresas privadas. Pero, en todos los casos exitosos, la racionalidad de las reglas y la transparencia están por encima de las  ideologías.