1 de cada 4 pesos de Ingresos Públicos van a asistencialismo

Los partidos de la oposición se alinearon para aprobar en el Senado un proyecto de ley que implica multiplicar los planes asistenciales. La iniciativa pareciera ignorar que el  presupuesto para el año próximo ya contempla que un cuarto de los ingresos públicos se asigne a esta función. Pero lo más criticable es la tozuda apelación al asistencialismo tradicional en lugar de aportar ideas que ayuden a encontrar soluciones estructurales a los problemas sociales.

Los partidos de la oposición aprobaron en el Senado un proyecto de ley denominado de Emergencia Social. La iniciativa propone que en el marco del plan asistencial Argentina Trabaja se obligue al Ministerio de Desarrollo Social a crear 1 millón de nuevos “puestos de trabajo”. La referencia a puestos de trabajo es un eufemismo. En realidad, se trata de darle un millón de nuevos planes asistenciales a las organizaciones piqueteras.

Además propone la creación de un Consejo de la Economía Popular, con mayoría de las organizaciones piqueteras, que definirá un Salario Social Complementario (SSC) cuyo monto se determinará en base a un índice de precios de una canasta popular que definirá el mismo Consejo. También se establece que la Asignación Universal por Hijo se incremente en un 15%. Para presionar por la sanción de esta ley, la Confederación General del Trabajo (CGT) y las organizaciones piqueteras organizaron una marcha y movilización al Congreso.

Una forma de evaluar la pertinencia del reclamo es analizando lo que el Estado nacional proyecta otorgar como ayudas sociales en el Presupuesto 2017. Según el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas se observa que:

• El Ministerio de Trabajo proyecta asignar $6,4 mil millones a planes de empleo y capacitación laboral.

• El Ministerio de Desarrollo Social proyecta asignar $128 mil millones en planes asistenciales.

• ANSES tiene proyectado gastar $363 mil millones en la Asignación Universal por Hijo, el plan Progresar y las jubilaciones sin aportes (moratorias).

Estos datos muestran que la cantidad de recursos asignados a ayudas sociales es muy grande. Se trata de casi $500 mil millones. Representan un 26% del total de ingresos públicos del Estado nacional. Es decir, 1 de cada 4 pesos que recauda el Estado nacional van a planes asistenciales. Si a esto se suma las erogaciones que las provincias y los municipios realizan con la misma finalidad se llegaría a un monto que supera la brecha de pobreza. Es decir, si todo el dinero que se asigna a planes asistenciales efectivamente llegara a las familias de más bajos ingresos, el INDEC no debería reportar gente con ingresos por debajo de la línea de pobreza.

El proyecto aprobado por el Senado, además de incoherente, desnuda pobreza de ideas. La distribución masiva de planes asistenciales tiene como antecedentes más relevantes al Plan Trabajar en la década de los noventa y al Plan Jefas y Jefes de Hogar en el año 2002. Ambos demostraron que estas herramientas son rústicas, limitadas y altamente permeables a ser usadas para fines espurios. Los principales beneficiarios de este tipo de planes no son las familias pobres sino los lideres que se apropian de fondos públicos para acumular poder ejerciendo el rol de intermediarios en la gestión del gasto asistencial.

Para combatir la pobreza no se necesita más planes sociales sino mejores estrategias. Por un lado, es fundamental eliminar la multiplicidad de programas asistenciales que de manera superpuesta aspiran a llegar a los hogares vulnerables. La superposición multiplica los gastos administrativos, posibilita el desvío de fondos a población no pobre y facilita las prácticas clientelares. Por el otro, asumir que no existe política asistencial que compense la falta de inversión y generación de empleos formales. Los planes asistenciales pueden aportar paliativos transitorios o atender situaciones críticas, pero carecen de capacidad para garantizar una sociedad más integrada. Para incluir, se necesita buenas políticas económicas, laborales y educativas.

Sería muy importante que los legisladores en lugar de insistir con ideas que han fracasado en el pasado hagan aportes para mejorar la calidad en la gestión de los planes actuales. Además, dado que el progeso social depende mucho más de la generación de empleos productivos que de los planes asistenciales, sería trascendental que se aboquen a dar mayor racionalidad al gasto público, refomar el sistema impositivo y el regimen de coparticipación y modernizar las instituciones laborales y educativas.