Informe Nº: 71102/07/2017
La discusión en torno a la actualización del salario mínimo legal no llegó a un acuerdo. El problema no es la falta de capacidad de consenso sino que, ante los muy bajos niveles de productividad vigentes, el salario mínimo no es una herramienta eficaz para sacar a la gente de la pobreza. En lugar de […]
La discusión en torno a la actualización del salario mínimo legal no llegó a un acuerdo. El problema no es la falta de capacidad de consenso sino que, ante los muy bajos niveles de productividad vigentes, el salario mínimo no es una herramienta eficaz para sacar a la gente de la pobreza. En lugar de seguir embarcado en controversias estériles, el Consejo del Salario Mínimo debería abordar la modernización de las instituciones laborales y educativas.
El salario mínimo legal es una de las regulaciones laborales que mayor atención atrae. Se lo asocia con la búsqueda de una distribución más igualitaria del ingreso y la reducción de la pobreza. Tanta es la importancia que se le asigna que está explícitamente creado por la Constitución y se contempla un organismo tripartito para su actualización, el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil con representación del Gobierno, los empleadores y los sindicatos. Por la alta inflación, se viene repitiendo la práctica de convocar anualmente al Consejo para actualizar su monto.
En esta oportunidad no hubo acuerdo y finalmente el Gobierno laudó aplicando un incremento del 24%, llevando gradualmente el valor del salario mínimo legal desde $8.060 a $10.000 mensuales en julio del 2018. El nuevo monto es rechazado por la CGT por considerarlo insuficiente. A modo de referencia, con el aumento, el salario mínimo legal apenas cubriría hoy el 68% de la canasta básica (que el INDEC estima en $14.666 por mes para una familia tipo) y la cobertura será bastante más baja en julio del año que viene.
¿Ayudaría un monto mayor del salario mínimo a cumplir con el objetivo de reducir la pobreza? Para responder a este interrogante resulta pertinente apelar a los datos de la encuesta de hogares del INDEC. Según esta fuente se observa que:
Estos datos muestran que, aun con un monto de salario mínimo legal muy inferior a la línea de pobreza, muchos trabajadores no llegan a generar remuneraciones equivalentes o superiores. Prácticamente 1 de cada 4 trabajadores privados gana por debajo del salario mínimo legal. Pero la evidencia mas sugerente es que la gran mayoría, 9 de cada 10, son personas que trabajan en la informalidad, sea porque su empresa no las registró o porque son cuentapropistas que no cumplen con sus obligaciones tributarias y previsionales.
Este cuadro de situación demuestra que el problema no se origina en la falta de capacidad para consensuar un monto del salario mínimo legal adecuado sino que, con los actuales niveles de productividad, el salario mínimo no sirve para alcanzar los objetivos que se persiguen con él. Peor aún, una suba más agresiva probablemente induzca aumentos en la informalidad laboral que potenciarán su incapacidad para reducir la pobreza.
Estas debilidades del salario mínimo se originan en la conformación productiva y laboral prevaleciente desde hace décadas en la Argentina. Los bajos ingresos de muchos trabajadores están asociados a muy reducidos niveles de productividad. En la mayoría de los casos se trata de pequeñas empresas o emprendimientos unipersonales que subsisten gracias a la informalidad, es decir, al incumplimiento de las normas (incluida la que fija el salario mínimo legal). Esta realidad no se va a revertir aumentando el salario mínimo o fortaleciendo los controles para forzar a que se cumpla sino con un cambio de enfoque en las estrategias de políticas publicas.
Planteado el problema de esta manera, la función del Consejo del Salario Mínimo migra desde rol actual –discutir de manera inconducente montos del piso de la remuneración asalariada– a abordar la frondosa agenda de políticas que dé sustento a un proceso de aumento sostenido de la productividad. Esto incluye acciones para multiplicar las inversiones, aumentar la cobertura de la educación y mejorar su calidad y pertinencia con el mundo del trabajo y, fundamentalmente, simplificar la legislación laboral y reducir la litigiosidad laboral y el peso de las cargas sociales en los bajos salarios.
Cualquier consenso en estos temas garantiza un avance hacia la meta de estimular el empleo de calidad. Esta es la manera de darle oportunidades a la gente para que no solo salga de la pobreza sino que en base a su esfuerzo pueda ser artífice de su propio progreso.
