1 de cada 4 trabajadores tiene un empleo no asalariado

Para que la celebración del día del trabajador este imbuida plenamente de los principios de justicia social se debería dar a los trabajadores independientes la importancia que merecen. Las políticas públicas tienen una deuda pendiente con este cuarto de los trabajadores altamente discriminados por malas regulaciones que los asumen como si fueran titulares de grandes corporaciones en lugar de considerarlos como lo que son, esto es, simples trabajadores.

El Día del Trabajador tiene en gran parte del mundo connotaciones muy emblemáticas de reivindicación de las conquistas laborales. El punto que frecuentemente se enfatiza cada 1° de mayo es el rol protectorio de la legislación laboral. La asociación tiene origen en la fecha que se toma como referencia la cual alude a una protesta de obreros en Estados Unidos a finales del Siglo XIX que luchaban por la jornada de 8 horas de trabajo.

Asociar el Día del Trabajador con la legislación laboral pasa por alto que no todos los trabajadores tienen acceso a su cobertura. La exclusión más comentada es la de los trabajadores asalariados no registrados (o “en negro”). Es decir, trabajadores cuyo empleador no cumple, al menos totalmente, con la legislación laboral. Menos tenidos en cuenta son los trabajadores independientes. Personas que por ser ellos mismos los generadores de su propio trabajo, no acceden legalmente a los derechos laborales.      

¿Cuánta importancia tienen los trabajadores independientes en el mercado de trabajo argentino? Según los datos oficiales del INDEC correspondientes a la población urbana de todo el país para el año 2014 se observa que en la Argentina hay:    

• 15,7 millones de ocupados urbanos.

• 11,8 millones son trabajadores asalariados con empleadores a quién exigirles su derechos.

• 3,9 millones son trabajadores no asalariados, es decir, sin empleadores.

Estos datos muestran la masividad del trabajo independiente. La gran mayoría (3,2 millones) son cuentapropistas acompañados por otros 100 mil familiares que en las estadísticas aparecen como “trabajadores sin salario”. Otros 600 mil son patrones o empleadores donde, otra vez, la mayoría son pequeños emprendedores con remuneraciones no muy diferentes a las que pagan a sus propios empleados. En suma, 1 de cada 4 trabajadores es un no asalariado que no tiene derechos laborales.

Obviamente que no tiene lógica pretender proteger a estos trabajadores con la legislación laboral. Pero, para ser coherente con la reivindicación de la justicia social, las políticas públicas, al menos, no los deberían discriminar. Por ejemplo, desde el año 2013 no se actualizan los parámetros del monotributo, haciendo más restrictivo este mecanismo especial de tributación de los trabajadores independientes de más bajos ingresos. Los de ingresos más altos deben tributar IVA, aportes previsionales y ganancias con deducibles muy inferiores al de los asalariados. Por eso, a igual remuneraciones, los autónomos pagan mucho más impuesto a las ganancias que los asalariados. Las provincias les suman el Impuesto a los Ingresos Brutos y los municipios las tasas de comercio e industria, además de una pesada burocracia para la habilitación. Bajo estas condiciones no sorprende que la gran mayoría (se estima en un 75%) opere en la informalidad.

Para mejorar la calidad de vida de los trabajadores independientes y aprovechar sus potencialidades es imprescindible dejar de considerarlos como una gran corporación. Una manera de concretar esto es a través de un estatuto especial para pequeños emprendedores que contemple normas tributarias y laborales que faciliten la formalidad. Desde el punto de vista impositivo se debería articular un único impuesto a las ventas unificado para las tres jurisdicciones y no se los debería discriminar en el impuesto a las ganancias. En materia laboral es muy importante morigerar las cargas sociales y eliminar regulaciones inaplicables en el contexto de una pequeña empresa o que generan mera burocracia. Resulta paradójico que sigan vigentes normas creadas hace décadas como el Libro Especial del Artículo 52 de la LCT y los certificados de aportes cuando han sido claramente superados por los servicios de la AFIP que los ofrece on-line en su sitio web.

En lugar de hacer normas arcaicas, demagógicas y perniciosas, como la prohibición de despido, se podría hacer un gran aporte a la Justicia Social estableciendo regulaciones innovadoras para los pequeños emprendimientos. Esta sería una de las mejores maneras de concretar los principios que inspiran el Día del Trabajador.