4 de cada 10 ocupados en Santa Cruz son empleados públicos

Santa Cruz, además de sus potencialidades y riquezas, es la provincia más beneficiada por las ayudas que discrecionalmente distribuye el gobierno nacional. Aún así, no pudo eludir la crisis fiscal. La cuestión básica no es de naturaleza ideológica, como parecen sugerir las pujas entre distintas facciones del oficialismo, sino reconocer que al estatismo exacerbado le sigue fatalmente el ajuste. En este sentido, Santa Cruz advierte sobre las consecuencias previsibles de las políticas que se vienen aplicando a nivel nacional desde hace una década.

El Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz propuso tratar en la Legislatura un plan de emergencia para reducir el gasto público provincial y atenuar el fuerte desequilibrio previsional. A esta instancia se llega luego de décadas de acumular déficits fiscales. El tratamiento de la ley fue suspendido ante los disturbios suscitados.
 

Los problemas fiscales son generalizados. De todas formas, llama la atención que la primera provincia que cae en crisis sea la que fue administrada por el matrimonio presidencial, tenga abundantes recursos económicos y sea la jurisdicción más beneficiada por la distribución discrecional de fondos nacionales. No menos llamativo es que, desde hace décadas, viene aplicando el esquema de políticas que se aplican a nivel nacional.

Cuando emergen las crisis, se multiplican las argumentaciones ideológicas, en este caso potenciadas por las maniobras políticas entre diferentes fracciones del oficialismo. Sin embargo, la necesidad de un profundo ajuste en Santa Cruz responde a razones simples y objetivas: el manejo sistemáticamente poco responsable del sector público. Un ejemplo concreto es el exceso de empleo público. Con los datos del INDEC, se puede observar el siguiente panorama:

• Para el promedio del país la población económicamente activa (PEA) asciende al 47% de la población de los cuales el 7% está desempleado.
• En la provincia de Santa Cruz la población económicamente activa (PEA) equivale al 48% de la población de los cuales sólo el 2% está desempleado.
• Mientras que para el promedio del país el empleo público es 17% de los ocupados, en Santa Cruz el empleo público llega al 41% de los ocupados.

Los datos oficiales sugieren que el mercado laboral de Santa Cruz se sostiene gracias a la masiva contratación de empleados públicos. Aunque la provincia tiene muchas potencialidades para el desarrollo de actividades productivas, 4 de cada 10 ocupados es  empleado por el Estado. Si la generación de empleo público en la provincia de Santa Cruz fuera similar al promedio nacional, la tasa de desempleo no sería del 2% sino del 26%. En otras palabras, Santa Cruz sufre un severo desequilibrio laboral y social escondido debajo de la alfombra del empleo público.

La crisis en la provincia presidencial preanuncia, a escala reducida, los resultados de las políticas públicas basadas en agrandar el Estado de manera acrítica. Si esta política llevó a la quiebra a una provincia rica y privilegiada, mucho más costoso será para el resto del país el haber violado contratos de gestión privada en infraestructura y energía para involucrar al Estado en actividades que pueden desarrollar los privados, recrear empresas públicas vetustas y subsidiadas, nombrar gente en el Estado para distribuir favores personales y políticos, o pretender paliar la pobreza a través de cuasi empleo público con planes asistencialistas como el Argentina Trabaja.
 

Lo mismo sucede con el sistema previsional nacional. Con la estatización del régimen de capitalización, no sólo que el Estado se apropió de los fondos previsionales, sino que dio pie a una masiva generación de regímenes especiales, es decir, grupos de trabajadores con suficiente capacidad de presión como para lograr la sanción de leyes que les permite jubilarse en condiciones más ventajosas que el resto. Esto colisiona con la dinámica demográfica, el equilibrio financiero y genera grandes inequidades. No es exagerado afirmar que a nivel nacional, con la creación de estos regímenes especiales, se está generando un desequilibrio financiero que va a obligar en el futuro a imponer una reforma previsional en la orientación de la que hoy se discute en Santa Cruz. Cuando llegue el ajuste, seguramente se le dará una explicación ideológica, a lo que en realidad es el resultado de la demagogia, la mediocridad, los privilegios y el manejo irresponsable.
 

Santa Cruz testimonia que el camino del estatismo exacerbado termina en los demonizados ajustes ortodoxos. No se trata de opciones ideológicas. Ni expandir el gasto público en función de intereses personales es una estrategia “de izquierda”, ni aplicar un ajuste ante una crisis terminal es una estrategia “de derecha”. Ambos son síntomas de falta de profesionalismo, honestidad y visión estratégica en la organización del sector publico.