40% de las jubilaciones se paga con impuestos

Como respuesta a sucesivos fallos judiciales a partir del año 2009 se comenzó a aplicar una regla de movilidad previsional que ajusta según la evolución de salarios y de la recaudación de los impuestos asignados específicamente al sistema previsional. Esta metodología, como enfatiza el equilibrio entre ingresos y gastos, lleva a que la actualización de las jubilaciones quede estrechamente asociada a la evolución de la recaudación de los tributos asignados al financiamiento del sistema previsional. Dicho de otra manera, el monto de las jubilaciones queda siendo muy sensible a alteraciones en la forma en que se aplican y distribuyen los impuestos.

Un esquema alternativo es priorizar la protección del poder de compra de los haberes previsionales utilizando como referencia el índice de inflación. Esta es la regla que se utiliza en la mayoría de los sistemas previsionales en el mundo y es la que contempla el proyecto de ley con media sanción en el Congreso fijando un índice combinado de 70% por inflación y 30% por incrementos de salarios.

Para evaluar la pertinencia del cambio propuesto sirve analizar las fuentes de financiamiento del gasto previsional. Según datos de los Ministerios de Hacienda y Trabajo se observa que:

• En el año 2017 se habrán pagado 6,8 millones de prestaciones previsionales por mes las que habrán demandado más del 40% del gasto público total nacional.
• El 60% se financia con aportes y contribuciones sobre los salarios.
• El 40% restante se financia con impuestos asignados al régimen previsional y transferencias del Tesoro nacional.

Estos datos señalan que el sistema previsional está muy lejos de ser sustentable sólo con los aportes salariales. No sólo necesita de la derivación automática de impuestos sino que ante la insuficiencia de ellos hay que apelar al auxilio del Tesoro nacional. Uno de los factores que potenció la vulnerabilidad es la creciente presión de las provincias cuestionando la constitucionalidad de usar impuestos coparticipables para financiar a la ANSES. El caso más avanzado, pero no el único, es el fallo de la Corte disponiendo la suspensión de la asignación del 15% de la masa coparticipable a la seguridad social.

Ante estas perturbaciones, la fórmula de movilidad actual es insostenible. Prueba de ello es que la primera alteración a la regla de movilidad se introdujo a través de un decreto de necesidad y urgencia firmado por el anterior gobierno nacional. Ante el fallo de la Corte que dispuso suspender la derivación del 15% de la masa coparticipable a la ANSES, este decreto estableció –en una decisión propia de un gobierno que estaba a días de abandonar el poder– que la pérdida de ingresos no se tome en cuenta para el cálculo de la movilidad. Si bien el nuevo gobierno derogó ese decreto, quedó pendiente la gran inconsistencia entre un esquema de distribución de impuestos judicialmente cuestionado y un esquema de movilidad jubilatoria atado a esa distribución.

El Consenso Fiscal firmado entre la Nación y las provincias tiene entre sus objetivo resolver este conflicto. Para ello fija de manera consensuada nuevas reglas de distribución de los impuestos, el desistimiento de juicios motivados por cuestionamientos a esa distribución y el compromiso de no iniciar nuevas controversias hasta tanto se firme un nuevo régimen de coparticipación federal. Este nuevo esquema de distribución de impuestos es el que impone la necesidad de revisar la regla de movilidad previsional.

Planteado de esta manera, la nueva fórmula es un avance en el ordenamiento del sistema previsional pero no resuelve su profunda crisis. Además de avanzar en la adaptación de las normas previsionales a la dinámica demográfica es crucial revisar muchas decisiones tomadas irresponsablemente en los últimos años. Entre las más importantes están las 3,6 millones de jubilaciones sin aportes distribuidos sin consideración del nivel de ingreso preexistente de las personas; la acumulación de juicios por negar la movilidad entre los años 2002 y 2008; la creación de una gran cantidad de regímenes especiales que hacen que jubilarse a los 65 años sea más la excepción que la regla; la apropiación de los ahorros previsionales para usarlos arbitrariamente; y el masivo nombramiento de empleados en la ANSES junto con un severo deterioro institucional.