9 de cada 10 pesos de exceso de gasto es previsional y salarial

El proyecto de Presupuesto 2013 es cuestionado por basarse en las estadísticas oficiales manipuladas. Dejando de lado este tipo de controversia, el proyecto delata que la inflación ha pasado a ser un problema central para el fisco. Aunque el aumento de precios siga generando crecimiento nominal de la recaudación, no llega a compensar el impacto que la inflación tiene como factor de expansión del gasto público a través de la indexación de jubilaciones y salarios de los empleados públicos.  La inflación se ha convertido en un factor de expansión autónoma del gasto público y, con ello, de insolvencia fiscal.

Una de las malas prácticas incorporadas en la política fiscal a partir del año 2003 fue la de elaborar el presupuesto nacional subestimando el crecimiento tanto de la economía como de la inflación. De esta forma se subestima el crecimiento de los ingresos públicos. Con ingresos públicos que crecían por encima de los valores presupuestados, se formaba un excedente que el Poder Ejecutivo Nacional manejaba con discrecionalidad. Por esta vía se bastardeaba el presupuesto público, una de las herramientas centrales con que cuentan las sociedades modernas para organizar y gestionar el Estado.

El proyecto de Presupuesto del año 2013 que envía el Poder Ejecutivo al Congreso denota que esta estrategia basada en subestimar los ingresos está agotada y que lo que tiende a crecer por encima de lo presupuestado es el gasto público. Según el proyecto de Presupuesto puesto a disposición por la Secretaría de Hacienda, la Administración Pública Nacional cerrará el año 2012 según las siguientes proyecciones:

· Los ingresos públicos estaban originalmente presupuestados en $506 mil millones y el gasto público en $505 mil millones previéndose un superávit de $1,4 mil millones.

· La proyección para el año 2012 señala que los ingresos públicos serán efectivamente $506 mil millones pero el gasto público ascenderá a $540 mil millones generándose un déficit público del orden de los – $34 mil millones, muy por encima de lo previsto.

· El 89% del exceso de gasto público por encima de lo presupuestado proviene de un mayor gasto previsional (62 puntos porcentuales) y de mayor gasto de consumo del gobierno asociado al empleo público (27 puntos porcentuales).

Estas proyecciones oficiales muestran que el gasto público está creciendo a un ritmo muy superior a los ingresos fiscales y que los principales factores dinamizadores son las erogaciones previsionales y del gasto asociado al empleo público. En cierta forma, lo que se observa es un efecto de inercia e inflexibilidad a la baja del gasto previsional y del empleo estatal, ambos alimentados por la inflación.

Para el año 2013 se prevé un superávit de $0,6 mil millones, bajo el supuesto de que el gasto previsional crecerá sólo un 22% y el consumo del gobierno apenas un 13%. Estas pautas no se condicen con el hecho de que las jubilaciones se ajustan con la formula de movilidad automática, la cual crece en función de los aumentos de salarios nominales y de recaudación impositiva, dos factores empujados por la inflación; ni con la dinámica de los salarios públicos que se determinan en negociaciones colectivas las cuales también se basan en la inflación real.

Por el lado de los ingresos fiscales, la presión impositiva llegó a niveles récord (33% del PBI). Esto implica que, al menos en el corto plazo, conseguir más recursos con más impuestos es una alternativa acotada. La ANSES consiguió recursos gracias a la eliminación del régimen de capitalización, que le permitió la apropiación de los ahorros y el flujo de aportes personales, pero la expansión de las erogaciones jubilatorias también llevó a que sea una fuente que se agota. Queda como última alternativa el Banco Central, pero –a diferencia del aumento de impuestos o la apropiación de fondos previsionales– genera inflación y, por esta vía, potencia el crecimiento de gasto público.

Que el proyecto de Presupuesto 2013 postule que la inflación será del 11,2% es una anécdota más en las manipulaciones de la última década. El dato novedoso, y más preocupante, es que la inflación ha dejado de ser solamente un “motor” de recaudación fiscal que contribuía (de manera espuria) a la solvencia fiscal. En la actualidad, opera en el sentido contrario: constituye un factor de crecimiento autónomo del gasto público que lleva a más inflación e insolvencia fiscal. El problema se hace más visible y crítico en las provincias que enfrentan similares problemas pero no cuentan con el Banco Central para disimular su cada vez más precaria situación fiscal.