Subsidios a la electricidad generan todo el déficit fiscal

Como era previsible, el retraso tarifario en los servicios públicos exacerba el consumo, provoca déficits de inversiones que deterioran la calidad de los servicios y demanda cuantiosos subsidios a favor de las empresas proveedoras. Esto no se resuelve con el anunciado aumento de las tarifas de gas y electricidad que alimentará un fondo estatal para financiar las inversiones. La solución genuina pasa por gestionar las obras en base a articulación público-privada y tender a cobrar la tarifa real a todos los usuarios, complementado con subsidios focalizados a través de un régimen de tarifa social a favor de las familias más pobres.

El Gobierno nacional aumentará las tarifas de electricidad y gas. El incremento no es el inicio de un proceso de sinceramiento de tarifas con el fin de desactivar los masivos subsidios a las empresas proveedoras de los servicios. Por el contrario, se plantean como cargos fijos bimensuales –de entre $4 y $150 para el consumo eléctrico y $4 y $60 para el gas– con destino a un fondo estatal para realizar inversiones. Para justificar la permanencia de los subsidios y el retraso tarifario se planteó el argumento de que por esta vía se mejora el bienestar de los trabajadores ya que operan como un “salario indirecto”.  

Mantener el retraso tarifario tiene múltiples impactos negativos. El más visible es el deterioro en la calidad de la prestación por la falta de inversiones. También suma distorsiones exacerbando el consumo, sobre todo en los estratos socioeconómicos medios y altos. Menos visibles, pero sumamente importante, son las crecientes dificultades para darle sostenibilidad financiera. En este sentido, resulta esclarecedora la información que publica la Secretaría de Hacienda de la Nación y la Asociación Argentina de Presupuesto. Según estas fuentes, entre enero y setiembre del año 2012 se observa que:  

· Los ingresos del sector público nacional fueron de $400 mil millones y el gasto público de $416 mil millones, es decir, hubo un déficit fiscal de $16 mil millones.

· Los subsidios a ENARSA –que mayoritariamente se destinan al subsidio al gas– fueron $12 mil millones.

· Los subsidios a CAMMESA –que son los que se destinan al subsidio de la electricidad– ascendieron a $17 mil millones.

Los datos muestran que la situación financiera del sector público nacional es muy precaria. El déficit es muy alto aun con presión impositiva récord, inédita centralización de recursos públicos a favor de la Nación en desmedro de las provincias y con masivas transferencias de otros organismos del Estado (fundamentalmente el Banco Central y la ANSES). En este marco, adquiere especial relevancia el hecho que los subsidios al gas representan aproximadamente tres cuartas partes del déficit fiscal y los subsidios a la electricidad equivalen a la totalidad del déficit del Estado nacional.

El fallo del juez Griesa en Nueva York despeja toda duda sobre el nulo acceso que Argentina tiene al crédito internacional. Las condiciones internas hacen que tampoco sea realista proyectar un masivo acceso a crédito voluntario interno. El aumento de la presión impositiva parece haber superado la tolerancia de la gente. Seguir apelando a la emisión monetaria para financiar déficit es potenciar la inflación. Por eso, resulta altamente recomendable un plan para moderar el crecimiento del gasto público. Por ahora, alcanzaría con medidas graduales. Entre las más importantes, desactivar los subsidios a los servicios públicos.      

Es muy débil el argumento de que los subsidios son recomendables porque operan como “salario indirecto”. Una vía mucho más directa y eficaz para mejorar el salario es disminuir los impuestos, especialmente las cargas sociales que se aplican sobre quienes menos ganan. Un precio artificialmente bajo de los servicios públicos exacerba el consumo y no son los pobres los que más se "benefician" con el despilfarro. Testimonio concreto es el gas, donde los pobres son condenados a lidiar con garrafas mientras que la gente de altos ingresos tiene la posibilidad de abusar del servicio pagando una fracción ínfima del costo.

Las soluciones pasan por fijar tarifas que refleje los costos reales junto con un esquema de “tarifa social” para proteger a las familias en situación de vulnerabilidad. En paralelo,  reconocer que el déficit de inversiones que no se hicieron en más de una década, no se revierte creando un fondo estatal adicional a los mucho que ya se crearon. Hay que aprender de los países avanzados, incluso Brasil o Chile, que invierten en infraestructura con articulaciones público-privadas. En este esquema, el Estado programa y controla inversión y calidad de los servicios, y los privados aportan financiamiento, hacen las obras y operan el servicio, recuperando el costo dentro de la tarifa.