El ajuste afecta más a los jubilados que a las provincias

El Sector Público Nacional presentó en enero del 2024 –primer mes completo de gestión del nuevo gobierno– un superávit primario de $2 billones que, luego del pago de intereses por $1,5 billones, arroja un resultado financiero positivo de $500 mil millones. La última vez que el Sector Público Nacional mostró superávit financiero fue en mayo del 2011. En esa época todavía jugaba un rol importante el hecho de que la contabilidad pública no registraba como gastos los intereses de la deuda en default ni los juicios que se fueron acumulando por jubilados a los que no se les respetó la movilidad.

El ajuste fiscal actual se basa en que mientras la recaudación aumenta a un ritmo parecido a la inflación, los gastos se actualizan por debajo de la inflación. En concreto, el gasto primario cayó un 39%. Como era previsible, la licuación del gasto público generó reacciones. La más enérgica es de las provincias cuestionando el recorte de las transferencias no automáticas. El rechazo es unánime y escala a amenazas drásticas como, por ejemplo, el corte de suministro de energía desde las provincias del sur.

¿Cuán importante es la contribución de la caída en las transferencias provinciales en la reducción total del gasto? Según el Ministerio de Economía se observa que:  

• La reducción de las transferencias corrientes y de capital a provincias equivale a $0,4 billones.
• El ahorro por caída real en el gasto en empleados públicos equivale a $1,2 billones.
• El ahorro por caída real en prestaciones sociales equivale a $3,8 billones de los cuales el 66% corresponde a las jubilaciones.

Estos datos muestran que la contribución al superávit fiscal que hizo la reducción de las transferencias a provincias es marginal. La licuación que sufrieron las jubilaciones, las asignaciones familiares y los planes asistenciales son 10 veces más que la que sufrieron las transferencias a las provincias. Sin reducción en las transferencias a las provincias, igual hubiera habido superávit financiero. Hay un gran desbalance entre la intensidad de los ajustes y el nivel de conflictos que están generando. Particularmente preocupante es el conflicto con las provincias que son las menos perjudicadas en la licuación del gasto. 

El ajuste basado en la licuación se sostiene mientras se mantenga la inflación. Pero si la inflación baja, como el gobierno espera, se producirá el efecto inverso. Los sindicatos y las agrupaciones piqueteras presionarán para recomponer salarios y planes asistenciales y los ajustes por fórmula de movilidad en las jubilaciones y las asignaciones familiares harán crecer el gasto por encima de la inflación. El resultado financiero positivo tenderá a revertirse. Por esto, es urgente establecer fuentes más genuinas y sustentables de equilibrio fiscal. 

Para alcanzar equilibrio financiero sustentable es imprescindible un ordenamiento integral del Estado que comprenda los tres niveles de gobierno (nación, provincias y municipios). No hay manera de eliminar los crónicos déficits financiero y de gestión que padece el sector publico si no se eliminan los solapamientos tanto en materia de impuestos como de administración del gasto público. Ningún nivel de gobierno por sí solo puede resolver estos problemas. No sirve una reforma tributaria nacional o provincial impulsada de manera unilateral ya que se necesita una reforma acordada entre los niveles de gobierno para unificar y simplificar impuestos. Análoga situación se da ante el desafío de mejorar la calidad de los servicios a cargo del Estado.

La escalada del conflicto entre la Nación y las provincias es una irresponsabilidad en la que subyace un grave error de diagnóstico. Por un lado, desde el punto de vista del ajuste basado en la licuación que impulsa el gobierno, el aporte de las provincias no es decisivo. Por el otro, desde el punto de vista del desafío de migrar hacia un equilibrio fiscal más sustentable, es imprescindible el acuerdo y trabajo conjunto entre la Nación y las provincias. Por lo tanto, en lugar de seguir escalando el conflicto, debería prevalecer un diálogo serio y fundado sobre como ordenar el régimen federal.