Informe Nº: 66911/09/2016
La incapacidad para llevar a la práctica el consenso sobre la necesidad de sancionar un nuevo sistema de coparticipación demuestra que hay que cambiar de estrategia. Seguir reduciendo el tema a una puja de porcentajes entre jurisdicciones garantiza perseverar en el fracaso. En cambio, eliminando superposiciones de roles entre la Nación y las provincias puede […]
La incapacidad para llevar a la práctica el consenso sobre la necesidad de sancionar un nuevo sistema de coparticipación demuestra que hay que cambiar de estrategia. Seguir reduciendo el tema a una puja de porcentajes entre jurisdicciones garantiza perseverar en el fracaso. En cambio, eliminando superposiciones de roles entre la Nación y las provincias puede abrir espacios de acuerdo político que faciliten una mejor organización del Estado.
Es cada vez más enfático el consenso sobre la necesidad y la importancia de rediscutir las reglas de coparticipación federal de impuestos. Posiblemente, la centralización extrema y el uso abusivo de la arbitrariedad en la gestión anterior han contribuido a hacer tomar conciencia sobre la importancia de cumplir con este mandato constitucional cuya concreción se vienen postergando desde hace dos décadas. Son cada vez más las voces que señalan la necesidad de contar un sistema más simple y transparente de federalismo.
Sin embargo, no parecen existir condiciones para que esta aspiración se concrete. Las provincias demandan más recursos que la Nación no puede ceder porque sufre un muy alto déficit fiscal y además se necesita reducir la presión impositiva. Si se sigue supeditando la reforma de la coparticipación a resolver esta puja de porcentajes, el resultado será el fracaso. Por eso, es imprescindible ampliar la perspectiva e incorporar como parte fundamental del debate las superposiciones de roles entre jurisdicciones.
En este sentido, sirve observar las transferencias que el Estado nacional hace regularmente a los Estados provinciales y municipales. Con datos de la Asociación Argentina de Presupuesto entre enero y julio del 2016 se calculan los siguientes montos:
Estos datos muestran que la Nación transfirió en lo que va del año cerca de $28 mil millones a los gobiernos provinciales y municipales para financiar servicios que están a cargo de los gobiernos locales. Eso representa un volumen de recursos equivalente al 85% del déficit primario (es decir, antes del pago de intereses de deuda). Dicho de otra manera, de no haberse ejecutado estas transferencias se habrían reducido sustancialmente la necesidad de emitir moneda para financiar el déficit fiscal, facilitando la reducción en la inflación y promoviendo la recuperación de la actividad productiva.
Que la Nación aporte financiamiento para sostener servicios estratégicos es planteado frecuentemente como una medida positiva. Estas intervenciones son presentadas como que la Nación “ayuda” a las provincias a cumplir con sus responsabilidades. Sin embargo, es una modalidad de gestión que genera una estructura de incentivos perversa que sólo conduce a potenciar el derroche de recursos.
Esto se debe a que en el nivel central es muy difícil tomar decisiones de gestión correctas. Sea porque no se es responsable directo de la administración como porque se está lejos de los problemas. Por más capacidades que tenga un funcionario del nivel central, es imposible que decida con pertinencia donde construir una escuela en Jujuy, cómo comprar una ambulancia en Misiones o cómo proveer un merendero en Bariloche. En paralelo, es muy fácil caer en la tentación de usar la discrecionalidad para subordinar voluntades políticas.
El esquema también induce comportamientos inapropiados en el nivel local. Los funcionarios provinciales y municipales, en lugar de concentrar dedicación a la gestión de sus recursos, son inducidos a “mendigar” recursos en Buenos Aires. Bajo estas reglas, para un funcionario local conseguir la simpatía de los funcionarios nacionales es mucho más redituable que administrar con eficiencia y austeridad los recursos ordinarios que la sociedad le asigna para cumplir con sus cometidos. Como agravante, la lógica de la “cogestión interjurisdiccional” demanda muchos esfuerzos de coordinación, que finalmente no se producen lo que termina diluyendo responsabilidades y generando riesgos de corrupción.
Condicionar la sanción del nuevo régimen de coparticipación a resolver porcentajes entre jurisdicciones es un camino inconducente. Por el contrario, abordar críticamente la gran cantidad de solapamiento de roles y funciones que hay entre las jurisdicciones puede generar espacios de acuerdos. De esta forma, se podrá avanzar hacia una organización del Estado más federal, responsable y comprometida con el progreso del país.
