Desde hace décadas, los gobiernos provinciales subsidian la oferta privada —principalmente a través del pago de salarios docentes—, reduciendo las cuotas que enfrentan las familias y operando como un subsidio indirecto a la demanda.
En ese contexto, el programa nacional de Vouchers Educativos no introduce una ruptura, sino que se suma a ese esquema preexistente mediante un subsidio explícito a las familias que ya asisten a escuelas privadas con alto aporte estatal. Así, sobre el mismo circuito educativo conviven hoy dos formas de financiamiento público: una provincial, estructural y de larga data, y otra nacional, reciente y focalizada.
Esta superposición de instrumentos responde a lógicas distintas y carece de coordinación explícita. Por eso, la discusión de fondo no es si el Estado puede financiar la demanda, sino cómo ordenar estos aportes para evitar duplicaciones y avanzar hacia un esquema de financiamiento más transparente y equitativo.
