De un lado, el oficialismo tiende a presentar a las universidades como espacios opacos por su politización y resistentes a cualquier rendición de cuentas. Del otro, buena parte del sistema universitario responde como si cualquier pedido de transparencia o reforma fuera un ataque a la educación pública. Así, la conversación queda encerrada entre dos posiciones cómodas: para unos, las universidades están politizadas; para otros, el único problema es que falta presupuesto.
Los datos muestran algo más incómodo. Los gobiernos anteriores expandieron el sistema creando universidades sin planificación ni financiamiento proporcional. El gobierno actual pisó el presupuesto sin reformar las reglas de fondo. Un sistema que expande instituciones sin planificación, distribuye recursos por inercia y no evalúa resultados va a seguir deteriorándose con o sin más presupuesto.
Los números del ajuste
El Gobierno mantiene una fuerte restricción presupuestaria sobre las universidades. Para 2026, el presupuesto para educación superior es de $4,9 billones. Este es un monto 20% superior en términos nominales al presupuesto ejecutado en el 2025. Dado que la inflación promedio anual para el 2026 se estima en el orden del 30%, en términos reales, el presupuesto de universidades será un 7% inferior al del 2025, un 20% inferior al del 2024 y un 40% inferior al promedio histórico 2013 – 2023.
