Informe Nº: 38512/11/2011
Incrementar la inversión en educación, hasta llegar al 6% del PBI, constituye uno de los ejes centrales de la política educativa del último lustro. La meta –fijada en la Ley de Financiamiento Educativo– ha sido cumplida. Pero la calidad de la educación sigue en declive. Las crecientes brechas con países vecinos son muy ilustrativas. Sumar […]
Incrementar la inversión en educación, hasta llegar al 6% del PBI, constituye uno de los ejes centrales de la política educativa del último lustro. La meta –fijada en la Ley de Financiamiento Educativo– ha sido cumplida. Pero la calidad de la educación sigue en declive. Las crecientes brechas con países vecinos son muy ilustrativas. Sumar recursos a un sistema mal organizado sirve para potenciar el derroche, pero no para mejorar los resultados. Para revertir este rotundo fracaso es fundamental establecer reglas que premien el esfuerzo y la excelencia.
La Ley de Financiamiento Educativo fue sancionada a finales del año 2005 fijando el objetivo de incrementar los recursos para la educación de manera progresiva hasta llegar al año 2010 con un nivel de inversión equivalente al 6% del PBI. Los puntillosos mecanismos de monitoreo que se montaron apenas sancionada la ley demuestran que tanto las metas intermedias como la final fueron cumplidas dentro de los plazos previstos.
Una evidencia que permite dimensionar las implicancias de este proceso es la información que publica la CEPAL en el Panorama Social de América Latina 2010. En este informe, la Argentina aparece como uno de los países latinoamericanos de mayor inversión en educación medido como porcentaje del PBI. Esto sugiere que el esfuerzo desplegado es muy importante y que los medios disponibles para que los niños y jóvenes argentinos alcancen buenos niveles de educación estarían garantizados.
Cumplida la cuestión financiera, el tema sustantivo es evaluar si el crecimiento en la inversión ha producido mejoras en la formación de los estudiantes. Una manera de dilucidar este tema es comparando la evolución de los resultados logrados por los alumnos en la prueba de lectura PISA entre países vecinos. Combinando datos de la CEPAL y la OECD referidos a los años 2000/2001 y 2008/2009 se observa que:
Estos datos muestran que la sociedad argentina está desplegando un gran esfuerzo financiero para sostener al sistema educativo, pero no logra revertir los mediocres resultados en términos de formación de sus alumnos. Chile y Brasil, con menor inversión, obtienen mejor formación para sus estudiantes.
El aumento en Argentina desde el 5,1% al 6% del PBI, en un período de fuerte crecimiento económico, implica que los recursos disponibles aumentaron casi el 70% en términos reales. Sin embargo, la capacidad de lectura de los jóvenes argentino se deterioró entre el 2000 y el 2009. Las autoridades educativas argentinas relativizan la medición de la OECD señalando que en la Argentina hay jóvenes que sufren exclusión social, por lo tanto, enfrentan dificultades para su formación. Sin embargo, difícilmente Chile y Brasil no experimenten problemas similares y aun así sus jóvenes muestran mejor desempeño.
Una lectura más objetiva de la medición de la OECD llevaría a concluir que la estrategia plasmada en la Ley de Financiamiento Educativo es equivocada. Agregar más recursos a un sistema educativo muy mal organizado aumenta el derroche y perpetúa la baja calidad educativa. La prueba es que la agenda fue monopolizada por las paritarias docentes y los conflictos sindicales. En un entorno donde los recursos fluyen en función de las presiones corporativas no hay posibilidades de mejorar la calidad. Los docentes que se esfuerza, capacitan y se comprometen con la formación de sus alumnos no tienen ningún reconocimiento. Los que forman parte de la burocracia o aprovechan los mecanismos de las normas docentes para desentenderse de sus alumnos no sufren ninguna penalización.
Un primer paso para revertir el fracaso es abandonar la idea simplista e ingenua de suponer que con más recursos espontáneamente se van a lograr mejores resultados. Los problemas están en la organización del sistema. La gestión de la educación primaria y secundaria es –por mandato de la Constitución Nacional– de las provincias, por ello, lo mejor que puede hacer la Nación a favor de la educación es no apropiarse de recursos que deberían ser coparticipados y abstenerse de interferir en cuestiones salariales y de gestión del trabajo docente. En su lugar, debería mostrar mucho más compromiso y eficacia en promover la transparencia y profundizar la medición de resultados para activar las demandas de la población a favor de una mejor gestión y calidad educativa.
