Solo 4 de cada 10 pesos son subsidios directos a personas.

En el año 2010 se llegó a un nuevo récord de $115 mil millones de subsidios a cargo del Estado Nacional. El 60% no fueron asignados directamente a personas sino que se administraron a través de intermediarios (empresas públicas, privadas u ONG). Con este mecanismo, se eluden controles y se potencian los riesgos de corrupción. Por eso, los desvíos producidos en la Fundación Madres de Plaza de Mayo constituyen apenas un hecho puntual que la Justicia puede resolver. Pero para eliminar la corrupción estructural y mejorar la equidad social es imprescindible cambiar el modelo de gestión del gasto público.
 
Una de las particularidades de la gestión estatal de los últimos tiempos es el aumento del gasto público, liderado por el fuerte crecimiento de los subsidios. A través de los denominados subsidios económicos se transfieren recursos fiscales a empresas públicas y privadas con el objetivo de hacer sostenible el control de precios o la prestación de algún tipo de servicio que se considera estratégico. Los subsidios sociales tienen, en teoría, una finalidad redistributiva. Algunos tratan de apoyar a las personas en estado de vulnerabilidad a través de intermediarios (como la Fundación Madres de Plaza de Mayo, la organización de Milagros Salas, las cooperativas de trabajo del Plan Argentina Trabaja ó una amplia y heterogénea variedad de organizaciones sociales); otros se instrumentan a través de transferencias que van directamente a un beneficiario, como la Asignación por Hijo, las moratorias previsionales o las pensiones no contributivas.
Según datos de ASAP (www.asap.org.ar) y el Ministerio de Economía, en el año 2010 el Estado Nacional otorgó aproximadamente $115 mil millones en concepto de subsidios. Sólo el 40% ($46 mil millones) de estos recursos fueron destinados de manera directa a personas, mientras que el resto se integra por:

• El 28% ($32 mil millones) fueron subsidios económicos a empresas privadas para compensar por controles de precios u otro tipo de regulaciones.
• El 14% ($16 mil millones) fueron subsidios económicos a empresas públicas para financiar sus déficits operativos.
• El 18% ($20 mil millones) fueron subsidios sociales canalizados a intermediarios, fundamentalmente a ONG para mediar entre el Estado y la población en estado de vulnerabilidad.

Estos datos, cuya fuente es oficial, señalan que, dentro de la enorme masa de recursos asignados a subsidios, el 60% no llega directamente a los ciudadanos. En su administración operan intermediarios que reciben los fondos públicos para luego utilizarlos supuestamente en generar un beneficio a la población vulnerable.
Son conocidos los problemas de clientelismo en la distribución de subsidios directos a personas. Sin embargo, cuando los fondos públicos se otorgan a intermediarios para que éstos realicen las contrataciones y seleccionen las personas, no sólo que se potencian los riesgos de clientelismo sino que se generan oportunidades irresistibles de corrupción.
La principal atracción por desviar fondos públicos a través de este esquema es la flexibilidad para disponer del dinero, sin la obligación de rendir cuentas. El intermediario, operando al amparo del derecho privado, no está sujeto a las reglas que regulan la administración pública, pudiendo eludir así los débiles controles del Estado. Por eso, hay razones para sospechar que el caso de la Fundación Madres Plaza de Mayo es sólo un testimonio en un contexto de ineficiencia y corrupción estructural. A través de las múltiples vías por las que se canalizan subsidios a empresas públicas, privadas y ONG, es altamente probable que se estén desviando recursos públicos de magnitudes significativamente mayores.
El Poder Judicial, a partir del Código Penal, alcanza para castigar a los responsables de un hecho puntual. Pero para atacar la corrupción estructural hay que cambiar el modelo de gestión. En lugar de subsidios a empresas de transporte, se debe distribuir tarjetas sociales para que los sectores desfavorecidos viajen gratis; en lugar de subsidios a empresas de energía, hay que establecer esquemas de tarifa social; en lugar de planes de vivienda a cargo de ONG, licitar su construcción o establecer créditos blandos para las familias en estado de vulnerabilidad; en lugar de aceptar la intermediación de cooperativas de trabajo, otorgar bonos para capacitación y empleo.
En definitiva, en lugar de usar a los pobres para encubrir el destino de los fondos públicos, hay que establecer mecanismos para que los subsidios lleguen de manera directa y transparente a las familias sin recursos. Los subsidios estatales deben llegar directamente a los beneficiarios, por más altruistas que sean los fines de los intermediarios.