Córdoba redujo casi un 80% la judicialidad laboral

Como respuesta a la crisis económica, las entidades empresarias, sindicales y los partidos de la oposición son insistentes con propuestas y demandas que implican reducción de la recaudación y/o aumentos del gasto público. De esta forma, lo que puede ser un beneficio para ciertos sectores termina siendo un perjuicio para el resto de la sociedad en la medida que se conspira contra la meta de alcanzar el equilibrio fiscal. Por mezquindad o falta de imaginación se plantean iniciativas que van en contra del interés general.

Un camino alternativo es idear e implementar reformas que contribuyan a mejorar el bienestar y la competitividad sin conspirar contra el objetivo de reducir el déficit fiscal. Un ejemplo concreto en este sentido es la reforma sobre el sistema de riesgos del trabajo de la Ley 27.348 sancionada en el 2017. El objetivo de esta ley es abordar los problemas generados por la proliferación de juicios por accidentes laborales y enfermedades profesionales. La masificación de la judicialización espuria es uno de los principales factores que condiciona la creación de empleos asalariados formales y el nivel de los salarios.

Comparando provincias similares que siguieron estrategias diferentes en relación a la aplicación de la Ley 27.348 se puede comenzar a extraer resultados. Según datos oficiales se observa que entre el 2016 (año anterior a la sanción de la reforma) y el 2018 (primer año con plena vigencia de la reforma):

• A nivel del total del país se pasó de 10 a 7 juicios por cada mil trabajadores.
• En Córdoba, la cantidad de juicios se redujo de 19 a 4 por cada mil trabajadores.
• En Santa Fe, en cambio, la tasa pasó de 23 a 22 juicios por cada mil trabajadores.

Estos datos muestran una importante baja en la judicialización pero con intensidades muy diferentes entre provincias. En Córdoba, que fue la provincia que de manera más rápida e integral incorporó los lineamientos de la reforma sancionada por el Congreso, la tasa de judicialización por riesgos del trabajo se redujo en casi un 80%. En sentido contrario, la provincia de Santa Fe –que no adhirió a la nueva Ley y, por lo tanto, no la puso en funcionamiento– mantiene una alta cantidad de juicios al punto tal que pasó a ser la provincia con mayor tasa de judicialización por riesgos del trabajo del país.

La reforma estipuló básicamente que los reclamos por accidentes y enfermedades laborales deben ser evaluados en una primera instancia por las Comisiones Médicas dependientes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Si superada esta instancia administrativa subsisten los desacuerdos entre el trabajador y la aseguradora de riesgos del trabajo (ART), queda habilitada la vía judicial. El esquema genera beneficios a todas las partes. El trabajador no tiene que esperar los años que demanda un juicio sino que en alrededor de 3 meses tiene una respuesta avalada por una entidad profesional y estatal como son las Comisiones Médicas. El Estado administra más eficientemente los recursos ya que reserva la movilización  de la costosa estructura judicial para los casos más complejos y conflictivos. El sector productivo ve reducidos los costos por juicios y los precios de las ART.

Los primeros resultados en Córdoba, si bien no permiten extraer conclusiones definitivas, son auspiciosos. La sustancial baja en la cantidad de juicios señala que en la instancia administrativa se están resolviendo la mayoría de las controversias. Esto implica que el trabajador recibe en plazos muchísimo más breves que los judiciales una respuesta que lo satisface o que lo lleva a desistir del reclamo aceptando que su demanda no corresponde. Muy positivo también es el descongestionamiento del Poder Judicial. Para el sector productivo la evidencia más sugerente es que el costo promedio de la ART en Córdoba bajó de 4,4% a 3,7% del salario.

La implementación de la reforma requirió un denodado esfuerzo de coordinación entre el Estado nacional y provincial en sus tres estamentos (Gobierno, Legislatura y Poder Judicial). La recompensa es que se pudo mejorar el bienestar de los trabajadores y la competitividad de las empresas sin aumentar el gasto público ni reducir la recaudación. En lugar de seguir insistiendo en propuestas inconducentes, porque implican aumentar el déficit fiscal, el desafío es consolidar y replicar experiencias como la cordobesa.