Informe Nº: 43104/03/2012
Que los docentes aparezcan entre los sectores de mejor remuneración no debería ser motivo de polémica. Lo que sí merece debate y reforma es que la Nación negocie aumentos salariales que pagan fundamentalmente las provincias y que los maestros que trabajan, se comprometen y se esfuerzan por el aprendizaje de sus alumnos ganen lo mismo […]
Que los docentes aparezcan entre los sectores de mejor remuneración no debería ser motivo de polémica. Lo que sí merece debate y reforma es que la Nación negocie aumentos salariales que pagan fundamentalmente las provincias y que los maestros que trabajan, se comprometen y se esfuerzan por el aprendizaje de sus alumnos ganen lo mismo que los que utilizan los múltiples vericuetos legales que ofrecen los estatutos docentes para eludir responsabilidades. Para detener el deterioro en la educación es crucial cambiar esta perversa estructura de incentivos.
Los recursos humanos son decisivos en el sistema educativo, ya que la enseñanza, más allá del apoyo que puedan dar los libros y la tecnología, es un acto eminentemente humano. Por eso, no sólo en la Argentina sino en la mayoría de los países, dentro de los presupuestos educativos el 90% corresponde a costo laboral. Aun así, no deja de ser muy frustrante que una vez más el inicio el ciclo escolar se postergue por los paros.
En la Argentina de los últimos años la negociación salarial docente parte de un piso fijado centralizadamente a nivel nacional. Luego, el piso se complementa con negociaciones a nivel de cada provincia. En paralelo, la Nación envía fondos a las provincias para ayudar a pagar el salario docente. Otorga $215 mensuales a cada maestro con el Fondo de Incentivo Docente (FONID) y en las provincias más pobres paga otros $410 adicionales por maestro.
¿Cuánto representa esta contribución de la Nación al salario docente? Según datos del Ministerio de Educación para el primer trimestre del año 2011 en el caso de un maestro con 10 años de antigüedad de jornada simple en nivel primario la situación es la siguiente:
Estos datos oficiales señalan que la Nación paga una porción minoritaria del salario docente en las provincias del norte y marginal en las provincias del centro, Patagonia y la Ciudad de Buenos Aires. Como en el norte se concentra aproximadamente un tercio del sistema educativo, para el promedio del país lo que la Nación aporta al salario docente representa apenas 1 de cada 10 pesos del salario que recibe un maestro.
Se trata de una evidente contradicción. La Nación negocia los pisos remuneratorios, hace los anuncios y promueve que los sindicatos soliciten aumentos adicionales; pero las que tienen que pagar esos aumentos son las provincias. Que la Nación se inmiscuya en temas de gestión sólo se explica por voluntarismo, o demagogia, pero sus consecuencias se manifiestan en elevados y complejos niveles de conflictividad laboral docente.
Mientras la Nación y las provincias discuten salarios, se distrae la atención de lo importante: los resultados educativos. Las evaluaciones internacionales (PISA) colocan a la Argentina en muy mala posición. Las autoridades educativas relativizan estos malos resultados. Sin embargo, la propia evaluación nacional (ONE) también arroja que los chicos que concluyen la secundaria tienen serias dificultades para la comprensión de lectura. Ante este desalentador resultado, se esgrime que tan importante como la calidad es la inclusión. Los datos del Ministerio de Educación indican que los egresados de la educación media en el año 2010 fueron 248 mil jóvenes, cuando en el año 2003 eran 280 mil. O sea, en materia de inclusión los resultados tampoco son buenos.
La Presidenta tiene razón cuando señala que los docentes obtienen buenos salarios. Excluyendo a la Ciudad de Buenos Aires y la Patagonia, donde los salarios del sector privado son los más altos del país, en las 18 provincias restantes –que representan el 85% de todos los cargos docentes de primaria– la remuneración de un maestro de primaria es similar al salario del sector privado, cuando las condiciones de jornada, vacaciones y estabilidad laboral de un docente son mucho mejores. Pero esto no amerita ser tema de polémica. El problema es que este promedio esconde injusticias. Los educadores que se esfuerzan y se comprometen con el aprendizaje de sus alumnos cobran a fin de mes el mismo sueldo que los que utilizan los muchos vericuetos legales que permite la legislación para eludir sus responsabilidades. Por eso, una genuina preocupación por la inclusión y la calidad educativa pasa por cambiar esta perversa estructura de incentivos.
