Aerolíneas recibe el doble de ayuda que Buenos Aires

La política de subsidiar a empresas públicas está mostrando su costado más oscuro. A partir de ahora, el Estado nacional no podrá comprar los pasajes aéreos a la empresa que le ofrezca el mejor precio o servicio sino que obligatoriamente deberá hacerlo con Aerolíneas Argentinas. A la enorme masa de subsidios explícitos que recibe Aerolíneas –muy superiores, por ejemplo, a los que con mucha reticencia se le transfirió a la Provincia de Buenos Aires– se suma esta vía solapada de asignarle fondos públicos. El gobierno de Uruguay muestra, con el caso de PLUNA, un camino alternativo mucho más consistente con la equidad social.     

El Gobierno nacional determinó, por decreto, que todos los organismos del sector público nacional deberán contratar con Aerolíneas Argentinas cuando necesiten trasladar por vía aérea a sus funcionarios, empleados y asesores. Se incluyen tanto destinos domésticos como al exterior. Como consecuencia de esta disposición, las reparticiones públicas no van a tener la posibilidad de contratar a la empresa aérea que les ofrezca los precios más bajos y los mejores servicios (por ejemplo, optar por los horarios que permiten un mejor aprovechamiento del tiempo). La justificación es contribuir a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos del Estado. En la práctica, implica generar a favor de Aerolíneas Argentinas una clientela cautiva. Esto naturalmente se asocia a la necesidad de paliar la situación deficitaria de la compañía.

Un rasgo que caracteriza la gestión de la empresa desde su estatización es la falta de transparencia. Aun con esta importante limitación, en base a información publicada por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), elaborada con datos oficiales del Ministerio de Economía, se pueden aproximar los subsidios que el Tesoro nacional viene transfiriendo a Aerolíneas Argentinas:

· En el año 2011 la compañía recibió $3.455 millones.

· En el primer cuatrimestre del año 2012 los subsidios alcanzaron a $1.072 millones.

· Proyectando para todo el año 2012 es altamente probable que superen los $3.200 millones, es decir, un valor parecido al del año pasado.

Que una empresa del tamaño de Aerolíneas llegue a semejante desequilibrio sólo se puede explicar por graves deficiencias en la gestión. Esto hace visible un cuestionable derroche de fondos públicos y desnuda contradicciones y arbitrariedades en la asignación de prioridades. A la Provincia de Buenos Aires se le retaceó asistencia limitándola, según el Ministerio de Economía, a $1.500 millones de transferencias no reintegrables (más un préstamo de la ANSES por $600 millones) con el sano argumento de que no es recomendable convalidar la mala administración. Pero a una empresa pública con pésima gestión y una relevancia insignificante, respecto a la Provincia de Buenos Aires, se le transfiere el doble.

En Aerolíneas Argentinas, a los subsidios explícitos, se suman los subsidios solapados que recibirá al ejercer el poder monopólico de los viajes dentro del Estado nacional. Mientras que a la Provincia se le reclama más austeridad y eficiencia, a Aerolíneas Argentinas se le convalida la baja calidad y poca transparencia de la gestión obligando a que el resto de los organismos estatales se sometan a sus precios y calidad del servicio.

El gobierno de Uruguay, frente a un desafío parecido, no estuvo dispuesto a asignar subsidios explícitos desde el presupuesto público a PLUNA. Tampoco que recibiera subsidios disfrazados a cargo de otros organismos del Estado (fundamentalmente la empresa petrolera estatal que le proveía de combustible). Por ello, cuando entró en crisis de gestión pusieron a la venta los aviones y las rutas y subordinó los legítimos intereses de los empleados de PLUNA al interés general. En este sentido, por un lado se planea incentivar a que el personal sea tomado por las empresas que cubran las rutas que deja PLUNA. Por el otro, se espera que nuevas empresas cubran las rutas que atendía PLUNA y, si se generara algún vacio importante, con subsidios puntuales y acotados interesar a las empresas aéreas existentes a que cubran los trayectos no rentables.

Uruguay ofrece un testimonio muy aleccionador de las ventajas de combinar racionalidad económica con equidad social. En lugar de la opción fácil de claudicar frente a los intereses espurios, como frecuentemente ocurre en la Argentina, el gobierno uruguayo, con mucha valentía política y autocrítica, priorizó el interés general. La idea central es que el progresismo se concreta priorizando las funciones fundamentales del Estado, dentro de la cuales, obviamente, no entra derrochar fondos públicos en financiar una empresa pública deficitaria.