Aerolíneas y Aysa cuestan casi como la asignación por hijo

Mientras el Ministerio de Economía sigue dilatando la publicación del resultado fiscal del año 2012, fuentes alternativas adelantan que el déficit fue muy elevado. La principal causa son los subsidios a empresas públicas y privadas. Para cubrir el desequilibrio de sólo dos empresas estatizadas se usan fondos públicos por un monto similar al de la Asignación Universal por Hijo. Usar recursos del Estado para esta finalidad tiene impactos sociales y geográficos regresivos, además de potenciar la corrupción. Un cambio progresista se lograría dejando de sostener empresas inviables y sin sentido estratégico, eliminando el déficit fiscal financiado con emisión inflacionaria y descentralizando recursos públicos a las provincias.

El Ministerio de Economía todavía no ha publicado el resultado financiero del sector público nacional correspondiente al año 2012. El cronograma oficial indica que esta información debió haber sido brindada el 28 de enero. La demora se extendió a los datos correspondientes a enero del año 2013, que tampoco fueron publicados el 28 de febrero como originalmente estaba programado. Este vacío informativo puede ser parcialmente cubierto con información publicada por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).

Según los datos de ASAP, de una previsión de superávit fiscal de $1.476 millones que había en el Presupuesto Nacional del año 2012, se llegó a la realidad de que hubo un déficit fiscal del orden de los -$56.071 millones. Este cálculo computa sólo a los organismos que están dentro del Presupuesto Nacional. El desequilibrio será mayor cuando se tenga los resultados de los organismos extra-presupuestarios y los fondos fiduciarios.

Buena parte del déficit fiscal se explica por los subsidios a empresas públicas y privadas. Según ASAP, en el año 2012 se asignaron a subsidios económicos unos $99.447 millones. Dentro de ellos, aparecen testimonios muy sugerentes como:

·  Aerolíneas Argentinas recibió subsidios del Tesoro Nacional por $4.100 millones.

·  AySA, la empresa estatizada responsable de los servicios de agua y cloaca de la Ciudad y el Gran Buenos Aires, recibió subsidios por $5.400 millones.

·  Esto implica que entre Aerolíneas Argentinas y AySA los subsidios sumaron $9.500 millones, un monto muy cercano al que se asigna a la Asignación Universal por Hijo ($11.200).

Estos datos plantean varios motivos de preocupación. Por un lado, la enorme magnitud y la tendencia del déficit fiscal. Por otro lado, que frente a un tema tan importante las autoridades económicas apelen a un nuevo oscurantismo en las estadísticas oficiales. Finalmente, las contradicciones y la falta de racionalidad que se produce al subsidiar pasajes aéreos y la tarifa de agua y cloaca de la gente que vive en Buenos Aires con una cantidad de recursos que prácticamente iguala a lo que se asigna a la Asignación Universal por Hijo. Parecería desconocerse que la mayoría de los argentinos no sube a un avión de Aerolíneas Argentinas, no cuenta con cloacas y paga la tarifa del agua que consumen.

De todas formas, los casos de Aerolíneas Argentinas y AySA son sólo un indicio del desorden que provocan los subsidios a empresas. Para dar una idea de las magnitudes que involucra, cabe considerar que los $99 mil millones que se gastan en subsidios económicos es un monto similar a lo que las provincias asignan para sostener el sistema de educación primaria y secundaria de todo el país. Para promover una mejora en la educación, no sólo es importante reconocer que la educación básica es responsabilidad de las provincias sino también avanzar en una mayor coparticipación de los recursos fiscales. Para esto, es imprescindible liberar previamente al Presupuesto Nacional de la responsabilidad de subsidiar a empresas públicas y privadas..

Además de regresivos y financieramente no sustentables, los subsidios económicos son una fuente de corrupción. La información que se está haciendo publica con motivo del  accidente ferroviario de Once muestra el nivel extremo de degradación institucional al que se llega cuando se impone esta forma de administrar el Estado. Está quedando claro que bajo el mecanismo de los subsidios, la rentabilidad de las empresas no depende de invertir, gestionar y controlar la calidad del servicio, sino en dejarse cooptar y congraciarse con los funcionarios que reparten los fondos públicos.

El cuestionamiento a los subsidios no tiene una base ideológica sino de estricto sentido común. Contribuye a la decadencia usar los fondos públicos para beneficiar a las familias más ricas, a los que viven en Buenos Aires y a los funcionarios tentados por la corrupción. En sentido contrario, un impacto mucho más progresivo se lograría sincerando tarifas, subsidiando a las familias de más bajos ingresos sin importar donde vivan, dejando de sostener empresas inviables y sin sentido estratégico, eliminando el déficit fiscal que se financia con emisión inflacionaria y descentralizando más recursos públicos a las provincias.