Argentina es el país con más empleo público de la región

Los acontecimientos desencadenados con la muerte del fiscal Nisman testimonian el punto al que ha llegado la degradación del Estado argentino. Paradójicamente, ocurre cuando la Argentina es el país con la mayor cantidad de empleados públicos y cuyas remuneraciones son las más elevadas de la región. La explicación reside en la falta de profesionalismo, controles y transparencia que lleva a que el Estado sea apropiado y opere para intereses espurios en lugar de brindar servicios públicos de calidad a toda la sociedad.

A la incapacidad para detectar y castigar a los responsables de los atentados a la embajada de Israel y la AMIA se agrega ahora la impericia para determinar las circunstancias en que se produjo la muerte del fiscal que tenía a cargo la investigación de este último atentado. Se trata de una sucesión de fracasos con implicancias muy graves que desnudan las profundas debilidades del sistema judicial, de seguridad, de los servicios de inteligencia y la cancillería. En otras áreas estatales de igual importancia, como educación, salud, infraestructura y asistencia social, se observa similar nivel de deterioro.

¿Cuáles son los factores que explican la disfuncionalidad del Estado? Una reciente publicación elaborada por la OECD y el BID denominada “Panorama de las Administraciones Públicas – América Latina y el Caribe 2014” aporta interesantes evidencias sobre este tema. En el estudio se presentan 31 indicadores sobre aspectos claves de la gestión pública permitiendo la comparación entre países.

Entre los indicadores se incluye el que mide el tamaño del sector público a través del porcentaje de empleo público respecto al empleo total de cada país. En este punto se señala que en la Argentina el empleo público representa el 14,8% del empleo total mientras que en los países vecinos aparece que:

• En Uruguay, el empleo público representa el 12,7% del empleo total.
• En Brasil representa el 11,5% del empleo total.
• En Chile representa el 9,2% del empleo total.

Estos datos muestran que el tamaño del Estado, medido a través de los recursos humanos que contrata, es más grande en la Argentina que en los países vecinos. Su tamaño incluso es muy superior al promedio de América Latina (estimada en 10,7%) y similar al promedio de los países de la OECD (15,3% del empleo total). En suma, la Argentina es el país con más empleo público en la región y con similar nivel al de los países más desarrollados.

El empleo público en la Argentina además es uno de los mejores pagados. Según el mismo informe, el promedio simple de remuneraciones de los cargos de directores, profesionales y administrativos del sector público argentino asciende a un equivalente de 6,4 veces el PBI per capita del país, cuando la media estimada para Latinoamérica para estos mismos cargos se estima en 5,6 veces el PBI per capita y en los países de la OECD a 3,1 veces el PBI per capita. En otras palabras, el Estado argentino cuenta con abundante personal que además percibe, en promedio, muy buenas remuneraciones.

Sin embargo, el desempeño está más en línea con lo que ocurre en los países atrasados que con el nivel y calidad de servicios que cabría esperar de acuerdo a la magnitud de los recursos que administra. La principal explicación esta dada por los estilos de gestión adoptados. Los puestos de trabajo del sector público no cuentan con definición de perfiles, objetivos, ni indicadores que faciliten la transparencia de su gestión permitiendo el control social y las auditorias externas. Por el contrario, se aplica la estabilidad del empleo público con criterios extremos premiándose la mediocridad y la falta de compromiso. Bajo estas condiciones, el sector público se adormece en la burocratización y se convierte en presa fácil de intereses espurios. El interés general deja lugar a las presiones de proveedores, contratistas, sindicatos y organizaciones que se imponen en base a la corrupción, la violencia y hasta las metodologías mafiosas.

La caótica situación desencadenada a partir de la muerte del fiscal pone en evidencia el enorme esfuerzo que será necesario desplegar para devolverle eficacia y confianza a los sistemas de seguridad, justicia y relaciones internacionales. No menos desafiante será reconstruir otras áreas del Estado de fundamental importancia como educación, salud, infraestructura y asistencia social. Pero para no seguir perseverando en el fracaso es fundamental adoptar como punto de partida básico que el sector público no necesita más recursos sino un profundo cambio en la calidad de su gestión.