Informe Nº: 65505/06/2016
Un paso adelante en racionalizar el sistema impositivo es la eliminación de los impuestos a los Bienes Personales y a la Ganancia Mínima Presunta. Son impuestos de muy baja recaudación que se superponen con los que cobran las provincias y los municipios, e imponen innecesaria complejidad administrativa a los contribuyentes. Pero, por lejos, el desafío […]
Un paso adelante en racionalizar el sistema impositivo es la eliminación de los impuestos a los Bienes Personales y a la Ganancia Mínima Presunta. Son impuestos de muy baja recaudación que se superponen con los que cobran las provincias y los municipios, e imponen innecesaria complejidad administrativa a los contribuyentes. Pero, por lejos, el desafío más importante y complejo es lograr que en un futuro no lejano se logre acordar las reformas al sistema previsional que garanticen su sustentabilidad.
Uno de los temas que aborda el proyecto de ley de “blanqueo” propuesto por el Gobierno nacional es la eliminación de los impuestos a los Bienes Personales y a la Ganancia Mínima Presunta. Ambos tributos gravan los activos de las personas y se superponen a los que aplican las provincias y los municipios.
En el caso de Bienes Personales, para los contribuyentes que no se acojan al “blanqueo”, la eliminación se aplica de manera inmediata en reconocimiento al pago oportuno de los impuestos. Los que adhieran, lo pagarán de manera decreciente hasta el año 2018 inclusive, quedando eliminado a partir del 2019. En el caso de Ganancia Mínima Presunta, el impuesto deja de operar a partir del año 2019. La eliminación y el proceso con el que se instrumenta son inéditos y constituyen una innovación positiva respecto de “blanqueos” anteriores.
¿Cómo afectan estos impuestos a la recaudación total? Según datos de la AFIP correspondientes al año 2015, se observa que:
Estos datos muestran que la contribución de ambos impuestos a las arcas fiscales es muy baja. Entre los factores que explican su reducida eficacia, está que las provincias son inducidas a mantener subvaluados los inmuebles de sus ciudadanos a los fines de moderar la presión impositiva. En este sentido, la eliminación de estos dos impuestos nacionales debería inducir a las provincias y municipios a actualizar sus catastros y modernizar sus sistemas tributarios. Un desafío similar, pero mucho más complejo e importante, es revisar otras superposiciones como la del IVA nacional con el impuesto a los Ingresos Brutos provinciales y con las tasas municipales sobre el comercio e industria.
Sin subestimar la importancia de avanzar en la transformación del sistema tributario, la principal tarea pendiente es la reforma previsional. El pago de jubilaciones representa el 40% del gasto público nacional y esto aumentará de manera inmediata con la corrección de la movilidad. A esto se suma la devolución del 15% de coparticipación a las provincias y el impacto del continuo envejecimiento poblacional. Como ocurrió hace 2 décadas, cuando se cancelaron pasivos previsionales con las privatizaciones, ahora se decide consumir el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y el “blanqueo” con la misma finalidad. Pero rápidamente se presentará otra crisis previsional si se mantienen promesas incumplibles, es decir, reglas de beneficios actuarialmente inconsistentes y regímenes especiales que atentan contra la sustentabilidad financiera y son fuente de irritantes inequidades. Entre los puntos más importantes y sensibles aparecen la necesidad de revisar varias de las cajas provinciales no transferidas y los regímenes de “privilegio” que otorgan haberes superiores y/o requerimientos de aportes y edad menores al régimen general.
Se trata de una tarea colosal que el proyecto delega a una comisión ad hoc denominada “Consejo de Sustentabilidad Previsional”. A esta comisión se le otorgan tres años para elaborar un proyecto de ley con un nuevo diseño de régimen previsional universal, integral, solidario y sustentable. No sólo el futuro del sistema previsional sino la sustentabilidad de todo el Estado nacional dependen de que esta comisión sea dotada de los insumos técnicos y políticos acordes a la complejidad e importancia del tema.
El desarrollo social requiere un Estado sustentable y que no agreda al ciudadano. La reducción de los impuestos a los Bienes Personales y a la Ganancia Mínima Presunta va en el sentido correcto. Pero el paso decisivo y crucial es darle operatividad al Consejo que tiene la responsabilidad de elaborar la reforma previsional.
