Cae al 24% anual el crecimiento de la coparticipación

Datos referidos al primer semestre del año confirman que el crecimiento de la recaudación impositiva se desacelera y, con ello, los recursos que automáticamente se transfieren a las provincias. El cambio no es abrupto y, por lo tanto, sus consecuencias no deberían generar grandes dificultades. Sin embargo, la dinámica fiscal de un gasto público que no cesa de crecer, montada en el marco de un contexto internacional inéditamente favorable, no es sostenible. De no mediar un cambio de estrategia, las dificultades que exterioriza la Provincia de Buenos Aires deberían considerarse como el primer síntoma de una crisis fiscal más profunda y generalizada con riesgo de contagiar al resto del país.         

La Constitución Nacional adopta una organización federal, pero la mayor parte del cobro de impuestos está a cargo de la Nación, más precisamente de la AFIP. Los servicios más importantes, en cambio, como la educación y la salud pública, la seguridad, la administración de justicia y la infraestructura urbana, son gestionados por las provincias. Por esto, una porción de los impuestos que recauda el Estado nacional son distribuidos automáticamente a las provincias aplicando un complejo conjunto de reglas que fija los porcentajes para cada jurisdicción.   

Para cumplir con sus responsabilidades, las provincias se financian con lo que reciben por dicha distribución automática, más lo que cobran por impuestos propios (ingresos brutos, inmobiliario, sellos y otros) y lo que la Nación le transfiere discrecionalmente de sus propios recursos. Concluido junio, se dispone de información provisoria sobre los impuestos distribuidos automáticamente a las provincias en el primer semestre del año 2012. Estos datos, provenientes del Ministerio de Economía, muestran la siguiente situación:

· En la primera mitad del año 2010, la distribución automática de impuestos nacionales a las provincias tuvo un crecimiento interanual de 34% en valores nominales

· En el primer semestre del año 2011 el crecimiento fue de 33%.

· En los primeros 6 meses del año 2012, el crecimiento de los recursos nacionales transferidos automáticamente a las provincias cayó a un tasa del 24% interanual.

Estos datos son oficiales y, si bien provisorios, muestran con claridad que el crecimiento de los recursos fiscales que llegan a las provincias por la vía de la distribución automática se está desacelerando. No se trata de una caída abrupta, pero merece ser tenida en cuenta porque tiene impactos relevantes sobre las finanzas provinciales. Un testimonio concreto es la imposibilidad de la provincia de Buenos Aires de cumplir con el pago del medio aguinaldo correspondiente a la primera mitad del 2012.

La restricción fiscal de las provincias todavía no es tan severa como la experimentada en el año 2009, cuando la distribución automática creció apenas un 9%. Pero en la actualidad se cuenta con menos márgenes de acción. En el año 2009 se pudo apelar a crear el Fondo Federal Solidario, que consiste en distribuir el 30% de las retenciones a las exportaciones de soja entre las provincias. En cambio ahora las disponibilidades son mucho más acotadas.  

La escasez de recursos fiscales queda al desnudo con la insistencia de no actualizar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias personales y el relativamente modesto auxilio financiero otorgado por la Nación a la provincia de Buenos Aires. Agotado el crecimiento de la recaudación impositiva para sostener el crecimiento del gasto público se apela a las reservas del Banco Central, los ahorros apropiados por la ANSES, la emisión espuria de dinero y el ahogo financiero a las provincias.  

El crecimiento insostenible del gasto público de los últimos años llevó a dilapidar la oportunidad que ofreció el contexto internacional inéditamente favorable. De cara al futuro, los cuestionamientos al impuesto a las ganancias y la mala situación fiscal de las provincias deberían asumirse como dos buenas razones para empezar a desmontar los factores que presionan por seguir aumentando el gasto público. Sería muy saludable que las habilidades de la política fueran abocadas, en lugar de rivalizar, a buscar consensos para revertir la enorme demanda de recursos públicos que exigen las estatizaciones de empresas deficitarias, los subsidios para evitar los ajustes de tarifas, las moratorias previsionales, el crecimiento del empleo público y la promoción de aumentos de salarios por encima de lo que el Estado puede pagar. Esto tendría altos dividendos sociales, pero, obviamente, requiere de una actitud madura que priorice el bien común antes que las ventajas políticas personales.