Informe Nº: 104312/11/2023
Mientras algunas provincias plantean juicios ante la Corte cuestionando la coparticipación, otras alertan que, si se eliminara, no podrían pagar los sueldos de los empleados públicos. La coparticipación no tiene arreglo. Hay que adoptar la regla de correspondencia fiscal: el que gasta, recauda.
La recaudación está fuertemente centralizada a nivel nacional mientras que las principales funciones públicas son administradas por las provincias y sus municipios. Por eso, parte de la recaudación es apropiada por la Nación y el resto es distribuido entre las provincias. Para ello se aplican una serie de reglas previstas en la ley de coparticipación y otras normas análogas. El esquema es tan complejo y arbitrario que coloquialmente se lo denomina el “laberinto de la coparticipación”.
La coparticipación históricamente fue motivo de conflictos y polémicas. La evidencia más extrema es la gran cantidad de juicios planteados antes la Corte por provincias que se sienten perjudicadas. El caso más reciente es Mendoza que cuestiona la reducción del impuesto a las ganancias dispuesta unilateralmente por el gobierno nacional. En paralelo, los gobernadores del norte alarman a sus poblaciones con la amenaza de que si disminuye la coparticipación no podrán pagar los sueldos de los empleados públicos.
¿Por qué la coparticipación genera tantas controversias? Si bien es un tema que involucra muchas aristas y complejidades, en base a información publicada por el Ministerio de Economía, referida al 2022, se pueden extraer evidencias para desentrañar este importante tema:
Estos datos muestran que la coparticipación redistribuye recursos impositivos en favor de las provincias del norte y éstas los usan para expandir el empleo público. Las evidencias avalan el planteo de los gobernadores del norte que, si les disminuye la coparticipación, no podrán pagar los sueldos ya que es claro el exceso de dotación de empleados públicos. También explican el rechazo que genera la coparticipación entre las provincias que ponen más de lo que reciben y plantean su judicialización.
La coparticipación es una de las principales causas de la decadencia argentina. A las provincias del centro y la Patagonia le impone un drenaje de recursos que cercena su progreso. Paradójicamente, también cercena las posibilidades de progreso de las provincias del norte. Los abundantes recursos que reciben las provincias del norte son destinados mayoritariamente al empleo público espurio y otras prácticas clientelares. La coparticipación no es una herramienta de solidaridad desde las zonas más ricas a las más pobres. Muy por el contrario, la coparticipación profundiza su subdesarrollo a través de los incentivos que genera en sus gobiernos a acumular poder político en base al clientelismo.
La solución pasa por aplicar el principio, ampliamente avalado por la teoría de las Finanzas Públicas, de correspondencia fiscal. Esto es, el que gasta, recauda. Para ello es necesario un nuevo acuerdo de coordinación tributaria y funcional entre las provincias y la Nación. El Estado nacional se debería financiar con los impuestos al comercio exterior, la seguridad social y el impuesto a los ingresos. Las provincias con sus municipios con un IVA que absorba ingresos brutos y tasas municipales. La AFIP debería seguir administrando el IVA unificado, sólo que, en lugar de distribuir aplicando la coparticipación, debería hacerlo en función de la producción y consumo de cada provincia. Esto incentivaría el desarrollo local. Las provincias del norte recibirían asistencia de un Fondo de Convergencia hasta que logren un nivel de desarrollo similar al resto del país.
Que en las provincias del norte usen los fondos para expandir el empleo público y no para promover el desarrollo es el resultado de los malos incentivos de la coparticipación. De la misma manera, la litigiosidad es intrínseca a la coparticipación. Prueba de ello es que en una gran cantidad de pactos fiscales se asumieron compromisos de no hacer juicios entre las provincias y la Nación, sin embargo, los juicios pululan. Por esto, la correspondencia fiscal generará mejores incentivos porque induce a la buena administración ya que impone la rendición de cuentas del gasto público a los ciudadanos contribuyentes.
