El ahorro en subsidios a energía fue a más gasto público

El Índice de Precios al Consumidor del INDEC arrojó que la inflación en el año 2017 fue del 24,8%. Las proyecciones sobre inflación que hacían los analistas económicos privados relevados por el Banco Central antes de conocerse el número final estaban en torno al 22%. Lo que produjo la diferencia fueron los ajustes en las tarifas de la energía. De hecho, tomando sólo lo que se conoce como la “inflación núcleo” (que es la inflación excluyendo los productos estacionales y los precios regulados) se observa que el índice fue del 21,1%.

La inflación es el aumento generalizado de todos los precios de la economía. En este sentido, ajustes fuertes en los precios relativos de algunos bienes –como las tarifas de energía– no son estrictamente inflación en la medida que sean por única vez. De aquí que lo relevante no es tanto el desvío que el ajuste de tarifas ocasiona en el índice de inflación sino el hecho de que la inflación sigue siendo elevada, aún sin considerar el ajuste de tarifas.

Para entender porque la “inflación núcleo” sigue siendo muy alta resulta pertinente analizar la evolución de algunos componentes claves del gasto público. La información publicada por el Ministerio de Hacienda actualizada a noviembre del 2017 señala que:

• Los subsidios a la energía se redujeron en $66 mil millones de pesos respecto al mismo período del 2016.
• El resto de los subsidios económicos subieron en $30 mil millones.
• Los programas nacionales de educación, salud, vivienda, saneamiento y desarrollo social que se ejecutan en las provincias subieron en otros $33 mil millones.

Estos datos muestran que lo que el Estado nacional se ahorró con la reducción de los subsidios a la energía fue utilizado para aumentar el gasto en otros rubros. Particularmente importante es el incremento en subsidios al transporte y en programas nacionales que se superponen con funciones y responsabilidades provinciales y municipales. Si a esto se suma la expansión de los gastos de la ANSES se explica que la persistencia de la inflación no solo responde a la actualización de tarifas asociada a la reducción de subsidios a la energía sino a la perseverancia del elevado déficit fiscal.

El ordenamiento de las cuentas públicas depende de un ordenamiento institucional que respete la organización federal. El grueso de los subsidios no energéticos en su mayoría va al transporte, los cuales tienen como principal finalidad subsidiar a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El mismo tipo de desvío subyace en los programas nacionales superpuestos con funciones de las provincias y los municipios. Esto demuestra que se pueden ahorrar recursos a partir de que la Nación abandone la histórica práctica de querer suplantar funciones provinciales y municipales.

En paralelo, urge abordar una reforma previsional integral y un ordenamiento de las acciones que desarrolla la ANSES. El 38% del gasto primario nacional son jubilaciones y su crecimiento en el 2017 representó el 62% del crecimiento del gasto total. Esta dinámica previsional es el principal factor desestabilizador de las finanzas públicas. La revisión de la fórmula de movilidad atacó uno de los problemas, pero queda pendiente revisar muchas otras inconsistencias. Por ejemplo, la duplicación de cobertura que genera la regla de pensiones y la proliferación de regímenes especiales y diferenciales que dan injustificadamente jubilaciones tempranas y/o haberes más elevados a determinados colectivos de personas.

Algunos argumentan que imprimir mayor velocidad al ordenamiento del Estado perjudicaría a los sectores populares. Nada más lejos de la realidad. El lento gradualismo es lo que tiene impactos muy regresivos en la distribución del ingreso. A noviembre del 2017, el déficit fiscal creció en $88 mil millones respecto al 2016, explicado en su totalidad por el incremento en el pago de intereses de deuda. Querer controlar la inflación vía más deuda pública –para contener la emisión monetaria– es regresivo porque no reduce la inflación y asigna una masa creciente de fondos públicos a pagar más intereses de deuda que, en general, benefician a las personas de altos ingresos.