El déficit fiscal es equivalente al dinero que tiene la gente

En el marco de la campaña electoral abundan ideas y propuestas que asumen –explícita o implícitamente– que la situación económica actual es crítica pero que tenderá a normalizarse con una nueva administración. Tanto las promesas de los candidatos, los últimos fallos de la Justicia e iniciativas de actores sociales importantes (por caso, los empresarios industriales con su Plan Productivo 20/23) parecen no percibir que la situación fiscal refleja una crisis terminal y no una mera perturbación transitoria.

Una evidencia objetiva de la extremadamente precaria situación fiscal es que nadie está dispuesto a prestarle al sector público. En agosto, el gobierno quiso renovar las Letras de Tesorería y la licitación se declaró desierta porque no hubo ofertas para prestarle al Estado. Ante esta situación, el Ministerio de Hacienda tuvo que imponer el re-perfilamiento, es decir, diferir compulsivamente el pago de deuda. Sin acceso al crédito para financiar el déficit fiscal, no hay otra opción que emitir moneda.

El déficit fiscal total se compone del desequilibrio del sector público más el déficit cuasi fiscal representado básicamente por las Leliq del Banco Central. Para dimensionar los riesgos de cubrir estos desequilibrios con emisión monetaria, sirve observar los siguientes datos:

• A diciembre del 2019, el déficit del Sector Público Nacional total (primario más intereses de deuda pública) ascenderá a aproximadamente 1 billón de pesos.
• El stock de Leliq acumulado en el Banco Central y cuya contraparte son plazos fijos de la gente asciende a 1,2 billones de pesos.
• La cantidad de dinero en pesos en manos de la gente (efectivo, cuentas corrientes y cajas de ahorro) asciende a 2,2 billones de pesos.

Estos datos permiten inferir que, si el déficit del Sector Público Nacional más el stock de Leliq en el Banco Central se monetizaran, la cantidad de pesos en manos de la gente se duplicaría. Semejante presión monetaria en la actual situación –inflación del orden del 55% anual y en crecimiento, recesión y severa escasez de dólares– tiene altas probabilidades de llevar la crisis a un nivel superior de descomposición: la hiperinflación.

Se puede argumentar que declarando el default se evita pagar intereses que explican gran parte del déficit. Pero aun suponiendo que se instrumentara este costoso y traumático procedimiento y se aplicara análogo criterio con las Leliq, los riesgos hiperinflacionarios no se disipan si no se generan superávits primarios sostenidos. Esto es, superávits antes del pago de intereses a partir del 2020. Lo cierto es que en las actuales condiciones, generar superávits es muy difícil. Alcanza con tener en cuenta que las jubilaciones y otras prestaciones sociales, los salarios públicos y los subsidios económicos representan más del 75% del gasto y sobre ellos operan mecanismos indexatorios muy estrictos. A esto se suma que las promesas electorales, la presión de los actores sociales y los criterios que aplica la Justicia en la mayoría de sus fallos implican reducir ingresos y aumentar gasto.

La única forma de evitar la hiperinflación es consensuando un plan de ordenamiento del Estado. Si bien los desafíos son muchos, los ordenamientos esenciales son tres: el ordenamiento previsional (con mecanismos automáticos de actualización de las reglas previsionales según la dinámica demográfica, restringiendo la doble cobertura y eliminando los regímenes especiales), el ordenamiento impositivo (unificando impuestos nacionales, provinciales y municipales) y el ordenamiento funcional (eliminando organismos y programas nacionales que se superponen con funciones provinciales y municipales).

Actuar como si la crisis fuera pasajera y que disipado el panorama político se tenderá a la normalidad, es un acto de irresponsabilidad. Por eso, en lugar de seguir acumulando promesas electorales, fallos judiciales y propuestas voluntaristas es fundamental tomar conciencia de la gravedad de la situación. Sin posibilidades de tomar más deuda, el camino es abordar, con responsabilidad e idoneidad, el ordenamiento del Estado. Caso contrario, será la hiperinflación la que se encargará de ajustar al sector público de manera traumática y socialmente muy costosa.