Informe Nº: 40217/11/2011
La crisis que azota a varios países desarrollados está asociada a una insostenible brecha entre los ingresos públicos y los gastos que demanda el Estado. En el caso de Argentina se argumenta que los riesgos de crisis son bajos porque la situación fiscal sería sólida. Sin embargo, alcanza con computar los pasivos previsionales no registrados […]
La crisis que azota a varios países desarrollados está asociada a una insostenible brecha entre los ingresos públicos y los gastos que demanda el Estado. En el caso de Argentina se argumenta que los riesgos de crisis son bajos porque la situación fiscal sería sólida. Sin embargo, alcanza con computar los pasivos previsionales no registrados para desnudar una situación muy precaria. La principal diferencia con los países desarrollados es que en la Argentina la falta de institucionalidad permite esconder estos desequilibrios difiriendo sus consecuencias al futuro.
Se extienden y profundizan los problemas económicos en la mayoría de los países desarrollados, incluyendo los EEUU. Un factor clave en esta crisis es la acumulación de déficits que han derivado en muy altos niveles de endeudamiento público. La dinámica fiscal insostenible se combina con sistemas políticos que están demostrando baja capacidad de acción para acordar las estrategias de recomposición de las cuentas públicas que conduzcan a la sustentabilidad. El resultado es alto nivel de incertidumbre con perturbaciones negativas sobre la situación económica y social.
Se señala que la Argentina estaría “encapsulada” frente a las derivaciones de esta crisis internacional. Entre los argumentos que se esgrimen se sostiene que el país cuenta con una situación fiscal solvente, a diferencia de lo que ocurre en los países desarrollados. Sin embargo, del análisis de las cuentas públicas aparece un panorama bastante diferente.
Según la Secretaría de Hacienda, en el primer semestre del año el Estado nacional tuvo un superávit primario (esto es la diferencia entre los ingresos y los gastos públicos sin considerar los pagos de intereses de deuda pública) de $1.800 millones promedio mensual. Pero si se observa con más detenimiento surge que:
Los datos oficiales señalan que con las tendencias del primer semestre llegaría a acumularse en el año 2011 un desequilibrio del orden de los $33 mil millones. Para tener una idea de órdenes de magnitud, el déficit fiscal es casi 3 veces lo que se destina a la Asignación Universal por Hijo. Las evidencias muestran que la aparente “solidez” fiscal depende decisivamente de considerar como ingresos normales del Estado los excedentes del sistema previsional, la rentabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (los ahorros del sistema previsional), las reservas del Banco Central y los “ahorros” forzados en organismos públicos con el consiguiente deterioro de los servicios a la población, como por ejemplo los servicios sanitarios de PAMI.
Más importante aún es que en la contabilidad pública no se registra una gran cantidad de gastos. Por ejemplo, se reconoció oficialmente que hay 300 mil juicios previsionales con fallos definidos y que la ANSES demora el pago. Fuentes judiciales señalan que estos juicios llegarían a los 470 mil y con tendencia creciente. De los trascendidos periodísticos posteriores a la reunión de la Corte Suprema con las autoridades de ANSES surge que si se respetara el precepto constitucional de la movilidad de los haberes previsionales (que es el factor que genera los juicios), el gasto corriente del Estado nacional aumentaría en $37 mil millones, es decir, el déficit fiscal se duplicaría.
La crisis en los EEUU se explicita porque una robusta institucionalidad le impide al Presidente de EEUU (“la persona más poderosa del planeta”) superar determinados niveles de endeudamiento sin la autorización del Congreso. La baja institucionalidad en la Argentina permite que los funcionarios del Poder Ejecutivo manipulen las cuentas públicas con total discrecionalidad y oculten cifras enormes de gastos.
Para desnudar la fragilidad que esconde el manejo discrecional de las finanzas públicas, alcanza con imaginar la crisis política y económica que se generaría si la ANSES respetara la movilidad de los haberes previsionales y el Poder Ejecutivo estuviera obligado a solicitar el financiamiento al Congreso (como es en EEUU). La falta de institucionalidad permite ocultar transitoriamente el problema previsional y diferir sus consecuencias. Pero en algún momento se va a explicitar en dimensiones acordes al desequilibrio fiscal que se viene acumulando. Por eso, lo más importante no es quien gane las elecciones, ni cual será la evolución del contexto internacional, sino acordar entre las fuerzas políticas mayoritarias un ordenamiento estructural del sector público.
