Informe Nº: 76622/07/2018
En la primera mitad del año se observa una importante caída del déficit fiscal. No menos relevante es que se dio no tanto por aumento en los ingresos sino porque los gastos crecieron mucho menos que la inflación. La clave ahora es rápidamente reorganizar al Estado para darle sostenibilidad al proceso. Se dieron a conocer […]
Se dieron a conocer los resultados del Sector Público Nacional correspondientes al primer semestre del 2018. El déficit fiscal primario (antes del pago de intereses) bajó respecto a igual período del año anterior desde $144 mil a $106 mil millones. Esta reducción es casi equivalente al incremento en los pagos de intereses de deuda que pasaron desde $111 mil a $145 mil millones. Así, el déficit fiscal total bajó levemente desde $256 mil a $251 mil millones entre el primer semestre del 2017 y el primer semestre del 2018.
En el marco de la alta inflación prevaleciente, que el déficit fiscal no crezca nominalmente implica una importante reducción medida en términos de moneda constante. Es prematuro sacar conclusiones debido a que se trata de medio año y en parte se puede explicar por una mayor propensión a diferir pagos. Pero es auspicioso el cambio de tendencia. Desde el 2010 que no se registraba una reducción nominal del déficit fiscal.
Otro punto importante para analizar es cómo se logró este incipiente pero alentador proceso. Según la información publicada por el Ministerio de Hacienda, se observa que:
Estos datos muestran que el quiebre de tendencia del déficit fiscal se explica fundamentalmente por una fuerte desaceleración del gasto público. Mientras que en el 2016 y 2017 el gasto público creció a igual ritmo que la inflación, en el primer semestre del 2018 fueron los ingresos los que aumentaron como la inflación mientras que el incremento nominal del gasto público fue unos 6 puntos porcentuales inferior. La austeridad estuvo concentrada en los subsidios económicos, las transferencias discrecionales a provincias y especialmente en la inversión pública. La contención de estos gastos alcanzó para más que compensar el incremento del gasto en jubilaciones y pensiones que sigue creciendo muy por encima de la inflación.
Para que este cambio de tendencia sea financiera, social y políticamente sostenible es fundamental reactivar la producción. Por eso, es clave sostener el cronograma de reducción de impuestos distorsivos. Parte de los impactos negativos sobre la recaudación deberían ser compensados con adecuaciones de otros impuestos (como fortalecer los tributos patrimoniales y eliminar exenciones, entre otros) y bajas en la evasión. Pero lo más importante ahora es profundizar y darle sustento a la reducción del gasto.
El congelamiento de las transferencias discrecionales a provincias es apenas un paso preliminar frente al desafío de institucionalizar la decisión de que el Estado nacional deje de interferir en funciones provinciales y municipales. Por la magnitud de los fondos involucrados el punto central es que la Nación no administre ni subsidie los servicios públicos de la región metropolitana. Pero también es necesario acordar con el resto de las provincias la eliminación de los programas nacionales a través de los cuales se distribuyen discrecionalmente insumos y reparaciones para escuelas, centros de salud, calles, cordón-cunetas y ayudas asistenciales en provincias y municipios.
Con este replanteamiento del rol del Estado nacional aparecerá el espacio fiscal para que el nivel central recupere la inversión pública que le corresponde ejecutar en su función interprovincial como las rutas nacionales, el transporte ferroviario, los puertos y las hidrovías, y el transporte aerocomercial. El otro gran desafío de la Nación es darle sustentabilidad a la seguridad social. Para esto es necesario eliminar regímenes previsionales de privilegio y la regla de pensión que lleva a la duplicación de beneficios cuando fallece un jubilado.
