El Estado cubre sólo el 85% de sus gastos con ingresos genuinos

El 2018 había comenzado con una tasa de inflación de 25% anual y en descenso, pero terminó con un crecimiento de los precios del orden del 47%. El nivel de deuda pública equivalía al inicio del año al 57% del Producto Bruto Interno (PBI) pero termina con un nivel de 95% del PBI. El explosivo aumento en las tasas de interés paraliza la inversión y la producción incidiendo muy negativamente sobre el nivel de empleo formal.

En el diagnóstico oficial se pone énfasis en la mala cosecha del 2018 y las condiciones desfavorables en los mercados financieros internacionales como los principales factores causantes de este frustrante desempeño. Entre la mayoría de la oposición la atribución es a los errores del gobierno nacional. Un enfoque alternativo es indagar si este rebrote recesivo, inflacionario y de alto endeudamiento público obedece a factores circunstanciales o, por el contrario, responde a causas más estructurales.

Planteado de esta manera aparece como muy pertinente analizar la dinámica de las cuentas públicas en las últimas seis décadas. Según información publicada por el Ministerio de Hacienda nacional se observa que:

• Entre 1961 y el 2002 pasaron 42 años de los cuales todos fueron deficitarios y los ingresos genuinos del Estado nacional sólo alcanzaron a financiar el 80% del gasto.
• Entre el 2003 y el 2008 fueron los únicos años superavitarios donde los ingresos del Estado superaron en promedio un 5% el gasto público.
• Entre 2009 y el 2018 pasaron otros 10 años los cuales todos volvieron a ser deficitarios y los ingresos del Estado apenas financiaron el 90% del gasto público.

Estos datos muestran que en los últimos 58 años hubo 52 con déficit fiscal. Los únicos años excedentarios registrados entre el 2003 y el 2008 responden más a artilugios contables que a genuina solvencia fiscal. En este periodo, los gastos estuvieron artificialmente reducidos porque no se pagaba deuda externa por el mega-default del 2002 y las jubilaciones y salarios públicos estaban licuados con el rebrote de la inflación. Si se hubiese registrado en la contabilidad pública los juicios de los acreedores internacionales y de los jubilados, esos años también hubiesen sido deficitarios. Esto permite afirmar que se acumula más de medio siglo de déficits sistemáticos durante los cuales sólo se alcanzó a financiar con recursos genuinos, en promedio, el 85% del gasto público.

¿De qué otra manera puede financiarse un déficit fiscal estructural y permanente del orden del 15% del total de los gastos si no es con emisión monetaria y/o endeudamiento público? Dado que no hay vías alternativas, las consecuencias previsibles son la alta inflación y el exceso de endeudamiento que lleva al default. La actual crisis encuadra dentro de esta misma lógica. Por eso, es erróneo basar las explicaciones en hechos circunstanciales como la sequía, el contexto internacional o las malas estrategias del gobierno nacional. Mientras el sector público sea estructuralmente deficitario no hay posibilidades de emprender el desarrollo económico y social.

La restricción externa –es decir, la incapacidad del sector exportador para generar divisas suficientes para financiar un proceso sostenido de crecimiento– es una derivación del desorden fiscal. La Argentina cuenta con un sector productivo muy competitivo, pero sus posibilidades de exportar y generar divisas son cercenadas por un Estado degradado que genera impuestos distorsivos, insuficiencia de infraestructura, escaso apoyo al desarrollo tecnológico, altas tasas de interés, alta inflación e incertidumbre de largo plazo. En otras palabras, para superar la restricción externa hay que ordenar el Estado.

Con equilibrio fiscal se pueden evitar la emisión inflacionaria y el endeudamiento insostenible. Así, crear las condiciones para desmantelar las políticas anti-exportadoras que quitan competitividad a los sectores productivos. Para ello, el debate político debería estar menos centrado en hechos circunstanciales y más en el abordaje con seriedad y profesionalismo de las estrategias para equilibrar estructuralmente al Estado.