El Estado Nacional tiene que cambiar de roles

Ante la persistencia de las turbulencias financieras aumenta la urgencia por equilibrar las finanzas públicas. Uno de los componentes que se prevé abordar son las transferencias discrecionales a provincias. Se trata de programas nacionales a través de los cuales se envían fondos o se financian adquisiciones con el objetivo de colaborar en la gestión de servicios a cargo de los gobiernos locales. Los más importantes, pero no los únicos, son los relacionados con servicios educativos y de salud pública.

Este tipo de intervenciones colisiona con el régimen federal que establece que son las provincias las responsables de administrar estos servicios. Sin embargo, se han justificado como herramientas tendientes a promover el desarrollo social y corregir brechas entre regiones. Subyace el supuesto de que los funcionarios nacionales son más idóneos que sus pares locales para administrar los fondos públicos.

¿Cuáles es el volumen de recursos que administran los ministerios nacionales para ejecutar funciones propias de los gobiernos provinciales? Si bien es muy difícil dar una respuesta exacta, con información del Presupuesto 2018 se puede estimar que:

• El Ministerio de Educación nacional asigna unos $43 mil millones para reparación, insumos y capacitación de escuelas provinciales.
• El Ministerio de Salud nacional asigna unos $34 mil millones para insumos, fortalecimiento y capacitación de centros de salud provinciales.
• El Ministerio de Desarrollo Social nacional asigna unos $3 mil millones más en construcción y equipamiento de centros de desarrollo infantil.

Estos datos muestran que la Nación estaría gastando no menos de $80 mil millones en insumos para escuelas y centros de salud provinciales. Dado que equivale a un quinto del déficit fiscal primario, se trata de un volumen cuya revisión podría hacer una contribución importante a la reducción del déficit fiscal. La duda que se plantea es la incidencia que esto podría tener sobre la calidad de la educación y la salud pública.

Estudios internacionales relativizan el impacto de este tipo de gasto sobre la calidad de la educación y la salud. Por ejemplo, una publicación en la revista Science ““Los desafíos de la educación y el aprendizaje en los países emergentes” releva mediciones de impactos de más de 30 estudios en América Latina, Asia y África y concluye que no se encuentran impactos positivos en educación en los gastos de insumos (libros, material de clase, computadoras, reparaciones, etc.). Por el contrario, encuentran que los incentivos y el monitoreo de los docentes son decisivos para el aprendizaje de los alumnos. En un estudio similar, “La calidad de la atención primaria en los países de bajos ingresos: hechos y economía”, se demuestra que la calidad de la acciones en salud es mucho más sensible a los incentivos y al monitoreo de los médicos que a la provisión de insumos.

Estas evidencias internacionales ayudan a entender la baja calidad de los servicios de educación y salud en la Argentina. Aunque los programas nacionales en educación y salud estén cargados de buenas intenciones, en la práctica, potencian el derroche de recursos. Por un lado, porque no hay posibilidad de administrar centralizadamente con eficiencia la compra de libros, computadoras, medicamentos, equipamiento médico o la construcción y reparación de escuelas u hospitales en todo el territorio nacional. Pero lo más negativo es que inducen a las provincias a desatender lo más importante, que es, el monitoreo y los estímulos a docentes y médicos del sistema público.

Que los ministerios nacionales dejen de cogestionar servicios a cargo de las provincias y municipios no solo debe ser asumido como una vía para recobrar sustentabilidad en las finanzas públicas. Además, es la oportunidad para replantear roles y hacer un aporte muy relevante en favor de la calidad de los servicios sociales. En lugar de mantener enormes estructuras nacionales, superpuestas a la de los gobiernos locales, los ministerios nacionales deberían reconvertirse en agencias más pequeñas y profesionales concentradas en medir y difundir resultados y limitarse sólo a dar asistencia técnica a los gobiernos locales, especialmente de las regiones más atrasadas, para que modernicen su gestión.