El FONID demuestra que no hay que ajustar sino ordenar el Estado

Cuando se terminó de conformar la República Argentina en 1860, las provincias –que son las creadoras de la República– se reservaron para sí, en el artículo 5° de la Constitución Nacional, la administración de la educación. Pero ante la inacción de las provincias, en 1880 –durante el gobierno de Julio A. Roca– Sarmiento se hace designar superintendente de escuelas con el objetivo principal de construir escuelas y formar docentes en las provincias desde el Estado nacional. Fue una decisión práctica, pero contraria a la Constitución, que instaló la errónea idea de que la Nación es responsable de la educación básica.

En las décadas del ‘70 y ‘90 se trasfirieron todas las escuelas nacionales a las provincias, regularizando la situación. Pero esto no fue acompañado con una reconversión del Ministerio de Educación nacional. Por el contrario, las autoridades nacionales mantuvieron la intención de cogestionar las escuelas. Así es como actualmente existen 7 programas nacionales que se inmiscuyen en la gestión educativa de las provincias consumiendo la mitad del presupuesto de la Secretaría de Educación. Uno de ellos es el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) a través del cual se paga un complemento al salario de los docentes provinciales que equivale, en promedio, al 9% del salario total.

¿Cómo impacta en las finanzas públicas nacionales y provinciales la eliminación del FONID? Según el Ministerio de Economía para el año 2023 se observa que:  

• El FONID repartió entre las provincias $333 mil millones o 0,17% del PBI.
• Para las provincias este monto representó el 1% del gasto provincial total.
• Para la Nación representó el 0,75% del gasto nacional total.

Estos datos muestran que el FONID tiene dimensiones relativamente pequeñas tanto en los gastos provinciales como en el presupuesto nacional. Sin embargo, su eliminación genera encendidas polémicas profundizando la conflictividad. Seguramente esto contribuirá a que nuevamente –como viene ocurriendo desde hace décadas– el dictado de clases no comience según el calendario escolar fijado por cada provincia (26/4, 1/3 o 4/3). Un costo social y político exageradamente alto para los pocos recursos involucrados.

El FONID nació, como el resto de los programas nacionales, con buenas intenciones: financiar un incentivo que premie a los educadores que se comprometen con la formación de sus alumnos. Esto colisionó con la realidad de que los docentes son empleados públicos provinciales. Abandonando su diseño original, el FONID rápidamente migró a ser un complemento salarial para todos los docentes. Así, cobra lo mismo el docente que da clases con un alto compromiso en su tarea, como el que no trabaja gracias a las reglas y múltiples vericuetos administrativos que ofrecen los arcaicos estatutos docentes. En lugar de premiar el esfuerzo y la buena docencia, el FONID estimula la mediocridad.

La eliminación del FONID se justifica tanto por razones legales como de gestión. Lo mismo corresponde a los otros 6 programas nacionales que actualmente ejecuta la Secretaría de Educación nacional. Pero debe hacerse como parte de un plan de reconversión del rol del Estado nacional en materia de educación básica. Esto requiere corregir muchas incoherencias como, por ejemplo, las que contempla el proyecto de ley ómnibus que mantiene la paritaria nacional cuando los docentes son empleados provinciales. Asimismo, el plan de reconversión tiene que ser instrumentado en coordinación con las provincias. De lo contrario, se exacerba la conflictividad lo que les da la oportunidad a los gobiernos provinciales, que son los responsables de la gestión educativa, a diluir sus responsabilidades por el profundo deterioro de la educación. 

El caso del FONID resulta muy ilustrativo de las diferencias que hay entre ajustar y ordenar el Estado. Eliminar el FONID, sin una estrategia coherente, aporta poco en términos de ahorro fiscal y mucho en términos de profundización del deterioro de la educación. La eliminación del FONID debe formar parte de la reconversión de la Secretaría de Educación. Esta Secretaría debe reconvertirse en una agencia de coordinación y generación de información. Así, será factible bajar el gasto público de manera sustentable y simultáneamente mejorar la calidad de los servicios provinciales de educación.