El gasto público crece al 48% anual

La aceleración de la inflación está “licuando” prestaciones sociales e inversiones. Pero no alcanza a compensar el fuerte crecimiento de los subsidios económicos y los intereses de deuda. Por estos dos componentes, el gasto público aumenta más que los ingresos, generando déficits que se financian con emisión monetaria potenciando a su vez la inflación. Con más inflación se retroalimenta este recesivo y regresivo esquema. Para generar alternativas superadoras es imprescindible apelar a menos demagogia y más profesionalismo en la gestión del Estado. 

El INDEC informó que los precios en julio crecieron un 1,4% y que en los 7 meses que van del año 2014 lo hicieron en un 16,7%. Esto implica que la inflación oficial medida por el INDEC ascendería al 30% anual. Por su parte, el Congreso Nacional informó que las consultoras privadas estiman el crecimiento de los precios en julio en un 2,5% y que en los últimos 12 meses se acumularon aumentos del orden del 39% anual. Dependiendo de la fuente, se puede estimar que la inflación se ubica entre el 30% y el 40% anual. Es la mayor de la década y una de las más altas del mundo.

La aceleración de la inflación tiene fuertes impactos sobre las finanzas públicas. Por un lado, induce crecimientos nominales en los ingresos; algunos potenciados por decisiones del gobierno, como por ejemplo la no actualización de los parámetros que se utilizan para la determinación del impuesto a las ganancias. Por el otro, también se generan importantes crecimientos nominales de gasto público.

Comparando datos del Ministerio de Economía del primer semestre del año 2014 con igual período del año anterior, surge que el gasto público crece al 48% anual mientras que los ingresos a razón de un 44% anual. Esta diferencia produjo una más que duplicación del déficit fiscal. Otro dato relevante que surge de la información publicada por el Ministerio de Economía, complementado esta vez con datos de la ASAP, es que las variaciones son muy diferentes según componentes del gasto. En este sentido, se observa que:

• El gasto en jubilaciones creció un 32% y la inversión pública un 37%.
• El gasto en salarios de los empleados públicos creció un 41%.
• El gasto en subsidios económicos creció 78% y los intereses de deuda un 113%.

Estos datos oficiales muestran que la aceleración de la inflación impone dinámicas diferentes a la composición del gasto público. Por un lado, el crecimiento de los precios “licua” prestaciones sociales e inversión pública. Por el otro, la inflación está causando un fuerte crecimiento, incluso por encima del aumento de los precios, de las transferencias a empresas proveedoras de servicios públicos, a las empresas estatales deficitarias y al pago de los intereses de deuda pública.

Un rasgo de esta dinámica fiscal es que se retroalimenta. En la medida que el gasto público crece más que los ingresos públicos fatalmente se genera más emisión monetaria que rápidamente potencia la inflación. Si bien el aumento de precios permite “licuar” algunos gastos (especialmente jubilaciones y demás prestaciones sociales), no llega a compensar el incremento en subsidios económicos e intereses de deuda. Los datos del primer semestre del año 2014 son muy ilustrativos. Mientras que la masa de jubilaciones creció un 32% (sufriendo una pérdida respecto a la inflación), los subsidios a la energía eléctrica crecieron un 124%, al gas un 122%, los intereses en pesos un 107% y en dólares un 122%.

El otro rasgo notable es que la política fiscal termina siendo recesiva y regresiva. La producción se contrae por una presión impositiva asfixiante, trabas a las importaciones de insumos y bienes de capital, desaliento a las exportaciones, falta de infraestructura y malos servicios públicos. Esto genera caídas de empleos formales cuyos costos sociales se potencian debido a que el sector público sólo atina a moderar el crecimiento nominal del gasto en aquellos componentes asociados a la protección social.

Este perverso esquema fiscal, que opera como una máquina inflacionaria con altos costos sociales y productivos, se construyó a partir de la acumulación de errores. Entre los más relevantes se cuentan las moratorias previsionales, la expansión irresponsable del empleo público, el manejo poco profesional de la deuda pública, las estatizaciones y la regulación de tarifas para los servicios públicos en niveles no sostenibles. Para desactivarlo, es necesario recorrer el camino inverso. Proceso que requiere menos oportunismo y demagogia, y más profesionalismo en la gestión del Estado. En otras palabras, resulta imprescindible un replanteo profundo en la organización del sector público.