Informe Nº: 73101/12/2017
El “Consenso Fiscal” es un gran avance en el ordenamiento del Estado. El punto central es que los mayores recursos que la Nación transferirá a la Provincia de Buenos Aires y al resto de las jurisdicciones se compensen con la eliminación de los subsidios a los servicios públicos en el área metropolitana. Queda pendiente ahora […]
La desmesurada centralización de recaudación impositiva en la Nación llevó a la multiplicación de conflictos entre jurisdicciones. Las controversias más importantes son las que cuestionan la apropiación del 15% de la masa coparticipable para ANSES, el esquema de financiamiento de la AFIP y la licuación del Fondo del Conurbano. Como resultado de este perverso fenómeno hay más de 50 juicios activos en la Corte Suprema.
Uno de los principales objetivos del reciente “Consenso Fiscal” es ordenar la relación entre la Nación y las provincias. Las provincias se comprometen a desistir de estos juicios a cambio de recibir una compensación por parte del gobierno nacional. La Provincia de Buenos Aires recupera el equivalente al Fondo del Conurbano, se desactiva para todas las jurisdicciones la apropiación del 15% de coparticipación y se establece un esquema más justo para el financiamiento de la AFIP. La contrapartida es la eliminación gradual de los subsidios diferenciales en favor del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La consistencia financiera del pacto depende de la magnitud de los compromisos. En este sentido, según el documento del “Consenso” y datos de la ASAP se estima que:
Estos datos muestran que el pacto es financieramente consistente y coherente con el objetivo de reducir el déficit fiscal. La Nación cede gradualmente una masa importante de recursos a las provincias que se compensa con la reducción gradual de los subsidios para inversiones y gastos corrientes que actualmente la Nación viene asignando a las empresas de servicios públicos en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense.
Tal como está diseñado, el “Consenso Fiscal” es un avance importante en el ordenamiento del Estado. Libera recursos en favor de quienes son las responsables de los roles públicos más importantes (las provincias) y pone fin al aberrante mecanismo por el cual con esfuerzos de todos los argentinos se financian los servicios públicos de la región metropolitana. Si bien el alto nivel de apoyo político le da solidez al pacto, es fundamental que rápidamente la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires asuman sus responsabilidades de financiar con recursos propios los subsidios necesarios para que su población más vulnerable acceda a los servicios públicos. Una reforma que ayudaría a avanzar en este sentido sería también el traspaso de las empresas estatales y los entes regulatorios de servicios públicos desde la estructura nacional a la órbita de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, tal como ocurre en el resto de las provincias.
Además de velar por la correcta implementación del Consenso, es muy relevante aprovechar el clima de madurez política para desactivar el centenar de programas nacionales que se superponen con funciones provinciales y municipales. En los Ministerios nacionales de Educación, Salud, Desarrollo Social, Obra Pública y Vivienda, Medioambiente, entre otros, se han montado estructuras burocráticas que tienen presupuestado ejecutar en el año 2018 aproximadamente $130 mil millones en acciones que se superponen con las provincias. Destinar recursos públicos para que organismos nacionales hagan lo mismo que organismos provinciales y municipales es una de las principales fuente de derroches. Se multiplica la burocracia, se complejiza la planificación de acciones, se aumentan los riesgos de corrupción, se diluyen las responsabilidades y se generan irresistibles tentaciones a direccionar fondos para doblegar voluntades políticas.
El “Consenso Fiscal” es una alentadora muestra de institucionalidad. Para no desaprovecharla es fundamental no minimizar los esfuerzos que requerirá su correcta instrumentación y avanzar en los acuerdos que lleven a eliminar las superposiciones entre jurisdicciones tendiendo a una gestión del sector público más ordenada y eficiente.
