Informe Nº: 102616/07/2023
El incidente entre IGJ y el PRO es muy aleccionador de las consecuencias que tiene la desidia de no concluir la transferencia de servicios de la Nación a CABA. Que la Nación deje de intervenir en funciones provinciales es clave para eliminar el déficit fiscal, aumentar la equidad y mejorar la eficiencia del sector público.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se constituye en el año 1996. Al equipararse a una provincia significa que todas las funciones provinciales que el Estado nacional venía ejerciendo sobre la Capital Federal deben ser transferidas a la CABA. Estas son, entre otras, la regulación y gestión de los servicios públicos de distribución eléctrica, agua y saneamiento, transporte público, ejercicio de la medicina, la administración de la justicia ordinaria (civil, comercial y laboral) y el control de las personas jurídicas.
Luego de 23 años de autonomía, este proceso sigue inconcluso. De ello se derivan hechos muy paradójicos. Cuando se produjo la crisis de los cortes de luz y el reciente paro de colectivos en CABA, desde el Estado nacional se le reclamaba al Jefe de la Ciudad que se presente en las conversaciones con los actores, cosa que él no hace porque los servicios no están transferidos. Más paradójico es lo que sucedió con la intervención a una fundación ligada a una de las líderes del PRO. Si la IGJ hubiera estado transferida a la CABA –como corresponde– no se hubieran generado sospechas de interferencia política.
Según datos de ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía para el año 2022, el Estado nacional gasta aproximadamente 2,5% del PBI en funciones provinciales. Estas erogaciones ejecutadas desde el gobierno nacional, que se solapan con funciones que son responsabilidad de las provincias, se distribuyen aproximadamente de la siguiente manera:
Estos datos muestran que la Nación destina una fracción importante de su presupuesto a ejecutar acciones que son responsabilidad de las provincias y que estos gastos se concentran en la CABA. El Estado nacional administra en CABA servicios que en el resto del país gestionan los gobiernos provinciales. El caso de IGJ es solo un ejemplo de funciones públicas que en el país están a cargo de las provincias, pero no en la CABA.
Se asume con naturalidad que la Nación ejecute programas de educación, salud pública, desarrollo social, vivienda y hábitat. Para ello cuenta con ministerios de los que dependen grandes estructuras administrativas. El principal argumento para defender estas intervenciones nacionales es que contribuyen a nivelar el desarrollo en todo el territorio del país. La realidad dice lo contrario. Estas intervenciones aumentan la ineficiencia en la gestión pública porque aumentan la burocracia y diluyen la identificación de los responsables por los malos resultados. Cuando el Estado nacional se solapa con roles provinciales fatalmente ocurren más ineficiencias. Pero si además el gasto nacional se concentra en la jurisdicción más rica del país (CABA) se agrega mucha regresividad al gasto público.
Para desarmar este perverso enredo hay que abordar un ordenamiento integral del Estado. El punto de partida es la unificación de impuesto nacionales, provinciales y municipales (como Brasil comenzó a hacer) junto con la eliminación de la coparticipación. Que cada jurisdicción asuma el esfuerzo de cobrar los impuestos que necesita para financiar sus erogaciones. En materia de gastos, ordenar funcionalmente los tres niveles de gobierno tendiendo a que el Estado nacional se ocupe solamente de las funciones interprovinciales y cada provincia, con sus municipios, sean los que financien y gestionen la infraestructura local, los servicios públicos provinciales y los servicios sociales de salud, educación, vivienda, urbanismo, ambiente y asistencia social.
El conflicto planteado entre IGJ y una fundación del PRO generó un enfático cuestionamiento político. Sería recomendable que, con el mismo énfasis, se desplegara una profunda autocrítica al hecho de que en los 16 años que el PRO gobierna CABA no se ocuparon de asumir las funciones de IGJ, que en el resto del país están a cargo de las provincias. Se trata de un ejemplo puntual del enorme desorden de funciones prevaleciente en el sector público que tiene que ser revisado si se quiere abordar con éxito el desafío de eliminar el déficit fiscal y mejorar la calidad de la gestión pública.
